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El Tribunal Supremo reconoce el derecho a una prótesis de última generación como reparación “íntegra” del daño en accidente laboral

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un trabajador que sufrió la amputación de su mano derecha a que se le implante una prótesis mioeléctrica de última generación y no la meramente convencional que está prevista para los supuestos de asistencia sanitaria ordinaria.

La prótesis reclamada por el trabajador permite hacer presión con todos los dedos de la mano biónica, y no solo con tres (como la convencional); además, la clásica solo permite la presión de pinza y la conseguida por el trabajador le permite realizar el agarre con todos los dedos de la mano.

El problema derivaba de que un Real Decreto de 2012 derogó la vieja norma de 1967 que venía regulando la asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo, tras lo cual se había venido entendiendo que la atención a prestar era la misma que en caso de accidentes ajenos al mundo laboral.

Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que esa derogación no suprime el principio básico de “reparación íntegra” de las secuelas del accidente laboral porque así lo requiere el Convenio nº 17 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por España desde 1925), además de que se trata de un principio implícito en la responsabilidad empresarial en materia de accidentes laborales. De este modo, el contenido de esta asistencia sanitaria queda “sujeto a las posibilidades razonables, pero sin las restricciones del catálogo de prestaciones sanitarias en contingencia común”.

La sentencia, fechada el 10 de octubre, viene a unificar los criterios discrepantes que sobre el tema mantenían los Tribunales Superiores y frente a ella no cabe recurso.



Los jueces decanos reclaman una nueva Ley de Planta y Demarcación

Los jueces y juezas decanos de España demandan la promulgación de una nueva Ley de Planta y Demarcación que sustituya a la vigente de 1988, al considerar que ha quedado obsoleta “pese a los últimos parches que ha sufrido a lo largo de estos años”.

La reclamación figura como primer punto del escrito de conclusiones de las XXIX Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, clausuradas hoy en Huelva, en el que también se pide que la Carrera Judicial recupere los derechos económicos perdidos, una vez superada la crisis económica, como ya lo han hecho otros sectores; y se considera “imprescindible” acabar con las distorsiones derivadas de las diferentes velocidades y medios de implantación del expediente judicial electrónico según los territorios.

Ante la situación en Cataluña, los decanos muestran su “total apoyo, afecto y solidaridad con los jueces y juezas que ejercen su labor en todos los Juzgados de Cataluña, en defensa del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho”.

Consulte aquí el documento íntegro de conclusiones.



Agenda de juicios de la semana del 21 de octubre de 2019

Lunes, 21 de octubre

 

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 20/19

Apropiación indebida

 

Acusado de aprovechar la “situación vulnerable” de su madre, de 91 años de edad “y en vías de ser declarada incapaz” para apropiarse de 24.374 euros que la mujer tenía en una cuenta bancaria.

 

Según el ministerio fiscal, “no tuvo más que llevarse a su madre de la residencia de ancianos en la que vivía y de la que quería salir para volver a su casa”, trasladarla a la casa del acusado –en otra comunidad autónoma- “y convencerla para que le apoderara en la cuenta bancaria, para luego hacer suyo el dinero referido en nueve reintegros de efectivo y transferencias a su propia cuenta”.

 

Continúa el escrito señalando que compró para él y para su familia “ropa nueva, relojes y una furgoneta de segunda mano”. “Al sustraer a su anciana madre la cantidad referida, dejó a la misma en una situación económica precaria y grave, puesto que la víctima no tiene, ni tenía en 2017, propiedades a su nombre”.

 

Señala el fiscal que la cuenta de la mujer quedó con 58 euros y que solo consta otra con 1.700 euros, por lo que “el acusado hizo suyos prácticamente todos los ahorros” de la anciana.

 

Los hechos tuvieron lugar en verano de 2017, cuando la mujer se encontraba inmersa en un proceso de incapacitación iniciado en mayo y que culminó con sentencia dictada en diciembre de ese mismo año declarando respecto de la mujer “su discapacidad plena para regir su persona y bienes, y para otorgar testamento”.

 

Según el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida por lo que solicita una condena de cinco años de prisión y multa de 4.500 euros. Además, considera que el acusado debe indemnizar a su madre en la persona de su tutor con 24.374 euros, la cantidad sustraída.

 

 

Martes, 22 de octubre

 

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Sumario Ordinario 30/18

Agresión sexual

 

Acusado de agredir sexualmente a una joven de 17 años, exnovia de un familiar.

 

Según el escrito de calificación fiscal, cuando ambos se encontraban en las escaleras del inmueble en el que reside el acusado, éste sacó un cuchillo de grandes dimensiones y se lo colocó en la zona del estómago “exigiéndola tener relaciones sexuales”.

 

La chica “le manifestó que no quería tener ningún tipo de contacto sexual con él, si bien, ante el temor que le inspiraba la situación y el lógico miedo a que el procesado utilizara el cuchillo contra ella”, el hombre pudo penetrarla vaginalmente.

 

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito de agresión sexual, por lo que solicita una condena de doce años de cárcel, alejamiento y prohibición de comunicación con la joven durante quince años e indemnización a favor de ésta de 20.000 euros por los daños morales ocasionados.

 

Nota:


Está previsto que este juicio continúe el miércoles 23 de octubre, a las 09,30 horas, y el miércoles 13 de noviembre, a la misma hora.

 

 



Medio centenar de jueces, fiscales y letrados asisten a un curso sobre criptomonedas y blanqueo para mejorar la respuesta judicial

Santander, 18 de octubre de 2019.-

 

Medio centenar de jueces, fiscales, letrados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y del Gobierno de Cantabria han participado ayer y hoy en un curso de formación en el que se han abordado cuestiones de actualidad del Derecho Penal Económico.

 

Bajo la dirección de la magistrada del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, Amaya Merchán, el curso se ha desarrollado en el marco del convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Cantabria para la formación de miembros de la carrera judicial del territorio.

 

Entre los temas tratados, destacan la respuesta judicial frente al blockchain y las criptomonedas en el comercio electrónico, o la jurisprudencia existente en materia de blanqueo de capitales. También han analizado la responsabilidad penal del asesor fiscal, así como distintos casos prácticos de relevancia pública como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Noos’.

 

Entre los ponentes, destaca la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar o el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel Alarcón Estella.

 

Junto a ellos, han intervenido la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria Paz de la Cuesta Aguado, y el abogado del Estado Edmundo Bal Francés.



El juez continúa el procedimiento contra seis investigados en una pieza separada de los ERE por las ayudas de 8,4 millones a un grupo de empresas vinculadas al corcho

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra seis personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde se investigan las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a un grupo de empresas vinculadas a A.R.B., como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

En un auto fechado el día 16 de octubre, el instructor decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra los seis investigados al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

El magistrado explica que, en esta pieza separada, no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en la causa de procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas”, siguiendo así “el criterio a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, entre otros, en autos de 21 y 26 de marzo y 3 de abril de 2019, “que confirman la exclusión de la presente causa de los anteriormente citados”.

Los seis investigados son A.R.B., vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como P.M.O.; S.M.M.B., como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla.

