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El texto remitido al Senado recoge la enmienda que autoriza un crédito inicial de 275 millones



El juzgado nombra al Estado depositario de los bienes de Meirás y mantiene la fecha de entrega del pazo

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha designado al Estado depositario de todos los bienes muebles y elementos accesorios que conforman el complejo del pazo de Meirás, sin perjuicio de que se pueda permitir la retirada de aquellos objetos “de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural y cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo”.

El Juzgado, que ha aceptado las alegaciones del Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial, mantiene la fecha de entrega del inmueble el día 10 de diciembre a las 11.00 horas. En relación a los guardeses, atendiendo al ofrecimiento del Estado para que se les confiera un plazo mayor para abandonar la casa que habitan, ha fijado como fecha máxima el 15 de enero de 2021.

La magistrada Marta Canales ha rechazado en el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco respecto a la prohibición de retirar bienes del pazo y a su fecha de entrega al Estado. “La literalidad del auto es clara. En consecuencia, yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario”, explica la jueza.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña destaca que la decisión de prohibir retirar bienes del recinto sin informar previamente a la parte demandada responde “a una situación de urgencia patente”, pues los Franco habían contratado vehículos para llevárselos. “La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el pazo, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué”, señala. La magistrada insiste en que era “necesario saber qué existía en Meirás” antes de permitir “trasladar todo tipo de bienes desconocidos”.

“De no haber adoptado las medidas cautelares nunca sería posible acoger una decisión futura, nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido. Por eso, las medidas son cautelares, urgentes y sin audiencia”, argumenta la jueza, quien explica que, una vez realizado el inventario, el Estado tendrá que plantear “qué bienes entiende que han de ser entregados o no”.

Así, asegura que “no tiene sentido abrir ahora el debate acerca de qué bienes se integran o no en el pazo” porque la sentencia no es firme. La solicitud de depósito efectuada por el Estado, según afirma en el auto, resulta aceptable porque es “congruente con la finalidad de poder entrar a debatir qué forma parte de la ejecución, todo, nada o parte”.



La Guardia Civil desarticula una red de tráfico de armas para el crimen organizado
Se ha procedido a la detención/investigación de 15 personas por los delitos de tráfico de armas, tenencia de armas prohibidas, depósito de municiones, falsedad en documento público, usurpación de funciones y contra la salud pública

Los asuntos ingresados en los órganos judiciales descendieron un 10,7 % en el tercer trimestre de 2020 en Navarra

Los órganos judiciales de Navarra registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 14.087 nuevos asuntos, cifra que supone un descenso del 10,7 % respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 13.803 asuntos, un 3,3 % menos, y dejaron en trámite 20.173, un 2,1 % más. Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Por jurisdicciones, en penal se incoaron 8.099 nuevos procedimientos en el tercer trimestre, lo que supone un 20,8 % menos que hace un año, cuando se recibieron 10.235. En el mismo periodo se resolvieron 7.560 —9.515 el año anterior—, un 20,5 % menos, y quedaron pendientes 6.411 —6.313 en 2019—, esto es un aumento del 1,5 %.

En civil el número de demandas ingresadas entre julio y septiembre alcanzó las 4.621 (4.281 en 2019), un incremento interanual del 7,9 %. En esta jurisdicción se resolvieron 5.526 (3.793), un 38,5 % más que en el mismo trimestre de 2019, y quedaron en trámite 10.011 (9.897), un aumento del 1,1 %.

Asimismo, en lo contencioso-administrativo se registraron 423 nuevos pleitos (313 en el periodo análogo del año anterior), esto es, un aumento del 35,1 %, se resolvieron 328 (291 entre julio y septiembre de 2019), un incremento del 12,7 %, y quedaron en trámite 1.029 (1.339), un descenso del 23,1 %.

Por último, en social los litigios ingresados ascendieron a 944 (941 en el tercer trimestre del año anterior), se concluyeron 659 (681) y quedaron en trámite asuntos 2.722 (2.200 en mismo periodo de 2019).

Navarra, la tercera comunidad con menor litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5).

Todos los datos están disponibles en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 



El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales extremeños aumentó en el tercer trimestre de 2020 un 2% respecto al año anterior

Los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 24.844 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 2 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 22.996 asuntos, un 0,5 por ciento menos, y dejaron en trámite 53.301, un aumento del 9,4 por ciento.

Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Jurisdicción Civil

En la jurisdicción Civil, ingresaron 9.689 asuntos, con un incremento del 11,4 por ciento respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 9.682 asuntos, un 9 por ciento más, y quedaron
en trámite 31.370, un 6 por ciento más que al final del tercer trimestre de 2019.

La jurisdicción Penal, la única con menos asuntos

La jurisdicción Penal es la única que ha mostrado una disminución tanto en el número de asuntos de nuevo ingreso como en el de asuntos resueltos. En el tercer trimestre de 2020, tuvieron entrada 12.744 asuntos, lo que representa una disminución interanual del 7,2 por ciento; se resolvieron 11.672 asuntos, un 9,1 por ciento menos que hace un año, y quedaron en trámite 15.981 asuntos, un 11,5 por ciento más.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 614 nuevos asuntos, con un incremento interanual del 25,3 por ciento. Se resolvieron 509 asuntos, un 21,2 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 1.266 asuntos, un 0,1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.

La jurisdicción Social ingresó 1.797 asuntos, un 23,8 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 1.133 asuntos, un 14,6 por ciento más, y quedaron en trámite 4.684 asuntos, un 33,8 por ciento más.

Extremadura tiene una tasa de litigiosidad del 23,4

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5) (*).

Todos los datos están disponibles en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.

 



Los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha registraron en el tercer trimestre del año 49.900 asuntos, un 2,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre del año fue de 49.900, lo que representa un descenso del 2,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, según el informe “Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2020” que hoy ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. 

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, se resolvieron en la región 44.396 asuntos judiciales, un 2,5 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2019; los asuntos en trámite al final del trimestre aumentaron un 9,6 % al alcanzar los 142.634. 

