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El juez decreta prisión provisional y sin fianza para un hombre detenido en Albacete por quebrantar de forma reiterada el confinamiento

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Albacete ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre detenido en la capital por quebrantar de forma reiterada la medida de confinamiento establecida en el Real Decreto 463/2002, de 14 de marzo.

La puesta a disposición judicial y la decisión del juzgado de guardia, se produjeron ayer lunes después de que esta persona fuera detenida 2 veces en 4 días por el mismo motivo. El titular del juzgado acordó la medida de prisión preventiva a instancias del Ministerio Fiscal. A esta persona se le imputa como presunto autor de un delito continuado de desobediencia grave.

Con anterioridad, el pasado jueves este mismo hombre declaró también en sede judicial en calidad de detenido por quebrantar el confinamiento y tras varias sanciones por parte de la policía local y el Cuerpo Nacional de Policía, a lo que se sumaba el supuesto intento de sustracción de material sanitario en un centro hospitalario de Albacete.

El juez de guardia acordaba entonces la libertad provisional, imputándole de forma provisional como presunto autor de un delito de desobediencia y un delito de hurto en grado de tentativa, y con el apercibimiento judicial de que si volvía a quebrantar el confinamiento estaría incurriendo en un delito de desobediencia grave.

Los procedimientos continúan instruyéndose en sede judicial.



El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomará  conocimiento mañana de un documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus; agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables; y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente. 

El texto reúne un centenar de medidas -algunas de ellas comunes, con incidencia en todos los órdenes jurisdiccionales, y otras específicas para cada uno de estos- y será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. También se dará traslado del mismo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y a los operadores jurídicos, en todos los casos como documento inicial de trabajo, sometido a debate y a la realización de cuantas aportaciones resulten pertinentes. 

El documento pone en común las propuestas de los distintos grupos de trabajo técnico -uno para las medidas de carácter general y otro para cada orden jurisdiccional- que se constituyeron el pasado día 2 bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cada grupo de trabajo ha estado dirigido por un vocal del órgano de gobierno de los jueces e integrado por letrados de la institución. 

El texto será complementado con otros documentos de trabajo que incluirán propuestas en los siguientes ámbitos: solución extrajudicial de conflictos, protección a los colectivos más vulnerables, medidas tecnológicas y formación de la Carrera Judicial. 

Medidas comunes de carácter general 

Estas medidas están orientadas a evitar la mayor disfunción que plantea un ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos, que es su desigual reparto, tramitación y respuesta. Con este objetivo se plantea la aplicación de medidas ya previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por tanto, pueden ser adoptadas por el CGPJ, los órganos de gobierno de los tribunales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas desde el momento inicial, anticipándose a las futuras situaciones de colapso.

 Tanto el CGPJ como las distintas Administraciones cuentan, además, con la reciente experiencia de la puesta en marcha de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, que ha permitido, gracias a la concentración de la competencia para el conocimiento de esta clase de asuntos en una unidad judicial por cada provincia, evitar que toda la jurisdicción civil se viera afectada por esa ingente litigiosidad y, además, ha logrado uniformizar la respuesta judicial, reforzando enormemente la seguridad jurídica. 

Entre las medidas que se proponen en este apartado figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social; y la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales. 

Medidas en el orden jurisdiccional civil 

Esta jurisdicción, ya muy sobrecargada, será de las más afectadas por las consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria, teniendo que hacer frente a un importante número de procesos concursales y otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o pretensiones propias del ámbito del derecho de familia, lo que hace necesario adoptar medidas que agilicen la tramitación de los procedimientos. 

Así, se plantea la aprobación de medidas legislativas urgentes que permitan mayor flexibilidad en las actuaciones, como la posibilidad de otorgar los apoderamientos apud acta hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal o la exigencia a las partes de la aportación de un correo electrónico o un número de teléfono en sus escritos alegatorios para agilizar las citaciones y notificaciones ante eventualidades en defecto de procurador. 

También se propone establecer cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales encontradas y desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables. 

Otras medidas se refieren al juicio verbal, cuya normativa podría ser aplicable al ejercicio de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación y acciones con base en la Ley de Propiedad Horizontal o en la legislación arrendaticia de bienes inmuebles, urbanos o rústicos. Además, se propone elevar a 15.000 euros la cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía. A ello se añade la posibilidad de dictar sentencias orales debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual. 

Por último, el documento incorpora dos herramientas que pueden contribuir a la rápida resolución de las acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, como ya ocurre en la jurisdicción contenciosa: la extensión de efectos y el denominado “pleito testigo”. 

Medidas en el orden jurisdiccional civil: ámbito del derecho de familia 

Las consecuencias de las medidas de paralización de la actividad laboral adoptadas durante la pandemia afectarán a las relaciones económicas existentes entre los cónyuges, siendo previsible el ejercicio de peticiones de modificación de medidas por parte de los afectados por despidos o ERTEs o las solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos comunes. 

Para que los órganos especializados en esta materia, ya claramente sobrecargados, puedan reducir su tiempo de respuesta se propone el mantenimiento de los refuerzos acordados hasta el momento en los Juzgados de familia, la inmediata puesta en marcha de los Juzgados previstos para marzo y junio de 2020 y el establecimiento de un trámite de incidente de ejecución rápido para la resolución de las peticiones de compensaciones de regímenes de visitas para los progenitores que durante la vigencia del estado de alarma no hayan podido disfrutar del establecido por resolución judicial. 

También se interesa el establecimiento de la exigencia como requisito de admisibilidad de la demanda en procedimientos de separación y divorcio cuando haya hijos menores de un documento sobre la regulación del ejercicio futuro de las responsabilidades parentales y -en caso de solicitud de medidas de carácter patrimonial- la emisión de una declaración responsable de información económica y patrimonial y de gastos de hijos menores o mayores no emancipados. 

Medidas en el orden jurisdiccional civil: especialidad de Mercantil 

El principal impacto de la pandemia de COVID-19 sobre esta especialidad será la solicitud de procedimientos de insolvencia. Su tramitación ágil y sin dilaciones facilitará la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, la obtención del máximo rendimiento económico de los activos, la salvación del tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible. 

Para ello son necesarias medidas encaminadas a racionalizar el trabajo de las oficinas judiciales, evitando que las reclamaciones en masa que en este momento no son prioritarias colapsen la tramitación de los procedimientos de insolvencia; a agilizar la tramitación de los procedimientos concursales, tanto de empresas como de personas físicas; y a permitir una nueva negociación de su deuda a quienes están cumpliendo un convenio, un acuerdos extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación, entre otras. 

Algunas medidas suponen una reforma de la Ley Concursal, con la cautela de que está pendiente la aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal y la trasposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad. En el marco del convenio recientemente firmado por el CGPJ, se está impulsando además la unificación de criterios en la aplicación de los mecanismos de segunda oportunidad, que tan necesarios van a resultar en los próximos meses. 

Medidas en el orden jurisdiccional penal 

Aunque las medidas adoptadas para la contención de la pandemia, a diferencia de lo que ocurre con otras jurisdicciones, no impliquen un aumento significativo, al menos en una primera fase, en el número de denuncias y/o querellas -tal vez con la excepción de los asuntos relativos a la violencia de género-, el CGPJ considera necesario conseguir también en este orden una agilización de los procedimientos, teniendo siempre como límite infranqueable el absoluto respeto al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo con todas las garantías. 

Por ello se proponen medidas que parten, por ejemplo, de la existencia de un excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias, que pueden ser resueltos en un solo trámite, cuando no suprimidos; o de la incorporación de las nuevas tecnologías a esta jurisdicción para practicar determinadas pruebas o documentar actuaciones procesales esenciales. 

También se plantea que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente, sin necesidad de su documentación posterior al quedar recogida la fundamentación en soporte audiovisual. Esta posibilidad sería opcional y circunscrita al enjuiciamiento de los delitos leves y a los casos en los que, por haber habido conformidad de las partes, ya no habrá un posterior recurso ante una instancia superior. 

Se proponen también medidas organizativas, porque aunque los efectos de la situación actual vayan a ser menores que en otros órdenes han sido muchas las actuaciones que han tenido que suspenderse y las diligencias que han tenido que ser aplazadas. 

Medidas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

Las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 van a tener repercusión en materia sancionadora (infracciones de las medidas de confinamiento), contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos), expropiatoria (se han producido medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros), de responsabilidad patrimonial, de personal de las Administraciones Públicas o en materia tributaria y de ayudas del sector público, entre otras muchas. 

El procedimiento contencioso-administrativo que debe resolver estas cuestiones está lastrado por muchas ineficiencias, derivadas entre otras causas de la incomprensible pervivencia de algunas reglas que se traducen en tiempos muertos perfectamente evitables o de la falta de aprovechamiento de todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Por ello se propone un conjunto de medidas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos, como mejorar y ampliar el ámbito de aplicación de las técnicas del “pleito testigo” y la “extensión de efectos de la sentencia” para evitar la tramitación innecesaria de pleitos con resultado final incontrovertible; o mejorar y flexibilizar el procedimiento abreviado y en particular excluir la vista allí donde no sea necesaria, así como permitir el dictado de sentencias de viva voz. 