El magistrado relata en el auto que, de lo actuado, se desprende que tales ayudas se habrían concedido, por parte de responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”.

De este modo, prosigue el juez, estas ayudas “se habrían concedido sin sumisión a procedimiento legal alguno por parte” del director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, quien “ordenaba los pagos a la agencia IFA-IDEA con cargo a fondos públicos a través del programa presupuestario 31-L”.

El juez añade que ello se hizo “bajo la supuesta cobertura del Convenio Marco de Colaboración suscrito el 17 de julio de 2001” entre la Consejería de Empleo y el IFA y “como medio para eludir la disciplina y los correspondientes controles legales de la correspondiente ayuda o subvención”, tras lo que analiza una a una todas las ayudas recibidas por este grupo de empresas.

En este punto, subraya que, de lo actuado, “se deduce que el investigado A.R.B., administrador de hecho y/o derecho de las empresas, habría obtenido con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para los que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo que ascenderían a la cantidad aproximada de 9 millones de euros con cargo a los fondos públicos y a través de IFA/IDEA”.

“Conocedor de que la Consejería de Empleo, dirigida entonces por José Antonio Viera, podía otorgarle una subvención al margen de la legalidad vigente, consiguió que el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el viceconsejero, Antonio Fernández, le concedieran las ayudas descritas”, subraya el instructor, que seguidamente se refiere al empresario portugués F.M.O., que “resultaría ser el administrador de hecho de varias de las empresas del grupo” y que tuvo una participación “directa y activa”, y a R.B.M., “partícipe y coadministrador de las empresas del grupo, receptoras de las ayudas ilícitamente obtenidas”.

Asimismo, el juez asevera que, de lo actuado, “cabe deducir también la existencia de indicios de criminalidad” contra S.M.M.B., quien “figura como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias mercantiles” del grupo, “siendo además el director financiero del grupo de empresas vinculadas y dirigidas” por A.R.B. y “manteniendo relaciones” con Guerrero “al haber sido secretario del PSOE de Cazalla de la Sierra y gerente de Turismo Andaluz”.

Así, “los administradores, directivos y responsables de las empresas beneficiarias de las ayudas”, en relación a estos cuatro últimos investigados, “participaron directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de aquéllas prestaciones, resultando conocedores de que se había prescindido de los principios y de los procedimientos legalmente procedentes, teniendo en cuenta que no cumplieron con las exigencias y requisitos legales que a ellos, cuando menos, les correspondían para la obtención de tales ayudas”.

De este modo, y según expone el juez en el auto, “ni tan siquiera presentaron formalmente la correspondiente solicitud –motivada y justificada- de la subvención ni, por consiguiente, elaboraron ninguna declaración sobre la posible obtención de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, ni acreditaron los requisitos necesarios para obtener la correspondiente ayuda excepcional”, mientras que tampoco justificaron “el destino o empleo de los fondos públicos obtenidos”.

En relación a M.E.R.C., el instructor señala que, como delegado provincial del IFA en Sevilla desde 2002 hasta 2004, habría mantenido diversas reuniones con A.R.B. y S.M.M.B. “en relación a la posible obtención” de las ayudas públicas, “llegando a concertar con A.R.B. la concesión de tres ayudas de las que di traslado” a Guerrero “para su tramitación”.

“Aunque la decisión final sobre la concesión de las ayudas recayese sobre el director general de Trabajo, M.E.R.C. habría tenido participación en el favorecimiento y tramitación de las ayudas concedidas”, y todo ello “debiendo ser conocedor, en virtud de su cargo y sus contactos con los responsables de la Consejería de Empleo, del mecanismo fraudulento, al margen de toda legalidad, llevado a cabo para la concesión de las ayudas a través del sistema de transferencias de financiación en favor de IFA/IDEA”, concluye el magistrado.



Condenan a 30 años de prisión al acusado de asesinar a su expareja en Canteras (Cartagena)

La Audiencia Provincial de Murcia, en sentencia notificada hoy a las partes, ha condenado a A.S.C. a la pena de 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco, y de un delito continuado de amenazas, con la concurrencia de las agravantes de parentesco y de razón de género.

Según declaró probado el jurado, el acusado, utilizando una escalera que previamente había adquirido en una ferretería, accedió a la vivienda donde residía su expareja. Cuando ésta llegó a casa, la cogió por el pelo, sin que tuviera posibilidad de defensa alguna, la llevó al comedor y la hirió en la mano y el brazo con un cuchillo. Aunque los abuelos, que llegaron después, trataron de que depusiera su actitud, el acusado “comenzó a clavarle el cuchillo de forma reiterada, persistente y sistemática, a pesar de los gritos de dolor de la víctima, aumentando deliberadamente el dolor de la misma”, causando múltiples heridas que provocaron su muerte.

El magistrado aprecia un concurso ideal-medial del delito de allanamiento de morada, “como medio de comisión o facilitación de la comisión de un delito de asesinato” y, por este, con las circunstancias agravantes ya indicadas, establece una pena de prisión de 27 años. Para la determinación de la pena, el presidente del jurado tiene en cuenta que “los hechos enjuiciados son de evidente gravedad, no solo por su calificación jurídica que lleva ínsita la pena antes señalada, sino por la forma en que sucedieron los hechos, cincuenta heridas propinadas a la víctima de veintidós años”.

Además, se le impone una pena de 3 años de prisión, de conformidad con el veredicto de culpabilidad del jurado, que declaró probado que los hechos eran constitutivos de un delito continuado de amenazas por los mensajes que por audio y WhatsApp el acusado había mandado a la chica, manifestándole que iba a ir “a por ella”, así como que le había olvidado “en dos días”, que ahora ella estaba “follando” y que “eso es de guarra”.

En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado deberá, indemnizar con 320.000 euros a la familia de la fallecida. Y, por último, el tribunal le impone la prohibición de acercarse a los padres y la hermana de la víctima a una distancia inferior a 300 metros y de comunicarse con ellos por sí mismo o a través de terceras personas y por cualquier medio.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

 



El Tribunal Supremo anula el apartado del Reglamento de Inspección tributaria sobre el momento para comunicar la existencia de indicios de delito fiscal

La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.

Para la Sala, esa previsión contenida en el artículo 197.bis “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.

“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega la sentencia.

En su sentencia, de la que sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala estima parcialmente un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

La estimación es parcial porque el Supremo rechaza la impugnación que AEDAF también realizaba de otros tres artículos del Reglamento General. En concreto, el artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 184.2 del citado Reglamento General.

La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, considera que el apartado que permite a la Administración comunicar los indicios al juez o fiscal tras la liquidación o la sanción sí era conforme a derecho. Argumentan que “las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado José Díaz Delgado, cree que la sentencia debió anular, además del apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento, el artículo 74.1 h relativo a las multas penales



El Tribunal Supremo confirma las penas de entre 14 y 15 años de prisión a los acusados de agredir sexualmente a una joven en Collado Villalba (Madrid) en 2015

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 15 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a dos de los tres acusados de agredir sexualmente a una joven en Collado Villalba en marzo de 2015. También ha confirmado la pena de 14 años de prisión fijada para un tercer condenado por estos mismos hechos. 

El tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por los tres condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que acordó las citadas penas por un delito continuado de agresión sexual y, además, impuso a cada uno de ellos siete años de libertad vigilada a cumplir tras su salida de prisión. 

La sentencia confirmada describe que en el momento de los hechos “los tres acusados eran hombres adultos cercanos a la treintena de edad frente a una joven de 18 años escolarizada”. La Sala añade que el relato de hechos refleja la reiterada negativa de la adolescente y cómo la relación sexual se impuso en un contexto de total desvalimiento ante tres adultos que impusieron concertadamente su voluntad, sin que los sucesos estén siquiera despojados de algún acometimiento físico que objetivamente exteriorizaba que los agresores podían estar determinados a un uso más contundente de la fuerza.

El relato de la sentencia define así que las relaciones sexuales no solo fueron contrarias a la explícita oposición de la víctima, sino que la joven se vio forzada a practicarlas por el lógico e ineludible temor de sufrir males mayores, en el contexto de acorralamiento y sumisión que los acusados directamente impulsaron y le impusieron para poder consumar sus deseos sexuales.

Intimidación ambiental 

La Sala de lo Penal reinumerosos tera su doctrina sobre el concepto de intimidación ambiental y explica que   en numerosas situaciones la intimidación no se verbaliza de un modo directo, ni siquiera se exterioriza físicamente de una manera determinada y explícita. Agrega que son los supuestos en los que el amedrentamiento, incluso preordenado a la consecución de un fin concreto y específico, puede proyectarse de modo consciente, y de manera paralelamente comprensible para el destinatario, sin necesidad de un lenguaje verbal o de un lenguaje gestual manifiesto e incontestable. En el conjunto de las relaciones humanas, en ocasiones, el contexto aporta un significante o un componente material con un contenido comunicacional esencial y determinante, de modo que resultaría absurdo evaluar el comportamiento y la intencionalidad del emisor del mensaje desde una interpretación aislada de la conducta. El contexto, y la forma en que se encadena con la actuación humana, son elementos que -considerando las convenciones humanas y la realidad social en el que se desarrollan- pueden interactuar de una forma tan inseparable y sugerente, que ningún observador ecuánime dudaría sobre su significado o sentido. 

La sentencia explica que la falta de anuncio de daño no siempre es equivalente a ausencia de intimidación, como tampoco desaparece el amedrentamiento cuando no exista una real intención de causar el mal sugerido. Siempre que el sujeto activo perciba que hay razones objetivas para infundir temor y que esa sospecha es materialmente adecuada para modificar la que sería la libre opción del destinatario, la instrumentalización de esa situación para la consecución de los fines que pretenden favorecerse integra el concepto legal de intimidación. Es a este tipo de intimidación al que podemos denominar intimidación ambiental. 

Agravante de violación múltiple 

La sentencia confirma la aplicación de la agravante del artículo 181.1.2ª del Código Penal prevista cuando el hecho delictivo lo cometen dos o más personas. El tribunal explica que participar en la aportación de la violencia o de la intimidación para favorecer que otro consume la penetración, puede ser un acto de autoría material, no de cooperación necesaria, de suerte que no se trataría de un supuesto de participación en el hecho de otro y la aplicación de la cualificación prevista en el artículo 180.1.2.ª del Código Penal no supondría el quebranto del principio del non bis in ídem. Se excluye también este quebranto cuando los distintos partícipes han sido autores materiales de una penetración y, con intercambio de roles, han aportado la violencia o intimidación para la consumación de la penetración por otro partícipe, si todos los hechos se han subsumido dentro de un delito continuado de los artículos 178, 179 y 180.1.2.ª, en relación con el artículo 74 del Código Penal. 

De este modo, “se excluye claramente la consideración del delito de agresión sexual como de propia mano, de manera que serían autores -coautores materiales- todos aquellos que, actuando concertadamente en la ejecución del hecho e interviniendo directamente en su ejecución más inmediata, ostentan el dominio funcional de su desarrollo y realizan aportaciones esenciales para su consumación”, subraya el tribunal.

La Sala recuerda la jurisprudencia que alude a la imposibilidad de construir la continuidad delictiva en los casos en los que los sujetos activos se van turnando en la penetración sexual de una misma víctima en los términos contemplados en el artículo 179 del Código Penal (agresión sexual). Por ello, rechaza el motivo de la supuesta arbitrariedad en la individualización de la pena que alegaban los recurrentes y considera que se ha aplicado erróneamente la continuidad del delito.

En este sentido, indica que los acusados no vienen condenados por un delito de agresión sexual que podría justificar por sí mismo la pena que se les ha impuesto, sino que han sido condenados por un delito continuado de agresión sexual que abarca la violación por tres individuos distintos; “máxime si se considera que una correcta calificación de los hechos hubiera determinado la condena por otros tantos delitos independientes de agresión sexual”. La Sala explica que está obligada a mantener esta calificación por la ausencia de impugnación de este extremo y por presentar un contenido favorable a los recurrentes.

 

 

 

 



El Tribunal Supremo rechaza la petición de VOX contra la decisión de la Junta Electoral Central de no suspender la exhumación de Franco

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha acordado que no ha lugar a la suspensión cautelarísima, solicitada por VOX del acuerdo del Presidente de la Junta Electoral Central de 11 de octubre que, a su vez, inadmitió la petición de suspensión que le fue solicitada por dicho partido político del acuerdo del Consejo de Ministros de la misma fecha, que se refiere a la exhumación y reinhumación de los restos mortales de Franco.

El acuerdo del Presidente de la Junta Electoral Central que se acaba de enunciar inadmitió las pretensiones formuladas “por ausencia manifiesta de fundamento en relación con las competencias que corresponden legalmente a la Junta Electoral Central”.

En su auto, el Supremo indica que la entidad recurrente no formula ningún alegato que critique o enerve la apreciación del acto recurrido que considera que el repetido acuerdo de Consejo de Ministros es ejecución de una sentencia firme sobre la que no tiene que conocer la Junta Electoral Central.

“Consideramos atendible el criterio del acto recurrido –señala el Supremo--. Al apreciar que el acuerdo de Consejo de Ministros es ajeno al procedimiento electoral decaen por inconsistencia los argumentos que defienden la extrema urgencia de la medida cautelar que se nos pide”.

También razona que si se accediera a la pretensión de suspensión cautelarísima del acto de la Junta Electoral Central en los términos que pide VOX, la Sala estaría obviando las atribuciones que la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, atribuye a la Junta Electoral Central y la sustituiría indebidamente en el ejercicio de las mismas, desbordando el ámbito de ejercicio de nuestra jurisdicción. Todo ello sin audiencia previa de la Administración electoral demandada y con la única cobertura de un acto administrativo previo de inadmisión de la pretensión formulada, que razona una falta de competencia.

En tal situación considera obligado dar prevalencia al criterio que expresa el Presidente de la Junta Electoral Central en el acto impugnado, sin perjuicio de que prosiga la tramitación de esta pieza como petición de suspensión cautelar, donde ya se da audiencia a la administración electoral demandada.