Los datos del tercer trimestre ponen de manifiesto un aumento de los asuntos de nuevo ingreso en las jurisdicciones contencioso-administrativa (incremento del 38,4 %) y social (incremento del 9,4 %). Por el contrario la litigiosidad bajó en las jurisdicciones civil (descenso del 1,8%) y penal (descenso del 6,3 %). 

La cifra más relevante del tercer trimestre de 2020 es el incremento de asuntos en la Sala de lo Social del TSJCLM que dobló al ingreso en el mismo periodo del año anterior. Concretamente el aumento en el registro de nuevos asuntos fue del 106,7 %, 463 nuevos asuntos frente a 224 entre junio y septiembre de 2019. 

En cuanto a la resolución de asuntos, el informe revela que aumentó también en las jurisdicciones civil (4,2%), contencioso-administrativa (13,5 %) y en la social (11%). 

Datos por jurisdicciones 

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el tercer trimestre de 2020 alcanzó los 18.941, con una disminución del 1,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.   

Los órganos de la jurisdicción civil resolvieron 17.725 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 75.365 asuntos. 

En la jurisdicción penal entraron 25.300 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 6,3 por ciento. Se resolvieron 22.604 asuntos y quedaron en trámite 46.579 asuntos. 

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 1.819 nuevos asuntos, lo que representa un aumento interanual del 38,4 por ciento. El número de asuntos resueltos fue de 1.311 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 7.334. 

Por último, en la jurisdicción social entraron 3.840 nuevos asuntos, un 9,4 por ciento más que en el tercer trimestre del año pasado; se resolvieron 2.756 y quedaron en trámite otros 13.356. 

Tasa de litigiosidad en Castilla-La Mancha 

La tasa de litigiosidad en la región en el tercer trimestre del año fue de 24,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. 

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020. 

Los datos por Tribunales Superiores de Justicia y por provincias están disponibles en el siguiente enlace: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/

 

 

 

 



Aumenta un 15,9 % la pendencia de los órganos judiciales, a pesar de la mayor resolución

Los órganos judiciales de la Región registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 44.750 nuevos asuntos, cifra que supone un descenso del 0,7 % respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 40.759 asuntos, un 8,9 % más, y dejaron en trámite 126.554. Estos datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Pese al aumento de casi nueve puntos en la resolución de asuntos por parte de los juzgados y tribunales, la bolsa de asuntos en trámite se ha incrementado en este trimestre un 8,9 % con respecto al mismo periodo de 2019. Un crecimiento de la pendencia que se explica porque el número de asuntos registrados es en los últimos años superior a la capacidad de resolución con la actual planta judicial. En concreto, durante el tercer trimestre ingresaron 44.750 y se resolvieron 40.759.

En la jurisdicción Civil, ingresaron 15.903 asuntos, con un descenso del 3,1 % respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 15.945 asuntos, un 26,7 % más, y quedaron en trámite 71.437, un 8,4 % más que al final del tercer trimestre de 2019. De los asuntos pendientes, 5.496 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en los juzgados de primera instancia (cláusulas abusivas).

La jurisdicción Penal es la única que ha mostrado una disminución tanto en el número de asuntos de nuevo ingreso como en el de asuntos resueltos. En el tercer trimestre de 2020, tuvieron entrada 23.799 asuntos, lo que representa una disminución interanual del 4,2 %; se resolvieron 21.608 asuntos, un 3 % menos que hace un año, y quedaron en trámite 36.425 asuntos, un 11 % más.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 2.070 nuevos asuntos, con un incremento interanual del 60,6 %. Se resolvieron 1.258 asuntos, un 37,6 % más que el año anterior, y quedaron en trámite 6.284 asuntos, un 11,8 % más que en el mismo periodo de 2019.

La jurisdicción Social ingresó 2.978 asuntos, un 18,2 % más que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 1.948 asuntos, un 17,8 % más, y quedaron en trámite 12.438 asuntos, un 25,2 % más.

Tasa de congestión

MÁS DATOS:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 



Los órganos judiciales gallegos resolvieron un 10,4 % más de casos en el tercer trimestre del año

Los órganos judiciales de la comunidad resolvieron durante los meses de julio, agosto y septiembre 72.493 asuntos, frente a los 65.605 que finalizaron el año pasado en las mismas fechas, lo que significa un 10,4 % más, según el informe sobre la situación de los juzgados y tribunales hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. A pesar del incremento en la resolución de procedimientos, los casos en trámite subieron un 7,8 %, al pasar de 157.679 a 170.025. El aumento de la pendencia es una de las consecuencias de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma debido a la pandemia de la COVID-19. 

La entrada de asuntos en los órganos judiciales de Galicia en el tercer trimestre del año subió un 5,4 %, pues ingresaron 76.675 casos, frente a los 72.695 del mismo periodo de 2019. Tanto la entrada como la resolución de procedimientos experimentó un ascenso en todas las jurisdicciones, excepto en la penal. Los asuntos del orden contencioso-administrativo son los que más aumentaron, pues se iniciaron 2.241, un 33,2 % más que en los mismos meses de 2019. 

Datos por jurisdicciones 

En la jurisdicción civil, el número de procedimientos ingresados en Galicia en el tercer trimestre del año fue de 32.093, lo que supone un aumento del 13,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. En ese tiempo se resolvieron 32.380 asuntos, un 26,1 % más que en 2019, estando en trámite a finales de septiembre 89.185, un 10,4 % más. 

En la jurisdicción penal entraron 33.943 asuntos, 235,72 de media por órgano judicial, lo que supone un 4,2 % menos que en el tercer trimestre de 2019. El número de casos resueltos fue de 31.857 y el de asuntos en trámite al final del periodo, de 43.184, un 2,3 % más que el año pasado. 

En la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron 2.241 procedimientos entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, lo que supone un 33,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Se resolvieron 1.741 asuntos, un 10,8 % más, y quedaron en trámite 7.479, un 4,9 % más en que en 2019. 