También se consideran medidas en el ámbito de los procedimientos tributarios, en los que se acumulan importes que no pueden seguir paralizados ante los tribunales ante la coyuntura económica que se avecina: solo en la Audiencia Nacional, los procedimientos en materia tributaria suponen una cuantía superior a los ocho mil millones de euros, de los que más de tres mil millones de euros están afectados por medidas cautelares. 

Además, se plantea la aplicación de dos medidas específicas mientras permanezcan los efectos de las adoptadas para contener el COVID-19: la “legitimación colectiva” de sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de resoluciones, lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles; y la ampliación de los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las medidas contra el coronavirus. 

Medidas en el orden jurisdiccional social 

La pandemia de COVID-19 va a producir un impacto de gran magnitud en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del orden social, con un fuerte incremento de los procesos por despido, extinciones de contrato del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo, determinación de contingencia o por cese de actividad de trabajadores autónomos. 

Ante este escenario, se proponen reformas en materia procesal como la ampliación de los plazos de caducidad en la mediación y/o conciliación preprocesal, que contribuirá a que esta mantenga un carácter efectivo; o la realización de los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes, lo que permitirá agilizar la resolución de los procesos. Y se aboga por generalizar la comunicación telemática de los Juzgados con los servicios de mediación, FOGASA u órganos de la administración y por potenciar el dictado de sentencias “in voce”. 

También se plantea introducir en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) la contestación escrita en procesos de Seguridad Social –incluido desempleo- cuando lo soliciten todas las partes y no se considere necesaria, lo que descargará las agendas de señalamiento y permitirá que jueces en comisión de servicio sin relevación de funciones asuman dichos asuntos. 

En materia de ERTEs, se proponen modificaciones en la LRJS para facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos, para contribuir a que la controversia se resuelva en un único pleito. 

Además, se sugiere introducir en la LRJS el carácter urgente de los procesos por despido o, alternativamente, una disposición de carácter transitorio que establezca que hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrá también carácter de urgencia y preferencia en su tramitación cualquier reclamación por despido. 

En materia de recursos se plantea la actualización de la cuantía litigiosa que permite el acceso a la suplicación (elevándola a 6.000 euros en general), la modificación del requisito del gravamen para acceder al recurso o que las sentencias resolviendo las impugnaciones de los ERTEs no sean susceptibles de recurso de suplicación ni, en su caso, de casación ordinaria. 

Por último, se formula la articulación de un Plan extraordinario de ámbito nacional para apoyar a los juzgados y tribunales del orden social, promoviendo la dotación de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para que pueda ser eficaz.

 



El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tomará  conocimiento mañana de un documento base sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia de coronavirus; agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables; y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente. 

El texto reúne un centenar de medidas -algunas de ellas comunes, con incidencia en todos los órdenes jurisdiccionales, y otras específicas para cada uno de estos- y será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. También se dará traslado del mismo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y a los operadores jurídicos, en todos los casos como documento inicial de trabajo, sometido a debate y a la realización de cuantas aportaciones resulten pertinentes. 

El documento pone en común las propuestas de los distintos grupos de trabajo técnico -uno para las medidas de carácter general y otro para cada orden jurisdiccional- que se constituyeron el pasado día 2 bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cada grupo de trabajo ha estado dirigido por un vocal del órgano de gobierno de los jueces e integrado por letrados de la institución. 

El texto será complementado con otros documentos de trabajo que incluirán propuestas en los siguientes ámbitos: solución extrajudicial de conflictos, protección a los colectivos más vulnerables, medidas tecnológicas y formación de la Carrera Judicial. 

Medidas comunes de carácter general 

Estas medidas están orientadas a evitar la mayor disfunción que plantea un ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos, que es su desigual reparto, tramitación y respuesta. Con este objetivo se plantea la aplicación de medidas ya previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por tanto, pueden ser adoptadas por el CGPJ, los órganos de gobierno de los tribunales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas desde el momento inicial, anticipándose a las futuras situaciones de colapso.

 Tanto el CGPJ como las distintas Administraciones cuentan, además, con la reciente experiencia de la puesta en marcha de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, que ha permitido, gracias a la concentración de la competencia para el conocimiento de esta clase de asuntos en una unidad judicial por cada provincia, evitar que toda la jurisdicción civil se viera afectada por esa ingente litigiosidad y, además, ha logrado uniformizar la respuesta judicial, reforzando enormemente la seguridad jurídica. 

Entre las medidas que se proponen en este apartado figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social; y la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales. 

Medidas en el orden jurisdiccional civil 

Esta jurisdicción, ya muy sobrecargada, será de las más afectadas por las consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria, teniendo que hacer frente a un importante número de procesos concursales y otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o pretensiones propias del ámbito del derecho de familia, lo que hace necesario adoptar medidas que agilicen la tramitación de los procedimientos. 

Así, se plantea la aprobación de medidas legislativas urgentes que permitan mayor flexibilidad en las actuaciones, como la posibilidad de otorgar los apoderamientos apud acta hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal o la exigencia a las partes de la aportación de un correo electrónico o un número de teléfono en sus escritos alegatorios para agilizar las citaciones y notificaciones ante eventualidades en defecto de procurador. 

También se propone establecer cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales encontradas y desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables. 

Otras medidas se refieren al juicio verbal, cuya normativa podría ser aplicable al ejercicio de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación y acciones con base en la Ley de Propiedad Horizontal o en la legislación arrendaticia de bienes inmuebles, urbanos o rústicos. Además, se propone elevar a 15.000 euros la cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía. A ello se añade la posibilidad de dictar sentencias orales debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual. 

Por último, el documento incorpora dos herramientas que pueden contribuir a la rápida resolución de las acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, como ya ocurre en la jurisdicción contenciosa: la extensión de efectos y el denominado “pleito testigo”. 

Medidas en el orden jurisdiccional civil: ámbito del derecho de familia 

Las consecuencias de las medidas de paralización de la actividad laboral adoptadas durante la pandemia afectarán a las relaciones económicas existentes entre los cónyuges, siendo previsible el ejercicio de peticiones de modificación de medidas por parte de los afectados por despidos o ERTEs o las solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos comunes. 

Para que los órganos especializados en esta materia, ya claramente sobrecargados, puedan reducir su tiempo de respuesta se propone el mantenimiento de los refuerzos acordados hasta el momento en los Juzgados de familia, la inmediata puesta en marcha de los Juzgados previstos para marzo y junio de 2020 y el establecimiento de un trámite de incidente de ejecución rápido para la resolución de las peticiones de compensaciones de regímenes de visitas para los progenitores que durante la vigencia del estado de alarma no hayan podido disfrutar del establecido por resolución judicial. 

También se interesa el establecimiento de la exigencia como requisito de admisibilidad de la demanda en procedimientos de separación y divorcio cuando haya hijos menores de un documento sobre la regulación del ejercicio futuro de las responsabilidades parentales y -en caso de solicitud de medidas de carácter patrimonial- la emisión de una declaración responsable de información económica y patrimonial y de gastos de hijos menores o mayores no emancipados. 

Medidas en el orden jurisdiccional civil: especialidad de Mercantil 

El principal impacto de la pandemia de COVID-19 sobre esta especialidad será la solicitud de procedimientos de insolvencia. Su tramitación ágil y sin dilaciones facilitará la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, la obtención del máximo rendimiento económico de los activos, la salvación del tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible. 

Para ello son necesarias medidas encaminadas a racionalizar el trabajo de las oficinas judiciales, evitando que las reclamaciones en masa que en este momento no son prioritarias colapsen la tramitación de los procedimientos de insolvencia; a agilizar la tramitación de los procedimientos concursales, tanto de empresas como de personas físicas; y a permitir una nueva negociación de su deuda a quienes están cumpliendo un convenio, un acuerdos extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación, entre otras. 

Algunas medidas suponen una reforma de la Ley Concursal, con la cautela de que está pendiente la aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal y la trasposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad. En el marco del convenio recientemente firmado por el CGPJ, se está impulsando además la unificación de criterios en la aplicación de los mecanismos de segunda oportunidad, que tan necesarios van a resultar en los próximos meses. 

Medidas en el orden jurisdiccional penal 

Aunque las medidas adoptadas para la contención de la pandemia, a diferencia de lo que ocurre con otras jurisdicciones, no impliquen un aumento significativo, al menos en una primera fase, en el número de denuncias y/o querellas -tal vez con la excepción de los asuntos relativos a la violencia de género-, el CGPJ considera necesario conseguir también en este orden una agilización de los procedimientos, teniendo siempre como límite infranqueable el absoluto respeto al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo con todas las garantías. 

