La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, no ratifica el cierre perimetral de Montefrío (Granada), mientras si lo hace en La Campana (Sevilla)

El municipio sevillano de La Campana podrá mantenerse confinado hasta el próximo 19 de mayo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha acordado no ratificar la orden del 12 de mayo de la consejería de Salud y Familias por la que se confina el municipio granadino de Montefrío. La Sala vuelve a incidir en que no es posible amparar interpretaciones extensivas que dieran cobertura jurídica a una limitación de derechos fundamentales de forma indiscriminada y masiva.

Así, comparten el razonamiento del TSJ de Castilla La Mancha en el que consideran que la Ley Orgánica 3/1986, de medias especiales en materia de Salud Pública no ampara limitaciones o restricciones de derechos fundamentales a gran escala o de grupos no identificados de personas, algo que sólo tiene cobertura con la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio.

Ratificación de la medida en La Campana (Sevilla)

Por otra parte, un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, que ratifica la medida de salud pública consistente en el confinamiento de la localidad sevillana de La Campana desde el día 13 de mayo hasta el día 19 de mayo, ambos inclusive, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Sevilla, reunido el día 12 de mayo, por razones de salud pública para la contención del Covid-19.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que, “apreciada la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas y descartadas otras menos gravosas, debe prevalecer el derecho a la salud ante el alto poder de contagio y el grave riesgo de salud pública para la ciudadanía, que determinó en España la declaración del estado de alarma mediante Reales Decretos 433/2020, de 14 de marzo, y 926/2020, de 20 de octubre, cuya vigencia, en este último caso, ha cesado hace apenas unos días”, todo lo cual “justifica que debamos ratificar la medida sanitaria urgente acordada aunque implique la restricción de derechos fundamentales”.

Tanto el titular como el contenido de esta noticia, están extraídos de la nota de prensa publicada en la web oficial de la Asociación Consejo General del Poder Judicial y puedes acceder a su contenido completo clickeando con el ratón AQUI

Share