Por último, la jurisdicción social también experimentó un aumento en la entrada de casos, ya que los 8.398 ingresados representan un 14 % más que en el tercer trimestre de 2019. El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 6.515, un 21,4 % más, y quedaron en trámite al final del periodo 30.177, un 9,1 % más. 

Los siguientes cuadros muestran la evolución en las diferentes jurisdicciones comparando el tercer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019: 

 

En trámite al
inicio del periodo

Ingresados

Resueltos

En trámite al finalizar el periodo

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Civil

78.399

89.609

28.239

32.093

25.624

32.380

80.680

89.185

Penal

39.521

41.460

35.408

33.943

33.042

31.857

42.200

43.184

Contencioso-administrativa

6.998

6.905

1.682

2.241

1.571

1.741

7.127

7.479

Social

25.709

28.353

7.366

8.398

5.368

6.515

27.672

30.177

Total

150.627

166.327

72.695

76.675

65.605

72.493

157.679

170.025

  

 

En trámite
al inicio

Ingresados

Resueltos

En trámite
al finalizar

Sentencias

Civil

+14,5 %

+13,4 %

+26,1 %

+10,4 %

+12,2 %

Penal

+4,9 %

-4,2 %

-3,7 %

+2,3 %

-1,1 %

Contencioso-administrativa

-1,3 %

+33,2 %

+10,8 %

+4,9 %

+9,5 %

Social

+10,3 %

+14 %

+21,4 %

+9,1 %

+19,2 %

Total

+10,5 %

+5,4 %

+10,4 %

+7,8 %

+9,3 %

 Tasa de litigiosidad 

La tasa de litigiosidad en Galicia (28,4) en el tercer trimestre de 2020 aumentó un punto y medio con respecto al mismo periodo de 2019. Con todo, se situó por debajo de la media del conjunto del Estado, que fue de 30,4 asuntos por cada mil habitantes. 

Datos por provincias 

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre en la provincia de A Coruña se registraron 28.280 asuntos y se resolvieron 26.181, un 9,8 % más que en el mismo periodo de 2019. Pontevedra recibió 27.844 casos, de los que finalizó 26.328. La provincia de Lugo ingresó 7.861 procedimientos, de los que resolvió 7.672 (un 13,2 % más), mientras que Ourense registró 8.085 asuntos y puso fin a 7.528, un 13,3 % más que el año pasado. 

A Coruña y Pontevedra tenían en trámite al comienzo del tercer trimestre de este año 69.164 y 54.854 asuntos, respectivamente, y, al finalizarlo, quedaron pendientes en A Coruña 71.284 (un 9,6 % más que en 2019) y, en Pontevedra, 55.837 (9,8 % más). Los juzgados de Lugo iniciaron el periodo con 20.532 casos sin resolver y lo finalizaron 20.760, es decir, un 5,4 % más que el año pasado en las mismas fechas. La provincia de Ourense tenía pendientes al terminar el tercer trimestre 15.507 procedimientos, un 7,3 % más que en 2019. 

El siguiente cuadro muestra la evolución en las provincias comparando el tercer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019: 

 

En trámite
al inicio

Ingresados

Resueltos

En trámite
al finalizar

Sentencias

A Coruña

+11,6 %

+5,8%

+9,8 %

+9,6 %

+5,9 %

Pontevedra

+12,4 %

+7 %

+9,8 %

+9,8 %

+4,2 %

Lugo

+8,8%

+2,9 %

+13,2 %

+5,4 %

+16 %

Ourense

+8,8 %

+9,3 %

+13,3 %

+7,3 %

+6,7 %

Consulte los datos por Tribunales Superiores de Justicia y por provincias en el siguiente enlace: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/

 

 



Aumenta un 11,6% el número de asuntos resueltos en los juzgados y tribunales valencianos durante el tercer trimestre de 2020

El número de asuntos resueltos en los juzgados y tribunales valencianos durante el tercer trimestre de 2020, etapa que coincide con el final del confinamiento y la plena reactivación de la actividad judicial, aumentó un 11,6% respecto del mismo periodo del año anterior, según datos recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de este año, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

En términos absolutos, los 422 órganos judiciales valencianos resolvieron 152.388 asuntos entre julio y septiembre, meses en los que recibieron un total de 157.485 causas y 318.120 quedaron en trámite a final del periodo.

Los asuntos resueltos por sentencia, auto o decreto aumentaron en todas las jurisdicciones. Destacan los incrementos del 27,2% en el orden Contencioso-Administrativo, del 25,8% en el Civil y del 22,4% en la jurisdicción Social, mientras que en la Penal ese aumento fue solo del 0,7%.

Por provincias, en la de Alicante se incrementó un 14,1% el número de causas resueltas respecto del tercer trimestre de 2019. En Valencia el ascenso fue de 12,9% y en la provincia de Castellón, de un 3%.

Con estos datos, la tasa de resolución valenciana, que es el cociente que resulta entre los asuntos resueltos y los ingresados y pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva, se situó en el tercer trimestre de 2020 en 0,97%, lo que significa una mejora interanual del 7,3%.
En el mismo periodo, la tasa de congestión, valor que suma el número de asuntos pendientes al inicio del periodo más los ingresados y divide la cifra resultante con las causas resueltas, se redujo en un 1,1% en el conjunto de los órganos judiciales valencianos. Así, la tasa de congestión valenciana fue de 3,09 entre julio y septiembre de 2020.

La cantidad de asuntos pendientes en el trimestre analizado, 318.120, se ha incrementado en este periodo un 10,1% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la tasa de pendencia en un 2,09, esto es un 1,3% menos que un año antes.

Aumentan un 3,9% los asuntos ingresados

Los órganos judiciales valencianos registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 157.485 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 3,9% respecto al tercer trimestre del año anterior. Al final del mismo periodo quedaron en trámite 318.120.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa, aquella que resuelve los conflictos entre los ciudadanos y las diferentes administraciones públicas, es la que experimentó un mayor incremento en el ingreso de nuevos asuntos, 4.954, con un 26,2% más respecto al mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 4.659 asuntos, un 27,2% más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo 16.473, un 12,4% menos que al final del tercer trimestre de 2019.