Por ello se proponen medidas que parten, por ejemplo, de la existencia de un excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias, que pueden ser resueltos en un solo trámite, cuando no suprimidos; o de la incorporación de las nuevas tecnologías a esta jurisdicción para practicar determinadas pruebas o documentar actuaciones procesales esenciales. 

También se plantea que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente, sin necesidad de su documentación posterior al quedar recogida la fundamentación en soporte audiovisual. Esta posibilidad sería opcional y circunscrita al enjuiciamiento de los delitos leves y a los casos en los que, por haber habido conformidad de las partes, ya no habrá un posterior recurso ante una instancia superior. 

Se proponen también medidas organizativas, porque aunque los efectos de la situación actual vayan a ser menores que en otros órdenes han sido muchas las actuaciones que han tenido que suspenderse y las diligencias que han tenido que ser aplazadas. 

Medidas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

Las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 van a tener repercusión en materia sancionadora (infracciones de las medidas de confinamiento), contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos), expropiatoria (se han producido medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros), de responsabilidad patrimonial, de personal de las Administraciones Públicas o en materia tributaria y de ayudas del sector público, entre otras muchas. 

El procedimiento contencioso-administrativo que debe resolver estas cuestiones está lastrado por muchas ineficiencias, derivadas entre otras causas de la incomprensible pervivencia de algunas reglas que se traducen en tiempos muertos perfectamente evitables o de la falta de aprovechamiento de todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Por ello se propone un conjunto de medidas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos, como mejorar y ampliar el ámbito de aplicación de las técnicas del “pleito testigo” y la “extensión de efectos de la sentencia” para evitar la tramitación innecesaria de pleitos con resultado final incontrovertible; o mejorar y flexibilizar el procedimiento abreviado y en particular excluir la vista allí donde no sea necesaria, así como permitir el dictado de sentencias de viva voz. 

También se consideran medidas en el ámbito de los procedimientos tributarios, en los que se acumulan importes que no pueden seguir paralizados ante los tribunales ante la coyuntura económica que se avecina: solo en la Audiencia Nacional, los procedimientos en materia tributaria suponen una cuantía superior a los ocho mil millones de euros, de los que más de tres mil millones de euros están afectados por medidas cautelares. 

Además, se plantea la aplicación de dos medidas específicas mientras permanezcan los efectos de las adoptadas para contener el COVID-19: la “legitimación colectiva” de sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de resoluciones, lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles; y la ampliación de los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las medidas contra el coronavirus. 

Medidas en el orden jurisdiccional social 

La pandemia de COVID-19 va a producir un impacto de gran magnitud en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del orden social, con un fuerte incremento de los procesos por despido, extinciones de contrato del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo, determinación de contingencia o por cese de actividad de trabajadores autónomos. 

Ante este escenario, se proponen reformas en materia procesal como la ampliación de los plazos de caducidad en la mediación y/o conciliación preprocesal, que contribuirá a que esta mantenga un carácter efectivo; o la realización de los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes, lo que permitirá agilizar la resolución de los procesos. Y se aboga por generalizar la comunicación telemática de los Juzgados con los servicios de mediación, FOGASA u órganos de la administración y por potenciar el dictado de sentencias “in voce”. 

También se plantea introducir en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) la contestación escrita en procesos de Seguridad Social –incluido desempleo- cuando lo soliciten todas las partes y no se considere necesaria, lo que descargará las agendas de señalamiento y permitirá que jueces en comisión de servicio sin relevación de funciones asuman dichos asuntos. 

En materia de ERTEs, se proponen modificaciones en la LRJS para facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos, para contribuir a que la controversia se resuelva en un único pleito. 

Además, se sugiere introducir en la LRJS el carácter urgente de los procesos por despido o, alternativamente, una disposición de carácter transitorio que establezca que hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrá también carácter de urgencia y preferencia en su tramitación cualquier reclamación por despido. 

En materia de recursos se plantea la actualización de la cuantía litigiosa que permite el acceso a la suplicación (elevándola a 6.000 euros en general), la modificación del requisito del gravamen para acceder al recurso o que las sentencias resolviendo las impugnaciones de los ERTEs no sean susceptibles de recurso de suplicación ni, en su caso, de casación ordinaria. 

Por último, se formula la articulación de un Plan extraordinario de ámbito nacional para apoyar a los juzgados y tribunales del orden social, promoviendo la dotación de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para que pueda ser eficaz.

 



La Audiencia Nacional rechaza la solicitud para suspender la actividad de una empresa de servicios auxiliares por el coronavirus y le impone una sanción por temeridad

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada en la que solicitaba que en el plazo de 24 horas se suspendiera y paralizara la actividad de la empresa de servicios auxiliares Servicios Securitas S.A., con motivo de la pandemia de coronavirus.

En un auto, los magistrados imponen una sanción de 1.000 euros por temeridad y mala fe al citado sindicato al plantear una medida cautelarísima (en la que no se da audiencia a la otra parte) careciendo de legitimación, tal y como ya había establecido la propia Sala de lo Social en una sentencia. El tribunal rechaza, en cambio, dar traslado al Ministerio Fiscal por la posible comisión de un delito de estafa procesal, tal y como pedía la empresa de servicios auxiliares.

El demandante había presentado la medida cautelar, en materia de prevención de riesgos laborales, solicitando la suspensión de actividades al entender que de no hacerlo “pondrían en un grave peligro, innecesario e inmediato” a los trabajadores de servicios auxiliares, unos 3.200, de la compañía, en “esta situación de grave pandemia mundial”.

La Sala, pese a reconocer la falta de legitimación del sindicato, responde a la solicitud de la medida. Recuerda en la resolución las disposiciones legales dictadas con motivo del estado de alarma y señala que el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a la paralización de actividades, indica que el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.

Continúa explicando que cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar las seguridad y salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dichos riesgos, acuerdo que será comunicado de inmediato a la empresa y la autoridad laboral, que en el plazo de 24 horas, deberá anular o ratificar dicha paralización.

La Sala recuerda, además, que la ley contempla en todo caso cauces individuales o colectivos rápidos para interrumpir la actividad en caso necesario, cuando el trabajador considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, o también la posibilidad de adoptar por los representantes de los trabajadores o por los delegados de prevención las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Por todo ello, la Audiencia concluye que no procede acordar la medida solicitada porque “nada se alega” en relación a la pretensión que considera necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial. “No se aportan documentos ni otros medios de prueba que conduzcan a fundar por parte del Tribunal un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. No concurre, por tanto, la apariencia de buen derecho más allá de afirmaciones genéricas, carentes de prueba, habiendo acreditado la empresa demandada documentalmente que dada su actividad que consiste en prestar servicios auxiliares a las empresas clientes, en la actualidad presta servicios a empresas en las actividades declaradas esenciales, por lo que es necesario que la empresa mantenga en el empleo a un determinado número de trabajadores”, finaliza la Sala.

Entre las empresas esenciales a las que presta servicios auxiliares, el auto menciona Abarca Corporación Bancarias, Aguas Municipalizadas de Alicante, Liberbank o Caixabank.



Información ALCER especial COVID-19

DÍA 7 DE ABRIL DE 2020

Como viene siendo habitual desde el inicio de la crisis sanitaria debido al COVID-19 la Federación Nacional ALCER informa puntualmente de las novedades y recursos de interés para el colectivo de personas y familiares con enfermedad renal.

Enfermedad Renal y Covid-19

Las personas con enfermedad renal crónica, como habituales visitantes de los centros sanitarios, son unos de los colectivos de riesgo con mayor probabilidad de contagio. Así lo indican los datos de la Sociedad Española de Nefrología. Hasta el pasado 4 de abril han sido 637 las personas en tratamiento renal sustitutivo infectadas, siendo la Comunidad de Madrid la que más pacientes en esta situación se han registrado.

Te animamos a que mañana te conectes al webminar en el que participa ALCER, organizado por la Sociedad Valenciana de Nefrología y conozcas un poco más de cómo nos está afectando y cómo trabajan nuestros profesionales de la nefrología por minimizar los daños.

Infografías con las principales recomendaciones para las personas en enfermedad renal crónica

Desde ALCER os hemos resumido y puesto en formato de Infografía las principales recomendaciones que ha hecho los especialistas sobre algunas de las situaciones clave que afectan a las personas con enfermedad renal crónica y en tratamiento renal sutitutivo:

Hoy, en el Día Mundial de la Salud, marcado por la lucha frente al Covid-19

Todos los años se elige para el Día Mundial de la Salud, cada 7 de abril desde 1948, un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización Mundial de la Salud (OMS). 2020 es el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. El personal de enfermería y partería representa casi el 50% de los trabajadores sanitarios del mundo. El objetivo es poner de relieve el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en la prestación de servicios de salud en todo el mundo, y a hacer un llamamiento para fortalecerlo. Ver articulo completo

La OMS avisa: mascarillas de algodón pueden ser fuente potencial de infección

La Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe sobre el uso racional de equipos de protección individual (EPIs) en el que, entre otras consideraciones, avisa de que las mascarillas realizadas con algodón pueden ser una fuente potencial de infección ya que no son resistentes a los fluidos y, por tanto, pueden retener la humedad y contaminarse.    Así, ha rechazado el uso de estas mascarillas por parte del personal sanitario porque, además, se desconocen los microorganismo. Ver noticia completa

 

Teléfono: 915 610 837   e-mail: informacion@alcer.org

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Los órganos judiciales de la región han resuelto un total de 10.942 asuntos durante los quince primeros días del estado de alarma

Los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid han resuelto durante la primera quincena de extensión del estado de alarma (días 14 a 31 de marzo) un total de 10.942 asuntos, una cifra que pone de manifiesto el hecho de que todas las actividades y actuaciones judiciales catalogadas como ineludibles en las instrucciones aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial, en los acuerdos de su Comisión Permanente, han sido atendidas sin excepción.