El Tribunal Supremo establece que toda absolución da lugar a una indemnización al perjudicado que haya sufrido prisión preventiva

La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha establecido que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. Es la primera sentencia dictada por el Supremo en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, del pasado mes de junio, que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución ‘por inexistencia del hecho imputado” o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre.

El Supremo señala que, como consecuencia de la sentencia del TC, del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha desaparecido la mención a que la absolución se haya producido “por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre”. Es decir, que dicho artículo, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, pasa a decir: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

El TS indica que, pese a la advertencia del Constitucional en su sentencia de la falta de automatismo en la indemnización, lo cierto es que el TC ha procedido de hecho a dar una nueva redacción al precepto, que supone que “salvo los supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe ser indemnizado”.

“Esto es -añade la sentencia-, aunque el Tribunal Constitucional difiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención <<por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre>>, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización”.

En el caso concreto examinado en la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, se condena a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional por decisión de un Juzgado de Instrucción de Hospitalet de Llobregat tras ser denunciado por un delito de violación y un delito de lesiones. La prisión se decretó el 25 de octubre de 2013, y el hombre fue absuelto el 10 de octubre de 2014 por la Audiencia de Barcelona, que decretó además su libertad provisional.

La citada indemnización por prisión preventiva indebida se suma a los 6.750 euros de indemnización que ya le reconoció la Audiencia Nacional en primera instancia por las dilaciones indebidas en la tramitación de su proceso penal. Es decir, en total percibirá 9.750 euros.

Una vez que su absolución penal fue firme, el hombre presentó una reclamación patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ante el Ministerio de Justicia, que no fue atendida. Contra esa decisión planteó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en reclamación de una cantidad total de 155.250 euros (140.400 euros por la prisión indebida y 14.850 euros por dilaciones indebidas). La Audiencia Nacional, en su sentencia, desestimó la pretensión del recurrente en relación a la petición de 140.400 euros por haber sufrido "prisión provisional" durante 351 días por considerar que era un caso de absolución por inexistencia subjetiva (absolución por la aplicación del Principio de Presunción de inocencia), no indemnizable.

Sobre la cuantía de la indemnización por prisión indebida, el Supremo recuerda que la Ley señala que se establecerá “en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”. Asimismo, indica que hay que partir de la obligación que corresponde a la parte demandante de acreditar los daños y perjuicios que se alegan causados por la prisión provisional, de forma tal que sobre ella recae la obligación de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños efectivamente causados.

En el presente caso, el TS subraya que la parte se ha limitado a solicitar una indemnización fijando una cantidad global por cada día de privación de libertad, petición que sólo viene apoyada en dos datos, de un lado la edad del demandante (31 años) y de otro, la carencia de antecedentes penales. Consiguientemente ninguna referencia se realiza a circunstancias laborales y familiares del recurrente que pudieran haberse visto afectadas por la prisión, las cuales tampoco se deducen del expediente administrativo y más en concreto de las actuaciones penales.

“Siendo esto así, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso del delito imputado, en este caso un delito de violación”, indican los magistrados.

Respecto del primer elemento, se tiene en cuenta que el recurrente, en la sentencia de la Audiencia Nacional, fue indemnizado por dilaciones indebidas con la cantidad de 6.750 euros, cantidad reconocida que se mantiene y que toma en consideración el retardo en la tramitación procesal del asunto, que tuvo como directa consecuencia la mayor duración de la situación de prisión. Esto es, al indemnizarse las dilaciones, uno de los daños a tener en cuenta es la mayor duración de la privación de libertad, circunstancia que, para evitar duplicidades, se tiene en consideración al establecer el "quantum indemnizatorio" en 3.000 euros, a partir de las anteriores consideraciones y a falta de otros elementos acreditativos de mayores daños.



Pilar de la Oliva preside la Apertura del Año judicial 2019-2020 en la Comunidad Valenciana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha celebrado hoy miércoles, 16 de octubre su Solemne Acto de Apertura del Año Judicial 2019-2020 en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Se adjunta el discurso de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva.



Antonio Terrasa preside la apertura del año judicial 2019-2020 en Illes Balears

El presidente del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Antonio Terrasa García, ha presidido este miércoles 16 octubre el acto de apertura del año judicial 2019-2020, en una sala de vistas del edificio Cetis de Eivissa. Terrasa García, ha estado acompañado del vocal del Consejo General del Poder Judicial, Mario Macías; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la subdirectora general de Organización y Coordinación Territorial del Ministerio de Justicia, Judith González Pedraz.

También han asistido varios miembros de la Sala de Gobierno del TSJIB: el presidente de la Audiencia Provincial de Balears, Diego Gómez-Reino; el presidente de la Sala de lo Social, Antoni Oliver; la Secretaria de Gobierno del TSJIB, Silvia Martínez; y el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló. Además de magistrados y letrados de la Administración de Justicia, representantes de los operadores jurídicos, y de diferentes instituciones de Eivissa, entre ellos el president del Consell d’Eivissa, Vicente Marí y el director insular de la Administración General del Estado en Eivissa y Formentera, Enrique Francisco Sánchez.

El presidente ha destacado el incremento en el número de asuntos registrados en Baleares de enero a junio en relación al mismo periodo de 2018, que pasan de 75.951 a 75.988; en cambio, los casos pendientes de resolver muestran un descenso, de 61.445 a 61.395 (ver estadística adjunta). Aun así, Antonio Terrasa ha resaltado la necesidad de mantener los refuerzos en las jurisdicciones con mayores dificultades en Balears.

En el caso de Eivissa, el presidente del TSJIB ha destacado el impacto por la disfunción ocasionada por el incendio del edificio judicial. Los juzgados de lo Penal de la Isla han experimentado un notable descenso de asuntos resueltos, que pasan de 398 en el primer semestre de 2018 a 154 en el primer semestre de 2019. En relación a los juzgados de instrucción, también se han incrementado los asuntos pendientes que han pasado de 2.746 a 3.345; y han bajado los asuntos resueltos de 4.227 a 2.619.

Por otra parte, los asuntos pendientes en los juzgados de primera instancia en Eivissa han experimentado un incremento si comparamos los que quedaron pendientes en el primer semestre de 2018 con los de 2019, en concreto de 3.982 a 5.915. Detectamos un descenso también en los asuntos resueltos que pasan de 2.838 a 3.538; y en cambio un crecimiento de los asuntos registrados de 3.304 a 4.485.

La jurisdicción social en la isla ha experimentado también un gran incremento de los asuntos pendientes al final, que pasan de 807 durante el primer semestre del año 2018 a 1.020 durante el mismo periodo de este año. Igual que los asuntos que tiene pendiente el Juzgado de Violencia contra la Mujer que son 47 civiles más y 122 penales más que durante el mismo periodo de 2018.



El juicio contra 22 investigados por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona se celebra este jueves

El juicio contra 22 investigados por un supuesto delito leve de usurpación de inmueble por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona comenzará mañana, 17 de octubre, a las 10 horas, en el Palacio de Justicia de la capital navarra.