En el orden Civil, ingresaron 61.796 nuevas causas, un 9,7% más, se resolvieron 63.034, y quedaron en trámite al final del periodo, 170.208, lo que significa un aumento interanual del 13,4%.

La jurisdicción Penal es la única que experimenta una reducción en el ingreso de nuevos asuntos, con 80.015 causas registradas en el periodo analizado, un 2,8% menos que el año pasado. Se resolvieron 77.093 procedimientos, un 0,7% más, y 96.119 quedaron en trámite al final del trimestre, es decir, un aumento del 6,4%.

Por último, los juzgados y tribunales valencianos de materia Social ingresaron 10.720 asuntos, un 19,8% más, resolvieron 7.602 y dejaron en trámite 35.320 causas, lo que significa un aumento de un 19%.

Por provincias, en la de Valencia registraron 79.055 nuevos asuntos durante el tercer trimestre de 2020, un 4,9% más que el mismo trimestre del 2019. Se resolvieron 75.709 y 147.239, un 15,3% más, quedaron en trámite al final del periodo.

En la provincia de Alicante el número de asuntos ingresados se incrementó un 5,1%, con 55.031 nuevas causas. Se resolvieron 54.285 procedimientos y 119.392 quedaron en trámite a final del periodo, esto es un incremento interanual del 9,1%.

Los juzgados y tribunales de la provincia de Castellón ingresaron 16.272 causas, un 0,4% más que en el mismo trimestre del 2019. Se resolvieron 14.795 y 38.104 causas, un 11,3% más, quedaron en trámite a final de septiembre de 2020.

La Comunidad Valenciana, cuarta tasa de litigiosidad del país

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5) (*).

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.

Todos los datos están disponibles en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 

 



Los asuntos contencioso-administrativos y los laborales crecieron en Cantabria en el tercer trimestre un 51,9 y un 13,2% respecto a 2019

Los juzgados y tribunales de Cantabria registraron a lo largo del tercer trimestre de este año un aumento respecto a 2019 del 51,9 por ciento en los asuntos contencioso-administrativos y del 13,2 por ciento en los laborales.

En el conjunto de las jurisdicciones, la entrada de asuntos se mantuvo estable, con datos similares a los del verano del pasado año, mientras que la resolución se incrementó un 8,9 por ciento y al final del periodo analizado los procedimientos que se encontraban tramitándose en los órganos judiciales cántabros crecieron un 8,4 por ciento.

Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

A nivel nacional, la entrada de asuntos fue algo mayor (un 1,7 por ciento), mientras que la resolución de asuntos creció, pero no al ritmo de Cantabria (un 4,8 por ciento). La pendencia también creció y lo hizo de manera más destacada (un 13,4 por ciento).

Los nuevos asuntos que llegaron a los órganos judiciales de Cantabria se traducen en una tasa de litigiosidad de 29,40 pleitos por cada mil cántabros, tasa que se encuentra por debajo de la media del país (30,38).

No obstante, si se analiza este indicador por jurisdicciones, se observa que en el caso de órganos laborales la entrada de asuntos fue superior a la del conjunto de las comunidades autónomas: 2,72 asuntos por cada mil habitantes frente a 2,47 de la media nacional.

Todos estos datos proceden del Informe sobre la situación de los órganos judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido dado a conocer con información relativa al tercer trimestre de 2020.

Junto a este documento, también ha sido difundido el informe Indicadores Clave, donde se analizan distintos parámetros que permiten advertir la calidad de la justicia impartida en cada territorio.

Aumenta la duración de los asuntos

En el mismo se constata que la duración media de los asuntos estimada en primera instancia y en segunda instancia en Cantabria ha aumentado como consecuencia de la paralización de la actividad en meses.

Así, en primera instancia se ha pasado de 4,6 meses para la resolución de un asunto a 6,4 meses, esto es, un incremento en el tiempo de espera del 39,1 por ciento.

En segunda instancia, también ha aumentado la duración: de 4,3 a 4,9 meses, esto es, un 12,2 por ciento respecto al verano de 2019.

A nivel nacional, los tiempos medios también aumentaron: en primera instancia la media se sitúa en 7,4 meses (un 37,6 por ciento más); y en segunda instancia, en 6,6 meses (un 19,8 por ciento más).

Crece el peso de asuntos laborales y contencioso-administrativos

En el trimestre analizado, los órganos judiciales de Cantabria registraron un total de 17.133 asuntos (un 0,6 por ciento más), resolvieron 16.816 (un 8,9 por ciento) y al final del mismo permanecían tramitándose 31.688 (un 8,4 por ciento más).

Los 17.133 asuntos que entraron en los juzgados cántabros corresponden, principalmente, a pleitos civiles (7.587) y penales (7.447), seguidos de los laborales (1.587) y contencioso-administrativos (512).

No obstante, donde se aprecian los mayores incrementos en la entrada es precisamente en estas dos jurisdicciones –un 51,9 por ciento en la contencioso-administrativa y un 13,2 por ciento en la laboral-, lo que se traduce en un aumento del peso que ahora tienen sobre el conjunto de los asuntos registrados.

Así, mientras que en verano de 2019 los pleitos que se ventilan en los Juzgados de lo Social representaban el 7,79 por ciento del total, en este año son el 9,26 por ciento.

Del mismo modo, los pleitos llevados a los órganos de lo Contencioso-Administrativo han pasado de tener un peso del 2,22 por ciento a estar cerca del 3 por ciento (2,99).

Crece la pendencia en los juzgados de lo Social

Los 16.816 asuntos resueltos en el tercer trimestre de este año se traducen en un total de 16.690 resoluciones, entre sentencias (4.155), autos (7.058) y decretos (5.477).

La resolución respecto al mismo periodo de 2019 aumentó un 8,9 por ciento, casi el doble que el aumento registrado por la media de los órganos judiciales del país (un 4,8 por ciento).

Por otro lado, la tasa de resolución -que pone en relación los asuntos que salen con los que entran- fue de 0,98, lo que supone que durante el periodo se resolvió un número similar al de los nuevos asuntos registrados. A nivel nacional, la tasa de resolución fue de 0,93.