La resolución de este número de asuntos manifiesta, igualmente, que no ha quedado sin tramitar y resolver ninguna actuación urgente o inaplazable, cuya desatención hubiese producido un perjuicio irreparable.

Cabe también resaltar que si bien los datos se centran preferentemente en los asuntos considerados urgentes e inaplazables, en todos los órganos judiciales en los que se ha seguido el uso de técnicas de teletrabajo, o la escasa incidencia de las bajas por contagio así como la aplicación de los mecanismos de sustitución judicial no lo han impedido, se ha mantenido el reparto de asuntos y su resolución.

Entre las actuaciones urgentes llevadas a cabo, destaca, por razones en las que no es preciso detenerse, la tramitación de licencias de enterramiento. En la estadística que se facilita en esta Nota de Prensa, no se concreta exactamente cuántas obedecen a fallecimientos por causa del virus COVID-19 o responden a otras circunstancias. En total, los jueces de la región, en la segunda quincena del mes de marzo, han firmado 9.007 licencias de enterramiento.

Por jurisdicciones, cabe señalar que La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha deliberado y dictado en este periodo 23 sentencias y cuatro autos; la Sala de lo Contencioso Administrativo ha resuelto siete medidas cautelarísimas y ha repartido 731 asuntos, y la Sala de lo Social, por su parte, ha resuelto seis medidas cautelarísimas y repartido 270 ponencias.

En la Audiencia Provincial de Madrid, las Secciones Civiles han deliberado y dictado 28 sentencias y las Secciones Penales han deliberado y dictado 445 autos y 109 sentencias.

En Madrid capital, los juzgados de guardia han atendido 299 atestados con detenidos y han celebrado 38 juicios rápidos.

Los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, a su vez, legalizaron la situación de las 153 personas que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pusieron a su disposición. Los juzgados de lo Penal de Violencia sobre la Mujer exclusivos han resuelto ocho asuntos y tramitado cuatro urgentes.

El resto de los juzgados de lo Penal han registrado y resuelto en este periodo 55 asuntos inaplazables; los de Primera Instancia, trece, además de dar curso a 84 escritos urgentes; los juzgados de Familia han registrado y resuelto 38 procedimientos y han tramitado otros 191 por la vía de urgencia; los juzgados de Incapacidades han resuelto, por su parte, 236 procedimientos registrados; y los juzgados de lo Contencioso, veinticinco.

Los juzgados de Ejecutorias han registrado y resuelto 35 asuntos, además de tramitar 950 escritos urgentes, y los de Menores han resuelto los dieciséis asuntos que les llegaron, despachando también otros 157 por la vía de urgencia. Los juzgados de Vigilancia han atendido 24 asuntos registrados y los de lo Mercantil dos, junto con otros 38, también de carácter urgente. Por último, los juzgados de lo Social han registrado y resuelto 68 asuntos, y han atendido por la vía de urgencia otros 391.

Los jueces de Madrid capital, en la segunda quincena del mes de marzo, desde que entró en vigor el estado de alarma, han firmado 5.950 licencias de enterramiento.

En los órganos unipersonales de los veinte partidos judiciales que conforman la periferia de Madrid capital, los juzgados han tramitado en total 6.447 asuntos; de los que 1.385 se corresponden con procedimientos atendidos en el servicio de guardia y 890 en fase de instrucción. Se han resuelto, además, 560 procedimientos civiles, se han dictado 72 sentencias penales y en Violencia Sobre la Mujer se ha prestado atención a 246 asuntos.

Además, en estos juzgados se han dispensado otras 3.057 licencias de enterramiento, con la salvedad ya señalada en líneas arriba.

En relación a los acuerdos gubernativos, se han dictado en la quincena de referencia dieciséis decretando la suspensión de la actividad de la plantilla de personal de otros tantos órganos judiciales, con las correspondientes sustituciones ordinarias durante la cuarentena ordenada por el Ministerio de Sanidad, así como la gestión de la descontaminación de las instalaciones.

En la misma línea, se ha tramitado la correspondiente baja, seguida de aislamiento, de veintiocho magistrados o magistradas que, o bien por haber obtenido resultado por prueba o indicación médica, o presentar claros síntomas de contagio del virus COVID-19, cursaron la oportuna comunicación a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

La dinámica de bajas ha provocado un efecto de amplia repercusión en no pocos casos, sobre todo en los partidos judiciales donde el pequeño número de órganos dificulta la sustitución de plantillas, tanto de magistrados/as como de funcionarios, en los que los que estaban disponibles han tenido en ocasiones que afrontar de manera encadenada el servicio de guardia.

Las previsiones enmarcadas en el régimen de disponibilidad permanente de funcionarios derivadas de los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior han tratado de paliar estas situaciones, y puede decirse que en gran medida lo han logrado. Además, la dedicación y responsabilidad de todo el personal judicial ha completado las carencias que están produciéndose durante el estado de alarma provocado por la pandemia.



La Audiencia Nacional rechaza las cautelares solicitadas por sindicatos policiales para la adopción de determinadas medidas de protección frente a coronavirus

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por tres sindicatos de Policía en las que solicitaban distintas medidas de protección frente al coronavirus, entre ellas que se les dotara de los Equipos de Protección Individual (EPIs) o que les dotara de los test de detección de la enfermedad.

En tres autos, los magistrados rechazan las medidas solicitadas por la Confederación Española de Policía, el Sindicato Unificado de Policía y la Unión Federal del Policía frente al Ministerio del Interior, si bien subrayan el “esencial y valioso servicio” que los agentes están prestando a la ciudadanía, “en una situación particularmente difícil”.

Los tres recurrentes habían solicitado la adopción de la medida sin escuchar a la parte contraria (inaudita parte), pero la Sala considera que se debían estudiar los argumentos del Ministerio de Interior, que a través de la Abogacía del Estado se había apuesto a la adopción de las medidas.

Las resoluciones de la Sala de lo Social repasan todas las actuaciones adoptadas por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía a raíz de la declaración del estado de alarma y su “ingente esfuerzo” para el acopio de material de protección para los agentes. También recuerda las diversas resoluciones en este ámbito acordadas por el Ministerio de Sanidad, entre ellas la que se considera prioritario el suministro de los EPIS a los centros sanitarios o la que considera a los policías como personal de bajo riesgo.

Escasez de equipos de protección

La Sala explica siendo un hecho absolutamente notorio la escasez de equipos de protección individual para todos los colectivos sujetos a riesgo de contagio, la eventual estimación de la solicitud de medidas cautelares no tendría la utilidad inmediata que se desprende del artículo 721 de la LEC, pues “carecería de ejecutividad al convertirse en una obligación de hacer imposible de cumplir en estos momentos”

En este sentido, la Audiencia considera que la falta de equipos “es un problema muy serio que en este momento desborda con mucho a la Administración demandada e incluso al país” y añade que “ha quedado acreditado que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad considera que los centros sanitarios ostentan una necesidad de suministro prioritario y/o preferente de EPIs, y se ha probado, igualmente, la sucesión de actuaciones del Ministerio del Interior para intentar conseguir medios para los integrantes del Cuerpo de Policía Nacional, sin que este cauce procesal sea el idóneo para reprochar las circunstancias de escasez y pedir las responsabilidades oportunas”.

“Por ello, podemos decir -continúa la Sala- que unas medidas cautelares como las solicitadas nada aportarían en este escenario, porque el Ministerio ya ha dispuesto la entrega de equipos y el cumplimiento de la normativa preventiva, y no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios y hacer efectiva dicha entrega”.

Respecto a otra de las medidas solicitadas, consistente en requerir a la Administración que proceda a evaluar individualizadamente los riesgos que por circunstancias personales asumen quienes prestan funciones durante la pandemia, la Audiencia considera que no se ha dirigido dicha petición previamente al Ministerio el Interior.

Pese a ello, señala que, aún sin pronunciarse sobre la pertinencia de dicha medida, ello llevaría bastante tiempo “alejándose de la inmediatez inherente a lo que procede resolver mediante el cauce procesal que nos ocupa y sin que alcancemos a identificar con claridad qué es exactamente los que se desea asegurar de modo anticipado a la sustanciación ordinaria del procedimiento”.