La vista oral, que se celebrará en la sala de vistas 102 (1ª planta) ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, comenzará con la declaración como testigos de seis policías forales.

A continuación, se procederá al interrogatorio de los investigados y, posteriormente, comparecerán como testigos la directora del Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra, así como tres técnicos del citado servicio.

El magistrado, sin embargo, denegó la declaración como testigos del consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra y del jefe de la Policía Foral.

A continuación, tras la fase testifical, se llevará a cabo la prueba pericial y la exposición de las partes en apoyo de sus pretensiones, sin perjuicio de lo que pueda acordarse a la vista de las pruebas que se propongan en el acto del juicio.

(NOTA INFORMATIVA: Las radios podrán recoger el audio y las televisiones podrán tomar imágenes del juicio en la Sala de Prensa del Palacio de Justicia. Para ello, necesitarán traer sus equipos de grabación para acceder a la señal institucional que se ofrecerá).



El juez encausa por delito medioambiental a dos directivos de la adjudicataria del Proyecto Castor

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha dictado auto de procedimiento abreviado contra dos de los investigados por el denominado ‘Caso Castor’, concretamente dos directivos de la empresa Escal UGS SL, adjudicataria de del proyecto de almacenamiento de gas en la costa de esta localidad castellonense. El juez ha adoptado la misma decisión respecto de la mercantil, como persona jurídica.

En cambio, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén.

En un auto fechado ayer y que ha sido notificado ya a las partes, el juez instructor relata que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 con la fase de inyección de gas en la planta “a caudal nominal”, pese a que eran “conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear”.

Esa actividad en el gasoducto provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

“En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas”, precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre –añade en la resolución- “a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores”.

Esa situación desencadenó una “gran serie de sismos en la zona” (hasta 519) que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó daños de consideración en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, “una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno”.

Es más, tal y como recoge el auto, “hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente”.
El juez instructor ha acordado en cambio, en otro auto dictado de forma paralela al anterior, el sobreseimiento libre de las diligencias para otras diez personas, pues entiende que no incurrieron en un delito de prevaricación medioambiental.

Por el contario, su actuación en la tramitación de proyecto, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable, incluyó la firma de un convenio que, probablemente, permitió advertir el riesgo de peligrosidad sísmica que la actividad podía acarrear, “y muy probablemente, la realidad, sin dicha monitorización sísmica, después de los más de 500 sismos producidos en septiembre del año 2013, sería catastrófica”.



Agenda de juicios penales en Canarias del 21 al 25 de octubre de 2019

Audiencia Provincial de Tenerife

Sección V

21 de octubre

10.00 horas. PA 26/2019 Estafa

23 de octubre

10.00 horas. PA 52/19 Robo con violencia

Sección VI

21 de octubre

9.30 horas. PA 28/19. Contra la salud pública. Fiscal pide cinco años y seis meses.

10.30 horas. PA 28/17. Estafa y apropiación indebida. Fiscal pide 2 años y 6 meses.

Audiencia Provincial de Las Palmas

Sección I

22-25 de octubre

10’00
Rollo 12/19 (Proviene de Instrucción 2 Arrecife)
Delito: Falsificación de documento oficial

Sección II

21-25 de octubre

10’00
Tribunal del Jurado 45/19
Delito: Homicidio

22 de octubre

9’30
PA 94/18
Delito: Tráfico de drogas

23 de octubre

9’30
PA 48/19
Delito: Apropiación indebida, hurto

Sección V

22 de octubre

9’45
PA 87/18
Delito: Agresión sexual

23 de octubre

9’45
PA 94/18
Delito: Estafa

 



Astor reivindica el “derecho a la felicidad” en la inauguración del año judicial en Santa Cruz de Tenerife

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, reivindicó el “derecho a la felicidad” de la ciudadanía el pasado viernes, en su discurso de inauguración del año judicial 2019-20 en el ámbito de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

“No podemos aceptar que nuestra Constitución, que sin duda ha tenido en cuenta el marco histórico constitucional, haya querido olvidar la felicidad de los ciudadanos como bien esencial del ordenamiento social”, dijo el magistrado ante una abarrotada sala de actos, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la capital santacrucera.

El magistrado esbozó las diversas injusticias que lastran el ansia de felicidad del hombre moderno, y destacó entre éstas la violencia sobre la mujer y su discriminación por puro machismo: “No es justo que en nuestra sociedad del Siglo XXI sigan muriendo mujeres por el hecho de serlo, como una manifestación más cruel y final de una expresión de poder y dominio del hombre. Cuando desde algunos sectores se pretende ignorar esta triste realidad, 46 mujeres han sido víctimas de homicidios por su pareja en lo que va de año y 1021 desde 2003 (a fecha 24 de septiembre de 2019), siendo nuestra Comunidad la que tiene el macabro honor de ser la segunda en número de fallecimientos, tras una Comunidad mucho mayor”, expuso.

El presidente de la Audiencia Tinerfeña agregó, “no es justo que el cuerpo de la mujer se pretenda cosificar en la prostitución y en la trata; que sea objeto de las agresiones sexuales que atacan la libertad y la dignidad de la mujer”, pero, matizó, “ tampoco es justo que se confunda Justicia con venganza; que se pretenda penas desproporcionadas que convertirían a la agresión sexual en un delito de mayor gravedad que el propio asesinato, poniendo de esa forma en mayor peligro la vida de la mujer agredida. No es tampoco justo que la defensa de los derechos de la mujer arrase con el derecho a la presunción de inocencia que asiste a todos los ciudadanos”.

Durante su alocución, el magistrado también recalcó la injusticia que supone que sigan muriendo personas en su desesperado intento de alcanzar un mundo mejor subidos a una patera, y recordó que igualmente tampoco hay Justicia cuando a esos inmigrantes, al llegar a tierra –en este caso a Canarias- sean detenidos en un centro de internamiento “en peores condiciones que los criminales en el centro penitenciario”, cuando, enfatizó, “no han cometido delito alguno, más allá de una mera infracción administrativa”.

Astor Landete recordó las necesidades de la Justicia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: la creación de la Ciudad de la Justicia capitalina con sede en Cabo Llanos; la puesta en funcionamiento de la oficina integral de asistencia a las víctimas del delito; la creación de salas para testigos; la culminación de la informatización de los órganos judiciales hacia el expediente electrónico; la implantación de la oficina judicial; la creación de un cuerpo de peritos judiciales, con especial atención a peritos intérpretes y mejora del Gabinete de psicólogos forenses, con especialización en violencia de género; la creación de un Protocolo General de actuación en asuntos de inmigración; la puesta en marcha del Protocolo de Seguridad en los edificios judiciales y la culminación del proceso de composición de las seis salas de la Audiencia Provincial con cuatro magistrados.

En el acto también intervino la fiscal jefe de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, quien tuvo una participación testimonial en el acto, al haber presidido la semana anterior la ceremonia de apertura del año judicial en el ámbito autonómico.