Junto a ello, los 31.688 asuntos que se seguían tramitando a 30 de septiembre, suponen un incremento del 8,4 por ciento respecto de la pendencia de un año antes. A nivel nacional, la pendencia también crece, y lo hace de manera más acusada que en Cantabria (un 13,4 por ciento).

Por jurisdicciones, se observa un aumento de la pendencia en todas las jurisdicciones, excepto la Contencioso-Administrativa que descendió sus asuntos en trámite un 2,4 por ciento.

Destacable es el caso de los órganos laborales, que durante este trimestre experimentaron un aumento de 24,3 por ciento en el número de asuntos que se encontraban en trámite al final del periodo analizado.

Los juzgados de Cantabria, entre los menos congestionados

Por otro lado, la tasa de pendencia global -que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite al final del periodo con los que ya salieron del juzgado-, sigue estando en Cantabria por debajo de la media: 1,88 frente a 2,37.

La tasa de congestión, al igual que la de pendencia, arroja cifras que colocan a Cantabria entre las comunidades autónomas con mejor situación.

Así, al poner en relación el total de asuntos por resolver –los que ya estaban en el juzgado al comienzo del año y los nuevos que entraron en el periodo- con los que se resuelven, nuestra región es la quinta comunidad autónoma cuyos órganos están menos congestionados: mientras que la media española está en una ratio de 3,36, Cantabria se sitúa en 3,36.

Todos los datos están disponibles en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 

 



La Justicia riojana resuelve más asuntos que en 2019 y bajan los asuntos en tramitación un 14,6%

La Rioja ha ingresado un 3,7% asuntos menos en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de tiempo de 2019. El descenso en los casos ingresados en nuestra Comunidad Autónoma contrasta con el incremento que se ha registrado a nivel nacional del 1,7%, según el informe estadístico “Situación de los órganos judiciales” que acaba de hacer público el Consejo General del Poder Judicial.

En total han ingresado en los órganos judiciales riojanos entre julio, agosto y septiembre 5.816 asuntos. Se han resuelto más de los que han entrado, 6.372 y quedan en tramitación 13.642 asuntos.

Por lo tanto, con estos datos la Tasa de Congestión de los órganos judiciales riojanos desciende 10,4% y se sitúa en el 3,01.

En las Jurisdicción Civil y Penal han bajado los ingresos en torno al 7,0%, respecto al tercer trimestre de 2019. Sin embargo, han aumentado considerablemente en Contencioso Administrativo y Social con un 27,5% y 22,8% de incremento respectivamente

En cuanto a la resolución, todas las jurisdicciones han resuelto más asuntos que en 2019; destaca Civil, con un incremento del 35,1% y del 15,5% en Contencioso Administrativo. En total se ha resuelto un 19,3% asuntos más que en el tercer trimestre del pasado año.

La Rioja sigue siendo el territorio con menor Tasa de Litigiosidad en el tercer trimestre de 2020. Han ingresado 19,9 asuntos por cada 1.000 habitantes. La media nacional es de 30,4 causas por cada 1.000 habitantes.



El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales aumentó en el tercer trimestre de 2020 un 1,7 por ciento respecto al año anterior

Los órganos judiciales de toda España registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 1.440.753 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 1,7 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 1.337.634 asuntos, un 4,8 por ciento más, y dejaron en trámite 3.167.116. Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Pese al aumento de casi cinco puntos en la resolución de asuntos, la bolsa de asuntos pendientes (3.167.116) se ha incrementado en este trimestre un 13,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Jurisdicción Civil

En la jurisdicción Civil, ingresaron 533.412 asuntos, con un incremento del 8,7 por ciento respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 522.758 asuntos, un 18,4 por ciento más, y quedaron
en trámite 1.710.159, un 12,2 por ciento más que al final del tercer trimestre de 2019. De los asuntos pendientes, 252.181 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en los juzgados de primera instancia (cláusulas abusivas).

La jurisdicción Penal, la única con menos asuntos

La jurisdicción Penal es la única que ha mostrado una disminución tanto en el número de asuntos de nuevo ingreso como en el de asuntos resueltos. En el tercer trimestre de 2020, tuvieron entrada 734.117 asuntos, lo que representa una disminución interanual del 5 por ciento; se resolvieron 694.279 asuntos, un 4,7 por ciento menos que hace un año, y quedaron en trámite 850.557 asuntos, un 13,9 por ciento más.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 55.880 nuevos asuntos, con un incremento interanual del 6,2 por ciento. Se resolvieron 44.653 asuntos, un 16,9 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 218.245 asuntos, un 5 pot ciento más que en el mismo periodo de 2019.

La jurisdicción Social ingresó 117.290 asuntos, un 16,9 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 75.922 asuntos, un 10,4 por ciento más, y quedaron en trámite 388.063 asuntos, un 23,1 por ciento más.

Canarias, Andalucía y Baleares, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5) (*).

Todos los datos están disponibles en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.

 



El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Madrid aumentó en el tercer trimestre de 2020 un 9,2 por ciento respecto al año anterior

Los órganos judiciales de la comunidad de Madrid registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año un total de 211.726 nuevos asuntos, cifra que supone un incremento del 9,2 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior. En el mismo periodo, resolvieron 180.862 asuntos, un 3,9 por ciento más, y dejaron en trámite 446.502. Estos y otros datos están recogidos en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Pese al aumento de casi cuatro puntos en la resolución de asuntos, la bolsa de asuntos pendientes (446.502) se ha incrementado en este trimestre un 24,4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

En la jurisdicción Civil, ingresaron 92.554 asuntos, con un incremento del 25,8 por ciento respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 74.498 asuntos, un 11,1 por ciento más, y quedaron en trámite 272.289, un 28,3 por ciento más que al final del tercer trimestre de 2019 en Madrid.