 



La FEMP apoya en el Comité de las Regiones recursos europeos para las Entidades Locales en el marco de la crisis por el COVID-19

Respaldo a las propuestas que el Presidente de la Delegación Española en el CdR lleva a la presidencia del organismo



El TSXG recuerda que las Oficinas de Atención a la Víctima están operativas durante el estado de alarma

La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del TSXG recuerda que las Oficinas de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía de las siete ciudades gallegas están operativas. Los servicios que prestan estas unidades son considerados fundamentales dentro de la Administración de Justicia, por lo que funcionan con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía, en especial a las víctimas de violencia machista. Los teléfonos y correos electrónicos desde los que prestan el servicio son los siguientes: 

A Coruña: 981 18 21 79 / 881 88 11 32

cidadan.vitimas.coruna@xustiza.gal

Ferrol: 981 33 73 39 (información general) / 981 33 75 20 (psicóloga)

cidadan.vitimas.ferrol@xustiza.gal

Santiago: 981 54 03 58

cidadan.vitimas.santiago@xustiza.gal

Lugo: 982 88 90 63 / 982 88 90 64

cidadan.vitimas.lugo@xustiza.gal

Ourense: 988 68 71 86 / 988 68 71 87

cidadan.vitimas.ourense@xustiza.gal

Pontevedra: 986 80 59 92 (información general)

986 80 57 90 / 986 80 59 82 (atención víctimas)

986 80 59 08 / 886 20 64 09 (atención ciudadanía)

atencion.vitimas.pontevedra@xustiza.gal

cidadan.vitimas.pontevedra@xustiza.gal

Vigo: 986 81 78 51

886 21 84 34 (trabajadora social) / 886 21 84 38 (psicólogo)

cidadan.vitimas.vigo@xustiza.gal



Hernando de Soto. El primero en cruzar el Mississippi

Texto: Jorge Latorre

Hernando de Soto fue el protagonista de una de las mayores exploraciones del territorio de los actuales Estados Unidos. Este conquistador extremeño fue también el primero que en 1541 cruzó el Mississippi, en una expedición llena de aventuras que duró tres años y que descubrió a los europeos el sudeste de Norteamérica.

Entre los muchos descubridores, viajeros y aventureros españoles en el Nuevo Mundo que protagonizaron la primera mitad del siglo XVI, probablemente no hubo ninguno tan activo e incansable como Hernando de Soto. Eran tiempos de héroes y de prodigios, unos años en los que confluyeron las vidas de hombres extraordinarios (Pizarro, Cortés, Orellana, Núñez de Balboa, Vázquez de Coronado…), casi todos con biografías cruzadas, entre los que abundaban los aventureros hechos a sí mismos, capaces de embarcarse en proyectos desproporcionados y quiméricos. Pero De Soto fue además un hombre de sólidas convicciones e ideas firmes, lo que hoy llamaríamos sin ambages, un cabezota irremediable. Su nombre no alcanzó la fama de Cortés o Pizarro, pero fue tan grande y valiente como ambos, probablemente más generoso y sobre todo más tenaz, si esto es posible, con una determinación “a prueba de bombas”. De Soto figura entre los grandes personajes de la historia de los Estados Unidos, aunque en nuestro país, su país, resulta casi un desconocido.

Este hombre de biografía apasionada, tuvo una vida “con muchas vidas”, y una de ellas fue la que le llevó por el sur de los actuales Estados Unidos y que le haría protagonista de los primeros contactos europeos con el gran río americano por excelencia: el Mississippi. De Soto no se aventuró por el gran río, ni lo recorrió a fondo, pero su viaje hasta llegar al Mississippi fue una increíble aventura con tintes de heroicidad teñidos en muchos momentos de esfuerzo inútil y hasta absurdo. Nunca consiguió encontrar ningún tesoro, ni suntuosos imperios y ni siquiera un buen lugar para establecer colonias, pero el personaje es uno de esos héroes de leyenda que dejan huella en sus contemporáneos y en la historia.

El Mississippi es el segundo mayor río de Norteamérica, sólo superado por el Missouri con el que se une para formar la gran arteria fluvial estadounidense, una de sus señas de identidad. Su nombre quiere decir “el padre de las aguas”, lo que ya es significativo de su dimensión y sobre todo de su valor simbólico para los norteamericanos de ahora y de siempre. El río discurre entre el norte del estado de Minnesota y el golfo de México y tiene una longitud de 3.770 kilómetros, que unidos a los del Missouri, sobrepasan los 6.800 km. Es sin duda uno de los sistemas fluviales más largos del planeta y decisivo para la economía mundial. Ya antes de que De Soto llegara, constituía una importante vía de navegación para los amerindios que habitaban la zona.

Todo esto era completamente desconocido para el joven extremeño Hernando de Soto, que a los catorce años había abandonado su pueblo natal de Villanueva de Barcarrota, en Badajoz (aunque hay que lo sitúa en Jerez de los Caballeros), para embarcarse rumbo al Nuevo Mundo recién descubierto. Posiblemente le animaban las hazañas de sus paisanos, entre ellos el mismísimo Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur (Océano Pacífico), que había fundado el asentamiento colonial de Acla y luego el de Santa María de la Antigua en Darién, y también el capitán Pascual de Andagoya, que iba con Pedrarias Dávila, el que se hizo cargo de la gobernación de esa ciudad.

Hernando se embarcó en 1516 rumbo al Nuevo Mundo en la expedición de Pedro Arias Dávila, la mayor y más cara que había salido hasta el momento para las Indias. Según cuentan, el rey Católico había invertido en ella más de 54.000 ducados y el propio Pedrarias apostó fuerte por esta aventura, llevando primero a mil quinientos hombres y más tarde otros dos mil. Este “Pedrarias Dávila” como era conocido, era un hombre controvertido, arrogante y amigo de desmanes importantes, pero también a él le debemos importantes logros ya que fue el que introdujo el ganado e importantes cultivos en Centroamérica y llevó a cabo notables expediciones como esta en la que llevaría consigo a Hernando de Soto.

Cuando el barco donde iba Hernando llegó a La Española, se encontró con su héroe Núñez de Balboa viviendo en la más completa desidia y a un buen puñado de hombres que poco tenían que repartir entre ellos y mucho menos con los muchos que llegaban en la expedición. El enfrentamiento entre Pedrarias y Vasco Núñez a partir de entonces fue permanente y terminó con la ejecución por traidor de Núñez de Balboa, presenciada por el joven Hernando que poco a poco se había ido haciendo a la forma en la que por entonces se hacían las cosas en las recién creadas colonias. La vida en la llamada Castilla del Oro no era fácil: los españoles morían por hambre y enfermedades, igual que lo hacían los indios que aún quedaban vivos. Había oro e indios para explotar los yacimientos, pero la colonia no tenía demasiado futuro para un joven emprendedor como De Soto, a no ser que se atreviera a salir de allí.

Fue en este momento cuando llegaron noticias del hallazgo de preciosas perlas en el Mar del Sur, como la famosa “Peregrina” que adorna a la emperatriz Isabel en un famoso retrato de Tiziano. Muchos colonos optaron por trasladarse a Panamá, entre ellos por supuesto el ambicioso Pedrarias, que tomó posesión de estas tierras hoy panameñas y una vez establecido allí, mandó que le trajeran todo lo que necesitaban para subsistir en la nueva colonia: maiz, vasijas, piedras de moler… Para ello se emprendieron expediciones para esquilmar a los indios, en las que participó el joven Hernando de Soto que curiosamente siempre se había llevado bien con el controvertido gobernador Pedrarias, y otro joven y callado capitán de los del grupo de Núñez de Balboa que había sobrevivido a la ejecución de su jefe: Francisco de Pizarro.

Hernando de Soto, a diferencia de su jefe, no tenía nada que perder en cada una de las nuevas aventuras que la vida le iba proponiendo. Sólo tenia su propia vida y ello le llevó a una actitud de riesgo permanente y desprecio por todo lo que no fuera ponerse a salvo, que se dejaría notar en toda su vida como conquistador. En el fondo lo único que sabía hacer era arriesgar su propia vida e intentar salir indemne.


CON PIZARRO, EN PERÚ

El destino de Hernando de Soto siguió unido a Pedrarias durante algún tiempo. Por ejemplo participó en la siguiente expedición organizada por el gobernador, en la que nombró capitanes a sus más fieles y experimentados hombres, Francisco Compañón y Hernando de Soto. Su objetivo era hallar un paso entre los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico.

En esa época Pizarro había formado una sociedad con Almagro, Sebastián Belalcázar y Ponce de León para conquistar el Perú, donde Pizarro ya sabía que podía encontrar oro en abundancia porque había participado en una incursión anterior por la zona. Pedrarias, viendo que se ponían en marcha, quiso adelantarse a la salida de Almagro y Pizarro pero aquí fue cuando De Soto decidió que podía incorporarse a la nueva aventura a título particular. De esta forma, en 1530 partió junto con la expedición para el Perú que resultaría decisiva en su vida.