 



La Audiencia de Burgos acuerda que el juicio por el ‘caso Arandina’ sea a puerta cerrada

La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado una resolución por la que acuerda que el juicio contra los tres jugadores de fútbol acusados de agresiones sexuales a una menor, que comenzará el próximo 21 de noviembre, se celebre a puerta cerrada conforme a lo preceptuado en el artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

La Audiencia ha tomado esta decisión para la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular el derecho a la intimidad de la víctima (menor de edad), el respeto debido a la misma o a su familia, así como para evitar a la víctima perjuicios relevantes que podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. 

La Sala ha acordado además prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, así como la divulgación o publicación de imágenes de la misma o de sus familiares. Durante la celebración del juicio, deberá evitarse igualmente el contacto directo entre la víctima y sus familiares, por un lado, y los acusados, por el otro. 

Así mismo, la Audiencia ha declarado pertinentes las pruebas propuestas por la acusación y la defensa en sus respectivos escritos para su práctica en el acto de juicio oral. 

El juicio se desarrollará durante los días 21, 22, 25, 26 y 27 de noviembre a las 10:00 horas en el Palacio de Justicia de Burgos.



Condenado a diez años de cárcel un exjefe militar de ETA por el traslado de armas y material explosivo a Portugal para cometer atentados

La Audiencia Nacional ha condenado a diez años de cárcel al que fuera jefe militar de ETA M.K.C.S., “Ata”, y a nueve años al miembro liberado de la banda terrorista J.E.O. por el traslado de armas y de material explosivo desde Francia a Portugal para la comisión de atentados en España y que no llegaron a su destino al ser interceptados por las fuerzas de seguridad.

En una sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Penal, con voto particular discrepante del magistrado Ramon Sáez, condena a Ata, quien reconoció los hechos durante el juicio, y a J.E.O. por un delito de depósito de armas y municiones y de depósito de sustancias y aparatos explosivos y de sus componentes con finalidad terrorista y absuelve al primero de falsificación de documento oficial al concurrir la excepción de cosa juzgada.

Los hechos probados de la resolución relatan cómo a principios de 2010 ETA disponía en la localidad portuguesa de Óbidos de una vivienda como base de apoyo logístico con vistas a la ejecución de atentados terroristas en España. Explica que Ata, entonces jefe militar de ETA, alquiló una furgoneta y un turismo para que otros dos miembros de la organización trasladaran desde Francia material explosivo, armas, placas de matrícula falsas y otros útiles para la comisión de sus acciones terroristas.

El día 9 de enero, los miembros liberados de la organización terrorista G.G.A. e I.Y.O. -ya condenados por estos hechos- iniciaron el viaje desde el sur de Francia hasta España con destino final en Portugal. Uno de ellos conducía la furgoneta con el material y la otra el turismo que hacía de lanzadera. La noche de aquel día, señala la Sala, fueron interceptados en Bermillo de Sayago (Zamora) por una patrulla de la Guardia Civil. Tras un forcejeo con los agentes, G.G.A. consiguió hacerse con el vehículo de la Guardia Civil y huir hacia Portugal, donde fue detenido minutos más tarde, al igual que su compañera que conducía el turismo que hacía de lanzadera.

Una vez analizado el material intervenido, indica el Tribunal, además de diez kilogramos de pentrita, se identificaron armas y una gran cantidad y variedad de componentes de los utilizados por ETA para la confección de los artefactos explosivos empleados en los atentados. Precisa que material intervenido “hubiera sido bastante para la fabricación por parte de ETA de un total de más de doscientos dispositivos para la comisión de atentados terroristas”.

Las huellas de J.E.O.

La sentencia explica que en la cinta adhesiva de un recipiente de plástico amarrillo que viajaba en la furgoneta y en cuya parte exterior figuraba la inscripción manuscrita “Elektro Materiala” se identificaron siete huellas dactilares correspondientes a los dedos índice y derecho de J.E.O., quien habían pasado a la clandestinidad en septiembre de 2009 como miembro liberado de ETA y había empezó a realizar misiones para la banda el mes siguiente.

“Bajo la dirección del jefe del aparato militar de la banda M.K.C.S., de común acuerdo con este y uniendo esfuerzos con el mismo, tuvo a su disposición los componentes explosivos antes citados e intervino en la preparación de la remesa de explosivos, armas y municiones precedentemente descrita que salió de Francia en la furgoneta IVECO-DAILY con destino a la casa de Óbidos en Portugal y que fue intervenida en Zamora el 9 de enero de 2010”, refiere la Audiencia.

La Sala concluye, tras la valoración de la prueba, que el traslado del material a Portugal tenía como fin su almacenamiento en una base de operaciones de ETA en aquel país con el objetivo de la comisión de atentados, “teniendo todos los partícipes, incluidos los dos ahora acusados, dominio funcional conjunto del hecho y habiendo realizado cada uno sus aportes sustanciales al plan común”.

Los magistrados descartan la excepción de cosa juzgada alegada por J.E.O. al haber sido ya condenado en Francia por los mismos hechos. La resolución señala que tras analizar las resoluciones francesas se infiere que mucho antes de la comisión de los hechos que dieron lugar a la condena en el país galo el ahora acusado ya había sido imputado y se había dictado auto de prisión y busca y captura, lo que constituye una ruptura jurídica y comporta que las nuevas tenencias sentenciadas en Francia constituyen un nuevo delito.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Ramón Sáez favorable a la absolución de J.E.O. al entender que ya fue condenado en Francia por asociación criminal de naturaleza terrorista, falsedad documental y depósito de armas, municiones y explosivos y se trataría de cosa juzgada. “Los hechos del juicio forman un delito permanente con los que fueron condenados en la sentencia de Francia. Son la misma unidad objetiva”, explica.

“Entre la condena anterior y la que se pronuncia ahora en nuestra sentencia hay identidad subjetiva, objetiva y de fundamento –mismo agente, unidad fáctica e idéntico delito-, por lo que podríamos incurrir en un bis in idem o doble condena de los mismos hechos, vedado constitucionalmente”, concluye este magistrado.

 



La Audiencia de Navarra confirma los indicios de delito para juzgar al responsable del anuncio del ‘Tour de la Manada’

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha confirmado la resolución del juez instructor en la que apreciaba la existencia de indicios para juzgar por un delito contra la integridad moral al responsable del anuncio del ‘Tour de la Manada’. La decisión es firme.

El pasado abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona aseguró que el anuncio en una página web de un denominado ‘Tour de la Manada’, en el que se publicitaba el recorrido por las calles de la capital navarra seguido por los condenados por la violación grupal perpetrada en los Sanfermines de 2016, constituía “un trato vejatorio para la víctima del delito”.

Ese auto fue recurrido por la defensa del investigado, que solicitó el archivo de la causa, al entender que la resolución del juez instructor carecía de motivación sobre la presunta comisión de un delito contra la integridad moral. Alegó, además, que el contenido de la web era “falso” y tenía por objeto efectuar “una denuncia social contra el sensacionalismo de los medios de comunicación”.