La jurisdicción Penal, en el tercer trimestre de 2020, tuvieron entrada 91.464 asuntos, lo que representa una disminución interanual del 4,7 por ciento; se resolvieron 87.659 asuntos, un 3 por ciento menos que hace un año, y quedaron en trámite 94.526 asuntos, un 13,9 por ciento más.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 7.499 nuevos asuntos en los juzgados de la comunidad, con un descenso interanual del 2,6 por ciento. Se resolvieron 6.802 asuntos, un 28,9 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 28.786 asuntos, un 8,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2019.

La jurisdicción Social madrileña ingresó 20.209 asuntos, un 21,1 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 11.903 asuntos, un 4,1 por ciento más, y quedaron en trámite 50.901 asuntos, un 37,6 por ciento más.

Madrid, muy cerca de la media nacional en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 30,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. Madrid, con 31,2, se sitúa muy próxima a la media nacional.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (40,5), Andalucía (33,9), Baleares (31,7) y Comunidad Valenciana y Madrid (31,2). Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (19,9), País Vasco (22,2) y Navarra (22,5) (*).

Todos los datos están disponibles en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Informes-por-territorios-sobre-la-actividad-de-los-organos-judiciales/ 

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.



El Tribunal Supremo revoca el tercer grado a los nueve presos de la causa del Procés por considerarlo prematuro

El tribunal que juzgó la causa del Procés ha acordado revocar el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de Justicia de la Generalitat catalana a los 9 condenados a penas de prisión, al considerar que se trata de una medida prematura. La Sala destaca que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.

La Sala estima los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitencaria, de manera que deberán continuar en segundo grado. Asimismo, estima el recurso de la Fiscalía en relación a la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les deniega, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

El tribunal que ha dictado los autos está formado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.

En los nueve autos, de contenido similar, los magistrados explican que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco han cumplido la mitad) es excepcional y exige “una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena”.

No están condenados por perseguir la independencia

Añade que “ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema”.

Por ello, el tribunal destaca que “yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del Ministerio Fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología. El Sr. Junqueras -indica en el auto referido al exvicepresidente de la Generalitat- no fue condenado por su ideología independentista. Fue declarado autor de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, con base en los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia”. Además, destaca que “nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas”.

El tribunal indica que “en la tarea de acomodar el cumplimiento de las penas impuestas a los fines constitucionales que inspiran la ejecución de las penas privativas de libertad, nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática. Su detenida lectura descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad”.

La Sala también reitera el distanciamiento de algunas de las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria catalana respecto de lo que debería ser el adecuado cumplimiento de sus funciones.

“El principio de flexibilidad (…), de tanta importancia para hacer realidad el fin constitucional de resocialización del penado, no convierte a las Juntas de Tratamiento en una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso (…) Tampoco permite el traslado injustificado de un penado a otro centro penitenciario si esa decisión está estratégicamente dirigida a rectificar la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, fijada en atención al ámbito territorial en el que se asiente la prisión”, señalan los jueces.

Los órganos administrativos no son una “extravagante tercera instancia”

La Sala destaca que “la Administración penitenciaria no puede distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión impuestas por los Tribunales. Su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena. De lo contrario, se subvierte el papel que la ley reserva a los órganos administrativos que, de esta forma, se convierten en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales constitucionalmente llamados al ejercicio de la función jurisdiccional.

Los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un Tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente. La reiteración de esta idea -que la Sala ya ha expuesto en anteriores resoluciones- no debería resultar ya necesaria”.

No se pretende que reniegue de sus convicciones políticas

En otro pasaje de los autos, el tribunal señala que “no se pretende que el interno ‘reniegue de sus convicciones políticas’, sencillamente porque éstas son ajenas a su condena. Sostener que el cumplimiento de las penas impuestas en la sentencia que está siendo objeto de ejecución exige como presupuesto que el interno «reniegue de sus convicciones políticas», supone aferrarse a una línea argumental equivocada, que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

Añaden los magistrados que “la libertad ideológica de cualquier interno ha de permanecer intacta y no puede ser erosionada durante el tiempo de cumplimiento. Nuestro sistema penitenciario no autoriza intromisiones en el espacio ideológico de los reclusos. El Sr. Sánchez –señala el auto referido a este acusado-- no puede ver agravado su estatuto jurídico por su identificación con un proyecto independentista de ruptura. Esta idea, expresiva de una de las notas definitorias de nuestro sistema constitucional, debería ser el eje sobre el que se apoyaran las resoluciones dictadas por la administración penitenciaria y las emanadas del órgano jurisdiccional llamado a fiscalizar aquéllas”.

Así, explica que Jordi Sánchez “no ha sido condenado por suscribir una determinada concepción política. Su autoría se vincula a los hechos descritos en el factum de la sentencia dictada por esta Sala. La ruptura de las reglas que delimitan el funcionamiento normal de cualquier estado de derecho y la promoción de incidentes violentos llamados a demostrar que la competencia de los Juzgados y Tribunales ordinarios tenía que detenerse a las puertas de una consejería autonómica, son las razones que están en la base de la condena ahora en ejecución”. “Despojar de capacidad ejecutiva a las resoluciones judiciales, recurriendo para ello a la incontrolada movilización ciudadana, implica la comisión de un delito de sedición, con independencia de la ideología que suscriba el autor de esa conducta”, destaca el tribunal.

Dinamitaron las bases de la convivencia

En otro auto, el relativo a Oriol Junqueras, se subraya que “nadie cumple condena en un Centro Penitenciario por sus ideas políticas. Buena prueba de ello es que el gobierno autonómico de Cataluña, en la actualidad, está presidido por un dirigente del mismo partido político -y, por tanto, de la misma ideología- que el interno recurrente.

La sentencia que encabeza la presente ejecutoria -pese a que su fundamentación y alcance quieran debilitarse mediante una inadmisible reinterpretación por la administración penitenciaria- no condena a disidentes políticos, no condena a líderes independentistas. Considera autores de un delito de sedición y, en el presente caso, de un tipo agravado de malversación, a quienes dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los Jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables”.

No justificada la aplicación del 100.2

Para justificar la anulación del régimen de semilibertad del artÍculo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la Sala explica que no se ha apreciado “vinculación alguna” con el proceso de reinserción social de estos penados, de forma que la misma sea adecuada a su situación actual.