En 1532, Hernando De Soto se encontró frente a frente con el rey inca Atahualpa por primera vez, una escena que relató Pedro Pizarro con todo lujo de detalles. Dice la crónica que la expedición de Francisco Pizarro había llegado cerca de Cajamarca, donde vívía el rey inca y le envió una embajada de paz con quince jinetes al mando de De Soto. Cuando llegaron donde estaba el gran inca, le saludaron respetuosamente sin bajarse de los corceles, saludaron al rey inca suplicándole que acudiera al campamento de los españoles. Atahualpa no se inmutó pero pareció admirado por la montura de Hernando de Soto quien, dándose cuenta de las miradas de Atahualpa, empezó a hacer relinchar y caracolear a su caballo delante del inca, cabalgó, frenó en seco ante Atahualpa… Los hombres del inca salieron despavoridos pero el rey disimuló su impresión aunque desde entonces ambos, De Soto y Atahualpa, se guardaron mutua admiración.

Durante los ochos meses que duró el cautiverio del rey inca, Hernando de Soto, se dedicó por entero al prisionero, estableciendo con él una auténtica relación de amistad. Se sabe que enseñó al inteligente Atahualpa a hablar unas palabras de español y a jugar al ajedrez, apostándose hasta cien esclavos por partida. Un día, al volver de una de sus salidas para apaciguar supuestas rebeliones, Hernando supo que Atahualpa había sido ejecutado. Fue también el momento en el que se hizo rico, ya que de los tesoros del inca con los que había intentado infructuosamente comprar su puesta en libertad, le correspondieron a Hernando de Soto ochenta kilos de oro y ciento sesenta de plata.

De la aventura andina de Hernando de Soto, todavía quedaría mucho por contar, como su camino hacia Cuzco o sus amores con una aristócrata inca, doña Leonor Curicuillor, antes de emprender el regreso a la colonia de Panamá y posteriormente a España en 1537. Desembarcó en Sevilla y más tarde la Corte imperial de Valladolid le recibió con todos los honores, precedido por crónicas del capitán Cristóbal de Mena y del secretario de Pizarro, Francisco de Xerez. De repente era rico y famoso. Se casó con la hija de Pedrarias Dávila, Isabel, y podía haberse dedicado el resto de su vida a vivir de las rentas, pero la atracción de la aventura y del Nuevo Mundo pudo más que el oro. En 1539 solicitó una audiencia con el emperador Carlos I para proponerle una expedición pagada de su bolsillo a la península de La Florida.

DESDE SANLÚCAR A LA FLORIDA

Aquí empieza la relación de Hernando de Soto con Norteamérica, una zona que por aquellos tiempos era casi completamente desconocida. Juan Ponce de León, el conquistador de Puerto Rico, había explorado La Florida en 1513 por el lado este, y Pineda, en 1519, por el oeste, partiendo de México y tocando apenas tierra. Ponce de León le puso nombre y la identificó como península. Otra expedición de Gordillo y Queixos partió de La Española y subió más arriba por el lado oriental, hasta alcanzar el río Jordán. De la misma isla había partido Ayllón en 1526 y dos años más tarde, de Cuba, Pánfilo de Narváez, que tomó tierra en la bahía de Tampa y se adentró en el continente. La expedición de Cabeza de Vaca fue la primera de europeos que vio la desembocadura de «un gran río»: el delta del Mississippi. El propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca en sus “Naufragios” cuenta su experiencia, la primera de un europeo en el río Mississippi: “En fin, al cabo lo saqué [a Lope de Oviedo] y le pasé el ancón y cuatro ríos que hay por la costa, porque él no sabía nadar, y así, fuimos con algunos indios adelante hasta que llegamos a un ancón que tiene una legua de través y es por todas partes hondo; y por lo que de él nos pareció y vimos, es el que llaman del Espíritu Santo”.

Cuando Cabeza de Vaca logró regresar de esta aventura, siete años después, y propuso al Emperador emprender una nueva expedición, De Soto ya se le había adelantado y había pedido a Carlos I una capitulación para poder explorar la zona, colonizar la Florida, además de los títulos de adelantado de la Florida y gobernador de Cuba. Tardó en poner en marcha la nueva empresa porque una expedición de este calibre requería muchos hombres y sobre todo muchos recursos. A los que le acompañaron les convenció finalmente con la promesa del mucho oro que les aguardaba, pero nadie olvidaba la ferocidad de los indígenas de La Florida y sobre todo la naturaleza terrible del río y de su inmenso delta. Por fin, el 6 de abril de 1538, partía de Sanlúcar. Hernando tenía por entonces 38 años y era un hombre valiente y bastante carente de escrúpulos, lo que auguraba un buen fin para esta expedición que se preveía complicada.

Tras pasar por La Habana, el 18 de mayo de 1539, con una decena de barcos (ocho navíos, una carabela y dos bergantines), trescientos cincuenta caballos y más de seiscientos hombres, llegó a la bahía de Tampa veinte días más tarde, bautizándola con el nombre de «Espíritu Santo». Era el mismo lugar donde había llegado Pánfilo de Narváez y fueron recibidos por los indios de la misma forma hostil. Allí encontraron a un superviviente de los de Narváez, un tal Juan de Ortiz, que permanecía como esclavo de los indígenas desde hacía doce años. Incorporado como intérprete de la expedición, fue él quien les advirtió de que cerca de allí vivía un cacique señor llamado Paracoxis que tenía sojuzgados a varios pueblos. De Soto decidió dirigir una expedición para intentar entenderse con aquel temible jefe, y por primera vez se enfrentaron a lo que iba a ser su principal enemigo en los siguientes años: los inmensos pantanos, ciénagas profundas y enormes lagos en los que vivían unos indígenas que les miraban constantemente entre la maleza con intenciones no muy pacíficas. Era una región de ríos que parecían mares y que les dificultaban el avance No sabían entonces que el delta del Mississippi tiene más de trescientos veinte kilómetros tierra adentro, y que es zona de terribles inundaciones, un río imposible de comparar con el Guadalquivir, el único que conocían muchos de ellos.

Desde aquel momento, la expedición de De Soto tuvo que hacer frente no sólo a los caciques locales, sino también a los elementos naturales. Con los primeros luchó con valentía, pero también con la astucia y recurriendo en ciertos casos a la traición. Nunca olvidaba su objetivo real, encontrar metales preciosos y también pensaba en establecer colonias, pero la naturaleza era realmente hostil y no llevaban consigo ni mujeres ni los aperos necesarios. Avanzaron hasta llegar en octubre a las tierras de Apalachee, que marcaban el límite de lo recorrido por Cabeza de Vaca, y se aposentaron en Ivihaico, cerca de la actual ciudad de Tallase, para pasar el invierno. Hernando de Soto envió a Maldonado a reconocer la costa y, a los dos meses, regresó con buenas noticias: en la desembocadura del río Alabama, al final de la bahía de Pensacola había un sitio apto para acampar.

La expedición de Hernando De Soto atravesaría posteriormente el actual estado de Georgia hasta el río Savannah. Desde allí giró al noroeste, cruzó las montañas Azules y, en la frontera de Tenesee, volvió hacia Georgia para seguir después por Alabama y tras pasar otro inmenso río llegaron en diciembre de 1540 a la localidad de Chicaza, situada en una zona fértil. Allí se dispusieron a invernar aliándose para ello con los señores locales con los que se establecía un curioso intercambio de alimentos y mantas y unas relaciones de “hermandad” que era necesario controlar con mano férrea para que no se produjesen desmanes por ninguna de las partes. Fue un invierno duro, en el que murieron más de sesenta expedicionarios por deshidratación, avitaminosis y otras enfermedades derivadas del hambre.

MISSISSIPPI, EL PADRE DE LAS AGUAS

tras la expedición de Hernando de Soto, hubo otros muchos que trataron de explorarlo, cruzarlo o colonizarlo. Por ejemplo el francés La Salle, que en 1682 bajó todo el río hasta su desembocadura y reclamó para su país la zona explorada. Pocos años después, otro francés, D’ Iberville, hizo el camino opuesto: desde la desembocadura hasta territorio de los indios natchez. En 1716 se instaló la primera colonia en el río, en Fort Rosalie, y dos años más tarde se fundó New Orleans. Desde este momento, el río sería una de las principales vías de transporte y navegación de los futuros Estados Unidos, junto con el ferrocarril que siempre se encontró con el obstáculo de este río que anegaba las vías con sus inundaciones. Mark twain le daría voz propia, e incluso tomó del río su seudónimo, ya que «mark twain» significaba en la zona «dos brazas de profundidad», las necesarias para que pudiera navegarse el Mississsippi. Hubo muchos que después le pondrían también música propia y mucha literatura, convirtiéndole en el gran río de Norteamérica. Un río que fue cruzado por primera vez por un español, que reposa para siempre en su lecho, desafiando a la Naturaleza y probablemente a la inmortalidad. Sólo el Mississippi fue capaz de detener a Hernando de Soto.