El Ministerio Fiscal, por su parte, si bien consideró que el auto no adolecía de falta de motivación, también abogó por el archivo de la causa al considerar que los hechos analizados “no constituyen un acto claramente vejatorio con entidad suficiente para ser considerado como constitutivo de un delito contra la integridad moral de la víctima, ya que no presentó una intensidad lesiva” para producir el resultado perseguido.

Al respecto, según el fiscal, tampoco había expresiones degradantes o vejatorias hacia la denunciante y no se vislumbraba en la página web “un ánimo de escarnio, humillación o menosprecio a la víctima, ni de exaltación o enaltecimiento de lo sucedido”.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la víctima de la violación sufrida el 7 de julio de 2016, reclamó la desestimación de los recursos y pidió, por tanto, la celebración del juicio oral.

En la resolución, la Audiencia expone que, de forma indiciaria, el contenido de la página web, “ampliamente divulgada en internet”, supone “un acto inequívocamente humillante y vejatorio, capaz de crear en la víctima sentimientos de angustia y de inferioridad, susceptibles de trato degradante, que es previsible dañe la integridad moral de quien fue la víctima de un grave hecho delictivo”.

Por todo ello, para los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra, en este momento procesal, el contenido de la página resulta suficiente “para apreciar una posible perpetración” del citado delito.



La transparencia y la publicidad de las actuaciones judiciales, eje de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo 2019

Los principios de transparencia y de publicidad de las actuaciones judiciales serán el eje de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo 2019, que este año se celebrarán los días 17, 18 y 19 de octubre.

El Portal de Transparencia del alto tribunal, que entró en funcionamiento en 2017, o el reciente juicio del ‘procés’ –cuya retransmisión en streaming en la página web www.poderjudicial.es recibió más de un millón de visitas durante los cuatro meses de vista oral- son ejemplo del compromiso de este órgano para que su función jurisdiccional, además de rigurosa y objetiva, sea al mismo tiempo una labor cercana, conocida y familiar para los ciudadanos.

Exposición “Un siglo de fotoperiodismo judicial en las Salesas”

Esa proximidad, sin embargo, forma parte de la cultura del Tribunal Supremo desde hace tiempo, como demuestran las fotografías, procedentes del Archivo Gráfico de la Agencia EFE, que forman parte de la exposición “Un siglo de fotoperiodismo judicial en las Salesas”, que se podrá visitar entre los días 16 y 23 de octubre en el salón de pasos perdidos de la antigua Audiencia Territorial.

La muestra, que será inaugurada mañana por el presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y por el presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, hace un recorrido por la historia del Supremo a través de imágenes de algunos de los procedimientos judiciales más relevantes que han tenido como escenario el Palacio de las Salesas: desde los juicios por las sublevaciones militares y los sucesos revolucionarios ocurridos durante la II República hasta la vista oral por el proceso secesionista de Cataluña, pasando por la vista de los recursos contra la sentencia del 23-F o el enjuiciamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, del ‘caso Filesa’ o del secuestro de Segundo Marey, entre otros.

Los primeros visitantes, alumnos de un colegio público madrileño El jueves 17, a las 9:00 horas, el presidente del TS y del CGPJ y el vicepresidente del alto tribunal, Ángel Juanes, inaugurarán oficialmente las Jornadas recibiendo en la puerta del edificio a alumnos de 6º de Primaria del colegio público Mirasierra de Madrid.

A partir de esa hora, y entre el jueves y el sábado por la mañana, se podrán realizar visitas guiadas al tribunal, ubicado en el edificio histórico del Palacio de las Salesas, que incluirán la exhibición de un vídeo de tres minutos sobre el funcionamiento y organización del Supremo, así como representaciones de teatro a cargo de un grupo de actores, que con ayuda de los visitantes escenificarán un juicio con el objetivo de familiarizar a los espectadores con los valores del mundo judicial en la sociedad democrática.

Asimismo, y como es tradición en las Jornadas, magistrados de las distintas salas del tribunal atenderán a los grupos de visitantes, responderán a sus preguntas y explicarán de primera mano en qué consiste su trabajo y cual es la función del tribunal.

Concierto de gospel

El viernes 18 de octubre, y como en ediciones anteriores, el Palacio de las Salesas se abrirá al anochecer para acoger un evento cultural. En esta ocasión se trata de un concierto del grupo Gospel Factory. La entrada es gratuita hasta completar aforo (400 plazas).

AGENDA

Miércoles, 16 de octubre
Inauguración de la exposición “Un siglo de fotoperiodismo judicial en las Salesas”
Hora: 12:30 horas

Jueves, 17 de octubre
Inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo 2019
Hora: 9:00 horas

Visitas guiadas
Jueves 17 y viernes 18, de 9:30 a 18 horas
Sábado 19, de 10:00 a 14:00 horas

Viernes, 18 de octubre
Concierto de Gospel Factory
Hora: 20:00 horas

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-Transparencia/Visita-el-TS/Jornadas-de-Puertas-Abiertas/



La transparencia y la publicidad de las actuaciones judiciales, eje de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo 2019

Los principios de transparencia y de publicidad de las actuaciones judiciales serán el eje de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo 2019, que este año se celebrarán los días 17, 18 y 19 de octubre.

El Portal de Transparencia del alto tribunal, que entró en funcionamiento en 2017, o el reciente juicio del ‘procés’ –cuya retransmisión en streaming en la página web www.poderjudicial.es recibió más de un millón de visitas durante los cuatro meses de vista oral- son ejemplo del compromiso de este órgano para que su función jurisdiccional, además de rigurosa y objetiva, sea al mismo tiempo una labor cercana, conocida y familiar para los ciudadanos.

Exposición “Un siglo de fotoperiodismo judicial en las Salesas”

Esa proximidad, sin embargo, forma parte de la cultura del Tribunal Supremo desde hace tiempo, como demuestran las fotografías, procedentes del Archivo Gráfico de la Agencia EFE, que forman parte de la exposición “Un siglo de fotoperiodismo judicial en las Salesas”, que se podrá visitar entre los días 16 y 23 de octubre en el salón de pasos perdidos de la antigua Audiencia Territorial.

La muestra, que será inaugurada mañana por el presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y por el presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, hace un recorrido por la historia del Supremo a través de imágenes de algunos de los procedimientos judiciales más relevantes que han tenido como escenario el Palacio de las Salesas: desde los juicios por las sublevaciones militares y los sucesos revolucionarios ocurridos durante la II República hasta la vista oral por el proceso secesionista de Cataluña, pasando por la vista de los recursos contra la sentencia del 23-F o el enjuiciamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, del ‘caso Filesa’ o del secuestro de Segundo Marey, entre otros.

Los primeros visitantes, alumnos de un colegio público madrileño El jueves 17, a las 9:00 horas, el presidente del TS y del CGPJ y el vicepresidente del alto tribunal, Ángel Juanes, inaugurarán oficialmente las Jornadas recibiendo en la puerta del edificio a alumnos de 6º de Primaria del colegio público Mirasierra de Madrid.