“Esa falta de conexión entre el programa de tratamiento y los delitos cometidos hace injustificable un régimen de semilibertad. La Sala no pone en duda el buen comportamiento del interno, su actitud plenamente colaborada con el Equipo y su implicación respecto a la correcta asistencia, rendimiento y actitud de las diferentes actividades. Tampoco su trayectoria académica y profesional previa a la comisión de los delitos por los que ha sido condenado.Pero, como ya advertimos en su momento al rechazar la aplicación de este mismo régimen respecto a la Sra. Forcadell y otros condenados en esta causa especial, nada de ello permite salvar esa ausencia absoluta de enlace entre el programa que se propone y el proceso de reinserción social del penado que, como es obvio, no puede ser ajeno a los delitos cometidos, un delito de sedición y un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada”, indican.

 



Desarticulado un entramado criminal especializado en introducir envíos de droga por las costas de Cádiz y Huelva
Han sido detenidas un total de 11 personas que integraban dos grupos delictivos responsables, presuntamente, de introducir más de 5.000 kilos de hachís por la costa de Cádiz en los últimos doce meses

Una charla virtual aborda el avance silencioso de la enfermedad renal

El próximo miércoles a partir de las 20.00 horas se celebrará el segundo de los encuentros virtuales que organiza La Voz de Galicia y el Área Sanitaria de Ferrol y que tienen como objetivo difundir hábitos de vida saludables. La pandemia ha motivado que este sea el formato de las Charlas Saludables. Ahora se podrán seguir a través de las redes sociales de La Voz y del canal de YouTube.

El especialista Pablo Bouza Piñeiro, responsable del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), será el encargado de realizar una exposición que ha titulado Enfermedad Renal Crónica (ERC): el enemigo silencioso. Como sucedía en las antiguas Charlas Saludables los asistentes podrán preguntar las dudas que tengan, aunque en esta ocasión a través de las redes.

El nefrólogo del CHUF incidirá en la importancia de prevenir la enfermedad renal, algo que se puede hacer simplemente cuidando la alimentación, que debe ser equilibrada y baja en sal para mantener el riñón en buen estado y evitando el sobrepeso. Aunque se han realizado muchos avances en el terreno de la nefrología y las diálisis son cada vez más llevaderas, al igual que los tratamientos farmacológicos, el especialista del CHUF recuerda que la enfermedad renal avanza de manera silenciosa y cuando se manifiesta con síntomas ya no está en una fase inicial.

Obesidad, gran factor de riesgo

Bouza alerta contra el sobrepeso: «Aumenta el riesgo de padecer una diabetes o una hipertensión arterial, que son las dos causas principales de la diálisis en todos los países y también genera enfermedades por mecanismos indirectos: la obesidad induce al riñón a una situación de hiper filtración para eliminar todos los productos tóxicos en el metabolismo y eso a largo plazo puede desencadenar problemas como la insuficiencia renal, entre otras cosas, como una litiasis, piedras en el riñón y aumenta la incidencia de muchos cánceres», detalla un especialista que en su intervención del jueves detallará otras dolencias y también abundará en las últimas novedades en cuanto a los trasplantes.

Un encuentro a través de las redes, pero en el que se podrán plantear preguntas al jefe del servicio de Nefrología del CHUF

La periodista María Meizoso será la encargada de moderar una intervención en la que los espectadores podrán intervenir en directo enviando sus preguntas. Este encuentro es el segundo que se organiza desde que se inició la pandemia.

¿Qué daña más el riñón?

En el encuentro del miércoles el especialista detallará los factores que desencadenan las enfermedades renales más comunes. El jefe de la unidad de nefrología, Pablo Bouza, recuerda que el tabaco es uno de los grandes enemigos del riñón, como los malos hábitos alimenticios, el abuso del alcohol y una vida sedentaria. Casi todos los factores que implican no llevar una vida sana para el sistema cardiovascular.

¿Una dolencia renal siempre implica diálisis?

Afortunadamente solo una minoría debe recurrir a esta solución o incluso a un trasplante, que se realiza en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, aunque el seguimiento médico posterior se presta en el Área Sanitaria de Ferrol. Los médicos de cabecera son los grandes aliados de los nefrólogos, porque siguen el día a día de los enfermos y también ellos pueden diagnosticar el inicio de una enfermedad renal, algo que se realiza con un simple análisis de sangre. Sin embargo, el especialista del CHUF recalcará que las enfermedades del riñón no se manifiestan como un problema en la vida diaria hasta muy tarde, cuando el órgano ya está afectado


El nefrólogo Pablo Bouza explicará unas dolencias que se pueden prevenir


 

Fuente: La Voz de Galicia



Señalamientos en la Comunidad Valenciana del 7 al 11 de diciembre de 2020


Agenda de juicios penales en Canarias del 7 al 11 de diciembre de 2020

Audiencia Provincial de Las Palmas

Sección Segunda

9 de diciembre

9’30
PA 34/20
Contra la Seguridad Social

Sección Sexta

9 de diciembre

9’45
Sumario 27/20
Tentativa de homicidio

10 de diciembre

9’30
PA 85/20
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

9’45
PA 98/19
Salud pública

11’00
Sumario 91/17
Abuso sexual

11 de diciembre

9’45
PA 102/19
Salud pública

Audiencia de Tenerife

Sección Segunda

9-11 de diciembre

9’45
Continuación Rollo 102/19
Salud Pública

Sección V

9 de diciembre

10’00
Sumario 26/20
Tentativa de homicidio

Sección VI

9-11 de diciembre

9’30
Sumario 15/20
Robo con violencia, tentativa de homicidio

 



Señalamientos penales en las AP de Cataluña del 7 al 11 de diciembre de 2020

Agenda de juicios penales previstos en las Audiencias Provinciales durante esta semana



La ministra visita el nuevo centro de educación infantil de la base `El Goloso´
La titular de Defensa, Margarita Robles, ha visitado hoy el nuevo centro de educación infantil de la base “El Goloso”, en Madrid, que acaba de finalizar sus obras. Las instalaciones del Ejército de Tierra disponen de 84 plazas para niños, hasta los tres años de edad, y son unas de las de mayor tamaño.