EL ENCUENTRO CON EL RÍO GRANDE

Tras el penoso invierno en Chicasa, la expedición tomó el camino de noroeste, avanzando penosamente por ciénagas y pantanos. En el pueblo de Quiquiz tuvieron un encuentro con indios que jamás habían visto a ningún europeo y huían despavoridos a su llegada. Hernando de Soto logró capturar a algunos de ellos, que les preguntaron asombrados si ellos eran esas personas de piel blanca que sus antepasados profetizaban que vendrían algún día y a quienes debían someterse. Lo mismo le había sucedido a Hernán Cortés a su llegada a México. Los españoles pidieron hablar con el cacique pero en realidad no era más que un vasallo de otro gran cacique que vivía más allá del río. Y hacia ese río se encaminaron, sin saber que iban a enfrentarse con un río gigantesco, al que llamaron Río Grande, porque era el mayor que habían visto en su vida. Los indios le conocían por Chucagua o Misisepe, de donde tomó el nombre que tiene ahora: el Mississippi. Era un río rodeado de barrancos tan altos y espesos que resultaba imposible acercarse a su orilla.

Tuvieron que caminar cuatro días río arriba hasta encontrar algún punto practicable (concretamente al sur de lo que hoy es Memphis) y fabricaron embarcaciones para superar los veinte o más metros de fondo que puede tener por aquella zona, mientras divisaban muy de vez en cuando a lo lejos, algunas tribus. En otros puntos ni siquiera se veía la otra orilla. No tenían muchas ganas de seguir adelante, pero la vuelta atrás era imposible y todos trabajaron en la construcción de las embarcaciones entre las que se incluían cuatro grandes piraguas, cada una de ellas pensada para meter sesenta hombres y unos pocos caballos. La primera partió a primeros de junio de 1541. Tardaron casi una semana en lograr atravesar aquel río con terribles corrientes, pero no encontraron al gran jefe que buscaban ni los metales preciosos que tanto codiciaban.

Decidieron subir de nuevo hacia el norte hacia el poblado de Casqui, ocupado por indios kaskakias y aquí la suerte les sonrío en forma de “milagros” o de “golpes de suerte”, según queramos verlo. La zona padecía una terrible sequía y los indios, viendo como los religiosos españoles que acompañaban la expedición, plantaban la cruz y rezaban, les pidieron que rogaran a aquellos nuevos dioses para que lloviese. Los sacerdotes montaron una solenme procesión y animaron a los indios a besar la cruz. La suerte quiso que al día siguiente comenzase a llover y los indios de Casqui se convirtieron así en los aliados que los españoles necesitaban para hacer frente al resto de los caciques locales. También tuvieron otro golpe de suerte al encontrar una mina de sal, que para ellos resultó más valiosa que si hubiese sido de oro.

Los conquistadores continuaron hacia el norte y allí vieron un espectáculo insólito: las manadas de bisontes corriendo por las praderas. Pararon en la zona del límite de las actuales Arkansas y Oklahoma, donde estaban los feroces indios caddoan y tula. A estos últimos lograron convertirlos en sus colaboradores y su cacique aconsejó a la expedición que se dirigiera hacia el sur. Hernando de Soto siguió el consejo, pues necesitaba un lugar en el que pasar el invierno.

La expedición estaba ya en las últimas. Había muerto su intérprete, Juan de Ortiz, no habían encontrado ni oro ni plata, estaban exhaustos y muertos de hambre…. Lo único que tenían eran hombres, españoles e indios, para fundar una ciudad. Y De Soto decidió que había llegado el momento de hacerlo, a orillas del Gran Río, en Guachoya. Tal vez este hombre tenaz e incansable no había nacido para parar, sino sólo para seguir adelante, porque fue aquí donde sintió que iba a morir. Las fiebres tifoideas acabaron con él, pero antes de morir, convocó a sus leales para que eligiesen sucesor, aunque recomendó que fuese Luís de Moscoso. Cinco días más tarde, Hernando de Soto moría. Era el mes de junio de 1542. No tuvo funeral ni entierro: Moscoso y sus hombres querían ocultar el fallecimiento a los indios para que pensaran que era un ser invencible.

Tampoco querían que los indios encontrasen su cuerpo y lo desenterraran y cortaran en pedazos para evitar que en el otro mundo su cuerpo se juntase con su alma. Por eso, Juan de Añasco, Juan de Guzmán, Arias Tinoco, Alonso Romo de Cardeñosa, Juan de Abadía y Diego Arias metieron el cadáver de Hernando de Soto dentro de un tronco de árbol hueco, le colgaron un lastre y lo echaron al río Mississippi.

Allí, en el fondo del río que descubrió, el Mississippi, el Rio Grande, descansa para siempre este hombre orgulloso, fiel exponente de una raza de exploradores que estaba a punto de acabarse. Sus hombres lograron descender por las orillas del gran río hasta su desembocadura en la actual Nueva Orleáns donde se embarcaron en 1543 para llegar en el mes de septiembre de aquel año a las costas mexicanas. Más de cuatro años después de su partida, los trescientos supervivientes, la mitad de los que habían salido, llegaban a Tampico, en México.

La entrada Hernando de Soto. El primero en cruzar el Mississippi aparece primero en Sociedad Geográfica Española.



La Guardia Civil refuerza la vigilancia con helicópteros y drones en Canarias
Se pretende evitar durante la Semana Santa, traslados a segundas residencias, acampadas, pesca, o cualquier otro desplazamiento no permitido

Un Día Mundial de la Salud marcado por la lucha contra el Covid-19

Todos los años se elige para el Día Mundial de la Salud, cada 7 de abril desde 1948, un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización Mundial de la Salud (OMS). 2020 es el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. El personal de enfermería y partería representa casi el 50% de los trabajadores sanitarios del mundo. El objetivo es poner de relieve el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en la prestación de servicios de salud en todo el mundo, y a hacer un llamamiento para fortalecerlo.

El personal de enfermería desempeña muchas funciones: proporciona atención y tratamiento individual, trabaja con las familias y las comunidades y es fundamental para la Salud pública y para luchar contra las enfermedades y las infecciones. Desde la OMS destacan que, desarrollando la enfermería y la partería, los países pueden incidir en tres direcciones simultáneas: mejorar la saludpromover la igualdad de género e impulsar el crecimiento económico. A menudo, los profesionales de la enfermería son los primeros trabajadores sanitarios que ven a los pacientes, y la calidad de su evaluación, atención y tratamiento iniciales es primordial. Además, estos profesionales están integrados en sus comunidades, comparten su cultura, sus virtudes y sus defectos, y son capaces de diseñar y ejecutar intervenciones eficaces para satisfacer las necesidades de los pacientes, las familias y las comunidades.

Este año, el Día Mundial de Salud está marcado por la lucha contra el Covid-19 y desde esta cabecera queremos rendir un especial homenaje a todos los profesionales sanitarios, además de a las enfermeras, que están atendiendo a los pacientes afectados por esta pandemia. La salud es lo más importante que tenemos las personas.


Desde 1948, se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 7 de abril. 2020 es el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería.


Fuente: imfarmacias.es



Condenados a penas de multa por burlar la cuarentena en Telde

El Juzgado de Instrucción número dos de Telde (Las Palmas) ha dictado hoy dos sentencias condenatorias de conformidad imponiendo penas de multa a sendos ciudadanos de aquel municipio por burlar la orden de confinamiento, uno de ellos al caminar por la calle sin justificación y el otro por ser sorprendido con un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

En este segundo caso, la magistrada Virginia Peña has impuesto una multa de 720 euros a un varón de 23 años sorprendido sobre las 14.30 horas de la tarde de ayer domingo, en compañía de otras personas, consumiendo bebidas alcohólicas bajo las pérgolas del Parque Central de Las Remudas. Cuando la Policía les fue a identificar se dieron a la fuga, siendo el acusado el único que pudo ser alcanzado.

El joven confesó su delito y admitió como cierto el relato de la policía, para así beneficiarse de una rebaja en la condena. El fallo es firme.

La otra sentencia resuelve el caso de un varón de 54 años que igualmente fue sorprendido en la mañana de ayer domingo en la calle teldense de Manuel Alemán Álamo circulando por la vía pública sin justificación alguna junto a otras personas no identificadas. La condena ha sido la misma, 720 euros por un delito de desobediencia a la autoridad.



La Guardia Civil auxilia a un matrimonio de Córdoba llevándoles la medicación que necesitan
La hija del matrimonio –de 85 y 83 años- fue quien llamó al 062 para informar de la urgencia

El TSJ de Aragón declara nulo el juicio del ‘crimen de los tirantes’ y devuelve la causa para un nuevo juicio

En la sentencia hecha pública esta mañana, afirman los magistrados que existe falta de motivación en el veredicto del jurado y que esa “falta de motivación denunciada – por las partes en el recurso presentado- supone una vulneración del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y de una garantía esencial prevista en la Constitución”y argumentan también que la falta de motivación “impide a las partes y a esta Sala conocer el proceso lógico-jurídico que ha conducido al fallo, contrastar la razonabilidad de la sentencia y controlar la aplicación del Derecho” por lo que declaran nulo el juicio, el veredicto y la resolución de la Audiencia Provincial.