A partir de esa hora, y entre el jueves y el sábado por la mañana, se podrán realizar visitas guiadas al tribunal, ubicado en el edificio histórico del Palacio de las Salesas, que incluirán la exhibición de un vídeo de tres minutos sobre el funcionamiento y organización del Supremo, así como representaciones de teatro a cargo de un grupo de actores, que con ayuda de los visitantes escenificarán un juicio con el objetivo de familiarizar a los espectadores con los valores del mundo judicial en la sociedad democrática.

Asimismo, y como es tradición en las Jornadas, magistrados de las distintas salas del tribunal atenderán a los grupos de visitantes, responderán a sus preguntas y explicarán de primera mano en qué consiste su trabajo y cual es la función del tribunal.

Concierto de gospel

El viernes 18 de octubre, y como en ediciones anteriores, el Palacio de las Salesas se abrirá al anochecer para acoger un evento cultural. En esta ocasión se trata de un concierto del grupo Gospel Factory. La entrada es gratuita hasta completar aforo (400 plazas).

AGENDA

Miércoles, 16 de octubre
Inauguración de la exposición “Un siglo de fotoperiodismo judicial en las Salesas”
Hora: 12:30 horas

Jueves, 17 de octubre
Inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo 2019
Hora: 9:00 horas

Visitas guiadas
Jueves 17 y viernes 18, de 9:30 a 18 horas
Sábado 19, de 10:00 a 14:00 horas

Viernes, 18 de octubre
Concierto de Gospel Factory
Hora: 20:00 horas

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-Transparencia/Visita-el-TS/Jornadas-de-Puertas-Abiertas/



El juez Llarena dicta orden europea e internacional de detención contra Puigdemont por delitos de sedición y malversación

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto, tras notificarse la sentencia de la causa del ‘Procés’, en el que emite orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, acordando su búsqueda e ingreso en prisión. El juez instructor de la causa ha considerado plenamente justificada la petición en tal sentido que ha sido cursada por escrito por la Fiscalía.

El auto recuerda que si la sola imputación fue propiciatoria de la huida de algunos de los presuntos responsables y justificaría por sí misma la orden de detención europea, las condenas pronunciadas contra los encausados no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación que rige en la Unión.

En ese sentido, Llarena destaca que en la UE rige el principio de confianza en el funcionamiento de los Jueces y Tribunales de otros países -principio libremente asumido por los Estados miembros-, y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito, o distinto de aquel al que acuden a perpetrar sus acciones delictivas.

El auto señala que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado hoy la sentencia que pone término al proceso respecto de los acusados enjuiciados, y proclama la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación, así como que el comportamiento que suscitaba las discrepancias de subsunción en los tipos penales de rebelión, sedición o desobediencia (en la tesis alternativa de las defensas), son constitutivos de un delito de sedición previsto y penado en los artículos 544 y 545 del Código Penal.

Según expone el juez, la sentencia parte de los hechos que el auto de procesamiento imputaba a todos los procesados, lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras y el procesado en rebeldía Carles Puigdemont, de lo que puede concluirse -más allá de lo que resulte en su día del juicio oral que llegue a celebrarse- que los indicios racionales de criminalidad que apuntaba la instrucción y que se reflejaron en el auto de Procesamiento, no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado.

Levantamiento de la suspensión como parlamentarios de Puigdemont y Comín

El juez explica además que la subsunción de los hechos en delito de sedición según la sentencia tiene una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados, por lo que acuerda también comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados y miembros de dicho Parlamento Carles Puigdemont y Antoni Comín no les resulta ya aplicable la suspensión del artículo 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a procesados por delito de rebelión.



El Tribunal Supremo comunica al TJUE que la cuestión prejudicial sobre Oriol Junqueras sigue manteniendo interés y vigencia

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha enviado este lunes un oficio al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que, una vez dictada la sentencia del “procés”, pone en su conocimiento que la cuestión prejudicial, planteada a petición de Oriol Junqueras, sigue manteniendo su interés y vigencia para el Tribunal Supremo.

Marchena también ha remitido al TJUE una copia de la sentencia notificada este lunes.



Desciende un 6,8 % el número de denuncias presentadas por violencia de género en Galicia

Los juzgados gallegos recibieron en el segundo trimestre del año 1.607 denuncias por violencia de género, un 6,8 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 1.725. La gran mayoría de las denuncias (1.210) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima. Baja también el número de mujeres que aparecen como víctimas, pues entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2018 se contabilizaron 1.611, frente a las 1.545 de este año en las mismas fechas, lo que supone un descenso del 4,1 %.

Según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia aumentaron los casos de víctimas que se acogen a la dispensa para no declarar. Si en el segundo trimestre de 2018 optaron por esta opción 117 mujeres, este año lo hicieron 133, lo que supone el 8,6 % de las víctimas, un 13,7 % más que en 2018.

Galicia se situó como la tercera comunidad con la tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) más baja del Estado, con 11 personas, frente a las 16,2 de media estatal. Solo Aragón (9,8) y Castilla y León (10,1) tienen un indicador más bajo. Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 524 órdenes de protección en los órganos judiciales de la comunidad, frente a las 482 de 2018, lo que supone un aumento del 8,7 %. De las 524 se adoptaron 325, el 62 %.

 El 78,82 % de las personas enjuiciadas en la comunidad gallega por delitos relacionados con violencia de género entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año fueron condenadas. Este dato sitúa a la comunidad por debajo de la media estatal, que es del 86,74 %.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 

 



Balears, la segunda comunidad con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres

La estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género muestra que Baleares es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. Las Islas con una ratio de 21,9 destacan por encima de la media nacional que fue de 16,2. Baleares únicamente se sitúa por debajo de Canarias que posee una ratio de 22,6. Les sigue la Comunidad Valenciana, con una tasa del 21,5, mientras que la ratio más baja se dio en Aragón, con 9,8, Castilla y León, con 10,1, Galicia, con 11 y Extremadura, con 11,7.

Un total de 1.261 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 1.407 denuncias presentadas en los órganos judiciales de Balears durante el segundo trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. Teniendo en cuenta las cifras del mismo trimestre del año pasado, se observa un incremento en el número de denuncias presentadas, que en 2018 fueron 1.287, lo que supone un crecimiento del 9,3 por ciento.

En cambio, en el archipiélago balear disminuyó en un 14,9 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el segundo trimestre de 2018 fue de 1.481.

En el segundo trimestre de 2019 en las Islas, de las víctimas, 683 mujeres eran españolas y 578, extranjeras.

Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar

En 104 casos de Balears, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 47,5 por ciento menos que el mismo trimestre del año anterior, que fueron 198.

En 76 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 28 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa en las Islas es superior en las mujeres españolas que en las mujeres extranjeras.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más órdenes de protección en el archipiélago balear

Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 295 órdenes de protección (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) en los órganos judiciales de Balears, aumentando así la cifra de 220 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

De las 295 órdenes de protección solicitadas se adoptaron 239 durante el segundo trimestre del año 2019, lo que supone un incremento del 31,3 por ciento si las comparamos con las 182 adoptadas durante el mismo periodo de 2018. Por lo tanto, las 56 restantes fueron denegadas, un 47,4 más que el año anterior, que no fueron aceptadas 38.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 

 



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