Desarticulado un entramado criminal especializado en introducir envíos de droga por las costas de Cádiz y Huelva
Foto relacionada con la nota de prensaHan sido detenidas un total de 11 personas que integraban dos grupos delictivos responsables, presuntamente, de introducir más de 5.000 kilos de hachís por la costa de Cádiz en los últimos doce meses
La primera de las organizaciones, ubicada en la provincia de Cádiz, se encargaba de ofrecer todo el apoyo logístico necesario a otras organizaciones criminales para la introducción de droga en el territorio nacional
El segundo grupo, asentado en Madrid, habían recurrido a la primera para introducir la droga en España y, además, fueron los presuntos responsables del envío de cinco sicarios que mataron el pasado año a una persona en Chipiona (Cádiz)
Además, la operación ha impedido la entrega de una importante remesa de droga a un grupo criminal de origen italiano y ha detenido a su enviado en España

Nota: Esta nota de prensa posee un vídeo relacionado.


Detenido un fugitivo buscado por atropellar a un agente en Madrid cuando iba a ser identificado
Foto relacionada con la nota de prensa§ Tenía en vigor una Orden de Búsqueda, Detención e Ingreso en prisión por robo con fuerza en las cosas, además de otras reclamaciones judiciales por lesiones, robos con fuerza en las cosas y atentado
§ Miembro de una organización criminal dedicada al robo mediante el método del alunizaje, cambiaba frecuentemente de residencia para evitar ser localizado

Nota: Esta nota de prensa posee un vídeo relacionado.


Puerta del antiguo Hospital de Marina San Carlos, el actual del SAS y Panteón de Marinos Ilustres
Puerta del antiguo Hospital de Marina San Carlos en el Paseo Capitán Conforto, con el actual centro sanitario del SAS de fondo y cerca del Panteón de Marinos Ilustres ubicado en la Escuela de Suboficiales de la Armada.

Las personas con discapacidad y sus familias exigen estar presentes en la reconstrucción social y económica postpandemia

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre, en el correspondiente al año 2020, el CERMI hace público el siguiente

MANIFIESTO

El movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en España, articulado en el CERMI, como instancia cívica de representación, interlocución e incidencia políticas, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica, que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Hablar de pandemia, que tanta desolación y destrucción nos está trayendo, nos lleva como primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la enfermedad y a sus familias que, en el ámbito de la discapacidad, están siendo estremecedores.

Inmediatamente, tras la evocación de quienes han sufrido, se impone dar las gracias a las familias, profesionales y personal voluntario que en esta crisis de salud pública, dando lo mejor de sí mismas, están teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidados.

Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad estamos siendo de los grupos sociales más castigados, en medida desorbitada, por esta pandemia, y no solo por condiciones objetivas (estados de salud preexistente, etc.), sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones.

Las personas con discapacidad sentimos que rige una ley inexorable y fatal que lleva consigo irremediablemente que cuando a la sociedad, al país le va mal, a lo social, a la discapacidad, le va mucho peor; y cuando a la sociedad, al país, le va bien, ese bienestar no llega, o solo fragmentos mínimos, a las personas con discapacidad y a sus familias. Nos rebelamos contra esa norma no escrita, ausente de toda ética, tan obscena e hiriente como plena de vigencia y eficacia.

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Las personas con discapacidad, mujeres y hombres, y sus familias, su articulación social, hemos recibido -estamos recibiendo- el impacto exacerbado de la pandemia. Multitud de informes, estudios e investigaciones confeccionados estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad -más en las personas con discapacidad mayoreshan experimentado en este tiempo de pandemia, una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos. 


 

Fuente: CERMI



La CECS otorga los Premios ¡Bravo! 2020

El Jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) y constituido en Madrid el 3 de diciembre de 2020 ha otorgado los “Premios ¡Bravo!” que concede anualmente la CECS. Con estos galardones se reconoce «por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos” (Normas, art. 2).

A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el Jurado ha decidido otorgar los siguientes Premios ¡Bravo!:

  • Premio ¡Bravo! Especial:  Asociación de la Prensa de Madrid en su 125 aniversario.
  • Premio ¡Bravo! de Prensa:  Fernando García de Cortazar, SJ.
  • Premio ¡Bravo! de Fotoperiodismo: Fernando Lázaro por la foto de la morgue del Palacio de Hielo, publicada en la portada de “El Mundo”, el 8 de abril de 2020.
  • Premio ¡Bravo! de Radio:  Programa “Documentos” de Radio Nacional de España.
  • Premio ¡Bravo! de Televisión:  TRECE, por su aportación al pluralismo en el panorama televisivo en este año.
  • Premio ¡Bravo! de Cine:  a Goya Producciones por su documental “Morir en Paz”, de Andrés Garrigó.
  • Premio ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías: a CateQuizis de la productora de Infinito Más Uno.
  • Premio ¡Bravo! de Música:  Rozalén
  • Premio ¡Bravo! de Publicidad: para la campaña Ropa Vieja de la agencia CHINA para Adolfo Domínguez.
  • Premio ¡Bravo! a la Labor diocesana en Medios de Comunicación:  Ángel Cantero de la Fuente, de la archidiócesis de Valladolid.

El Jurado para la concesión de estos “Premios ¡Bravo!” ha estado compuesto por José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, que actuó como presidente y los vocales: Dña. Silvia Rozas, directora de la revista “Ecclesia”; D. Jesús Pulido, director de la BAC; D. José Luis Restán, director editorial de la Cadena COPE; D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E); D. Ulises Bellón, director del Departamento de Prensa de la CECS; D. Juan Orellana, director del  Departamento de cine de la CECS; Dña. CarmenMaría Alonso, decana de la Facultad de Comunicación de la UPSA; y D. José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información y del Secretariado de la CECS, que actuó como secretario del Jurado.

La entrega de los Premios ¡Bravo! tendrá lugar el próximo 27 de enero de 2021.



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