Basandose en resoluciones anteriores dictadas por la misma Sala, recuerdan que “existe un verdadero deber de motivación del veredicto por los Jurados” establecido en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que exige “que en el acta de la votación se recojan tanto los elementos de convicción tomados en consideración como una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados”.

Puntualizan los juzgadores que lo que la Ley quiere es que el Jurado diga qué información se considera de valor probatorio y por qué. Es necesario no sólo mencionar los medios de prueba sino también explicar por qué se aceptan unas declaraciones o pericias y se rechazan otras, y por qué se atribuye mayor credibilidad a unas pruebas que a otras.

En este sentido, y pese a la complejidad del caso, al existir pruebas periciales médicas contrapuestas, fundamentales para acreditar hechos tan importantes como la lesión que causó la muerte al ofendido y la concurrencia

de dolo de matar o solamente de lesionar, el acta del veredicto no recoge los elementos de convicción tenidos en consideración y se limita a citar y señalar, únicamente, las fuentes de prueba, “sin razonar o explicar, ni siquiera esquemática y sucintamente por qué se ha inclinado por una u otra pericial”.

Señalan también que el déficit más importante en la motivación del veredicto es la “falta de explicación de las razones por las que se considera que sólo existió dolo de lesionar y no dolo de matar, de manera que la muerte causada se produjo por imprudencia”.

Por todo ello, estiman los recursos del Ministerio Fiscal, la acusación particular y la acusación popular por quebrantamiento de las normas y garantías procesales por falta de motivación y acuerdan la nulidad del juicio, del veredicto y de la sentencia, especificando que la nulidad “debe comprender el cambio tanto de los miembros del Jurado como del Magistrado Presidente. Y ello, porque unos y otro forman parte del Tribunal del Jurado, ya disuelto”. En el caso del Magistrado-Presidente argumentan además que su sustitución “parece obligada en virtud de la exigencia de imparcialidad objetiva”.

Contra esta sentencia, dictada por los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Aragón, no cabe recurso alguno al haberse declarado nula la sentencia dictada, en primera instancia, por la Audiencia Provincial de Zaragoza.



Investigadas dos personas que publicaron un vídeo en el que iban circulando sin hacer uso del cinturón, bebiendo alcohol y sin seguro durante el estado de alarma
Los investigados que publicaron el vídeo en Redes Sociales iban realizando comentarios vejatorios contra la Guardia Civil y Protección Civil mientras conducíanpor la localidad de Mollina (Málaga)

Dos condenados a cuatro meses de prisión por ignorar el confinamiento y empujar a un guardia civil en Oliva

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía ha condenado a cuatro meses de prisión a un hombre y a una mujer como autores de un delito de desobediencia a agentes de la autoridad por saltarse el confinamiento, ir juntos en un vehículo por un camino de Oliva y empujar a un guardia civil.

Las detenciones se produjeron el pasado 29 de marzo sobre las siete de la tarde cuando, según el relato de hechos probados de la sentencia, los condenados fueron interceptados por agentes de la Guardia Civil cuando circulaban en un coche por el camino de les Bassetes, en Oliva.

Los guardias les informaron de que estaban incumpliendo el Real Decreto del estado de alarma y les pidieron que bajaran del coche. En ese momento, el hombre empujó a uno de los agentes y la mujer se interpuso en varias ocasiones entre el condenado y los guardias para evitar que fuera detenido.

La sentencia se dictó después de que las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad, en un juicio rápido, por el que los acusados reconocieron los hechos y se mostraron conformes con la pena y la calificación del delito formuladas por el Ministerio Fiscal.

La resolución contempla la suspensión de la pena de prisión durante dos años con la condición de que los condenados no vuelvan a delinquir en ese tiempo.



Patrullar por Canarias, para servir a España
Desde el inicio del estado de alarma, el 15 de marzo, son muchos los militares que se han visto involucrados en la Operación “Balmis”, desarrollada por las Fuerzas Armadas en apoyo a la lucha contra el COVID-19.

Militares del Ejército de Tierra vigilan las fronteras españolas
Componentes de los Regimientos “América” nº 66 y “Arapiles” nº 62 han iniciado este fin de semana su despliegue en distintos puntos de la frontera entre España y Francia, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco de la operación “Balmis” de lucha contra el coronavirus

La Policía Nacional detiene a un joven que huía en un vehículo sustraído tras robar en un restaurante
Foto relacionada con la nota de prensaLos agentes que patrullaban en tareas de prevención delincuencial, alertados por la Sala 091 de Madrid, observaron a un turismo que circulaba a alta velocidad que llegó a golpear al coche policial para evitar ser detenido
El conductor del turismo colisionó finalmente con un autobús de transporte público y fue detenido, logrando su acompañante darse a la fuga a la carrera
Los agentes recuperaron una gorra, unos guantes y una braga utilizados en el robo para ocultar el rostro y que habían arrojado en la huida entre dos coches

Nota: Esta nota de prensa posee un vídeo relacionado.


Marzo de 2020 casi duplica los valores de precipitación normal del mes, después de un febrero extremadamente seco
-Ha sido el cuarto marzo más húmedo de este siglo y el séptimo desde 1965. Ha quedado, además, registrado como el séptimo marzo más cálido del siglo XXI.

Información ALCER especial COVID-19

DÍA 7 DE ABRIL DE 2020

Como viene siendo habitual desde el inicio de la crisis sanitaria debido al COVID-19 la Federación Nacional ALCER informa puntualmente de las novedades y recursos de interés para el colectivo de personas y familiares con enfermedad renal.

Enfermedad Renal y Covid-19

Las personas con enfermedad renal crónica, como habituales visitantes de los centros sanitarios, son unos de los colectivos de riesgo con mayor probabilidad de contagio. Así lo indican los datos de la Sociedad Española de Nefrología. Hasta el pasado 4 de abril han sido 637 las personas en tratamiento renal sustitutivo infectadas, siendo la Comunidad de Madrid la que más pacientes en esta situación se han registrado.

Te animamos a que mañana te conectes al webminar en el que participa ALCER, organizado por la Sociedad Valenciana de Nefrología y conozcas un poco más de cómo nos está afectando y cómo trabajan nuestros profesionales de la nefrología por minimizar los daños.

Infografías con las principales recomendaciones para las personas con enfermedad renal crónica

Desde ALCER os hemos resumido y puesto en formato de Infografía las principales recomendaciones que ha hecho los especialistas sobre algunas de las situaciones clave que afectan a las personas con enfermedad renal crónica y en tratamiento renal sutitutivo:

  • Recomendaciones generales para la vida cotidiana. Enlace a la infografía
  • Recomendaciones para el acceso a las unidades de hemodiálisis. Enlace a la infografía
  • Recomendaciones para el acceso a las unidades de diálisis peritoneal. Enlace a la infografía
  • Recomendaciones para personas trasplantadas. Enlace a la infografía

Hoy, en el Día Mundial de la Salud, marcado por la lucha frente al Covid-19

Todos los años se elige para el Día Mundial de la Salud, cada 7 de abril desde 1948, un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización Mundial de la Salud (OMS). 2020 es el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. El personal de enfermería y partería representa casi el 50% de los trabajadores sanitarios del mundo. El objetivo es poner de relieve el papel fundamental que desempeñan estos profesionales en la prestación de servicios de salud en todo el mundo, y a hacer un llamamiento para fortalecerlo. Ver articulo completo

Teléfono: 915 610 837   e-mail: informacion@alcer.org

¿Tienes dudas? No estás solo, estamos aquí para ayudarte

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El Tribunal Supremo desestima medida cautelar pedida por Abogados Cristianos en una querella contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar instada por la asociación de Abogados Cristianos para obligar al Gobierno al reparto de material sanitario en determinados centros asistenciales. Dicha medida cautelar se reclamaba dentro de una querella que la citada asociación ha presentado contra el presidente del Gobierno, dos vicepresidentes y varios ministros por delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en relación a la crisis del coronavirus. 

En una providencia, la Sala argumenta que el contenido de la querella formulada no revela los presupuestos necesarios para la adopción de una medida cautelar como la instada, que el tribunal considera que desborda con claridad  los márgenes y objeto de este proceso penal, así como la competencia de la propia Sala de lo Penal del Supremo. 

Tras desestimar la medida cautelar, el Supremo seguirá los pasos para decidir en su momento si procede admitir a trámite o no la querella.



Margarita Robles insiste ante sus homólogos europeos en reforzar la idea de “La Europa que protege” frente a la crisis del COVID-19


Intervención de la UME en las residencias de mayores, mucho más que una desinfección


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