Noticias Judiciales

El juez abre juicio oral en tres piezas separadas del caso ERE por las ayudas a Calderinox, Novomag y un grupo de empresas vinculadas al corcho

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado con fecha 14 de enero de 2020 tres autos de apertura de juicio oral contra un total de 17 personas investigadas en tres piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) abiertas por las ayudas a Calderinox, Novomag Manufacturas Metálicas y a un grupo de empresas vinculadas al corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

En el auto relativo a este último grupo de empresas del corcho, notificado hoy viernes a las partes personadas, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, como presuntos responsables penales, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios.

En este sentido, el juez requiere a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 601.012 y 11.000.000 euros, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas.

El instructor ha ordenado la apertura de juicio oral después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A hayan presentado sus respectivos escritos de acusación contra los investigados.

Los seis investigados son A.R.B., vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como F.P.M.O.; S.M.M.B., como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el juez en el auto de 16 de octubre donde acordó continuar como procedimiento abreviado la causa.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para A.R.B. la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R.B.M., F.P.M.O., y S.M.M.B., y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para los otros dos acusados, así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

Calderinox y Novomag

En otro auto, referente a Calderinox, el juez abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos contra un total de seis investigados, entre ellos dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como presuntos responsables penales, y contra las entidades Uniter y Federación de Industria de CC.OO.-A en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Asimismo, el juez requiere a cinco de los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 227.000 y 275.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles igualmente de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” las sumas señaladas.

En el tercer auto, relativo a Novomag Manufacturas Metálicas, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra un total de cinco investigados, como presuntos responsables penales, y contra la referida empresa en calidad de responsable civil subsidiario. El juez requiere a los acusados y a la entidad para que, en el plazo de un día, presten cada uno de ellos una fianza de 600.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para cada uno de los investigados 3 años de cárcel y 8 años y 3 meses de inhabilitación absoluta y que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen a la Junta en la cantidad de 420.708,47 euros.

El juez, en todos los casos, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.



El Tribunal Supremo confirma la pena de cinco años de cárcel a una técnico de laboratorio de un hospital de Zaragoza que creó falsos positivos de tuberculosis

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 5 años de prisión para una técnico superior de laboratorio del hospital universitario Miguel Servet, de Zaragoza, por delitos de riesgo y de falsedad en documento público, por haber manipulado muestras del centro médico mediante la inoculación de líquido procedente de una cepa de tuberculosis, que originaron falsos positivos en dicha enfermedad a varios pacientes. La mujer actuó movida por el resentimiento y despecho derivados de haber sido cambiada de puesto de trabajo, según la sentencia de la Audiencia de Zaragoza ratificada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como ahora por el Supremo

La mujer, cuyo recurso de casación rechaza íntegramente el Supremo, deberá indemnizar al Servicio Aragonés de Salud en 8.473 euros por gastos derivados del delito, y a cinco pacientes en cantidades que oscilan entre los 150 y los 1.210 euros, por daños morales.

El alto tribunal destaca que el TSJ de Aragón ha respetado escrupulosamente las pruebas y descarta que “las plurales coincidencias que confluyen señalando unívocamente a la recurrente sean fruto de una casualidad o de una confabulación tramada, sin motivo aparente alguno, por algunos de sus colegas”. “Los indicios, conectados entre sí, son concluyentes”, afirma.

Maldad extrema y quebranto de las normas más elementales de deontología

Asimismo, el Supremo destaca que la Audiencia de Zaragoza argumentó motivadamente la imposición de la pena máxima (2 años de prisión) prevista para el delito de riesgo. Así, recuerda el argumento de dicha Audiencia: “No se considera procedente otra pena inferior en extensión en atención a la extraordinaria gravedad objetiva de los hechos y la maldad extrema puesta de manifiesto por la acusada, que con su actuación puso en riesgo de contagio de tuberculosis a las personas que desarrollaban su trabajo en la Sección de Micobacterias y quebrantó las normas más elementales de ética y deontología profesional en un ámbito tan esencial como la sanidad pública”.



Agenda de juicios penales en Canarias del 20 al 24 de enero de 2020

Audiencia Provincial de Las Palmas

Sección Primera (sala 16)

21 de enero

10.00 horas. Rollo 79/19, P.A. 4975/18, de LPA 1
Estafa. 1 acusado

11.00 horas. Rollo 39/19, P.A. 1.529/18, de Arrecife 3
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 1 acusado

22 de enero

10.00 horas. Rollo 3/16, PA 3238/14, de Arrecife 4
Salud pública. 1 acusado

Sección Segunda (sala 18)

21 de enero

9.30 horas. PA 78/19
Salud pública

10.00 horas Sumario 68/2018
Falsificación de moneda

22 de enero

9.30 horas, PA 77/2019
Robo con violencia e intimidación

10.30, PA 66/2019
Estafa

11.30, PA 104/19
Salud pública

23 de enero

9.30 horas, PA 83/2019
Violencia sobre la mujer y lesiones

Sección Sexta

20 y 21 de enero

9.30 horas. Tribunal del Jurado 17/2019
Delito de cohecho (sala 17, del jurado)

20 de enero

9.45 (sala 25) PA 68/2019,
Salud pública

11.30, PA 109/2018,
Estafa

21 de enero

9.45, PA 17/2018
Estafa

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

Sección II (sala 11)

21 de enero

9.45 horas. PA 0000911/2019-00
Robo con violencia e intimidación. Tres acusados

22 de enero

9.45 horas. PA 0000504/2019-00
Atentado, contra la salud pública y lesiones. 1 acusado

12.00 horas PA 1719/2018-00
Estafa. Un acusado

Sección V

20 de enero

10.00 horas. PA 79/19
Apropiación indebida

11.00 horas PA 88/19
Apropiación indebida

21 de enero

10.00 horas. PA 98/19,
Robo con fuerza

Sección Sexta

20 de enero

9.30 horas. Sumario 68/18
Abuso sexual

21 de enero

9.30 horas, PA 49/19
Abuso sexual

 



Agenda de señalamientos en la Región de Murcia del 20 al 25 de enero de 2020


Señalamientos en la Audiencia Nacional del 20 al 24 de enero de 2020

Lunes, 20 de enero a las 10:00 horas

(Continuación días: 21,22, 23, 27, 28, 29 y 30 de enero; 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 de febrero; 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 y 19 de marzo).

Causa: SEC 1 S 6/18

El juicio se celebrará el la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares c/ del Límite s/n, esquina c/ Mar Cantábrico.

 



Señalamientos penales órganos colegiados Galicia. Semana del 20 al 24 de enero de 2020


Agenda de juicios de la semana del 20 de enero de 2020

Lunes, 20 de enero

 

09,30 horas

Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander (Calle Alta)

Procedimiento Abreviado 58/2018

Prevaricación administrativa

 

Dos acusados de un delito de prevaricación administrativa.

 

El primero, en su condición de director general de la Sociedad Regional Cántabra de Turismo (CANTUR), es acusado por el ministerio fiscal por celebrar varios contratos entre 2010 y 2011 con una empresa de la que era administrador y socio el otro acusado.

 

Este segundo acusado ostentaba en esa época la condición de gerente del ente público Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes.

 

Según el escrito de la fiscalía, “los contratos celebrados suponían un fraccionamiento consciente y deliberado en la contratación” y su finalidad “no era otra que la de eludir los principios de libre concurrencia y publicidad que deben imperar en la contratación administrativa”.

 

En este sentido, explica el escrito del ministerio público que este extremo era “plenamente conocido y asumido por ambos acusados pues, ambos por sus cargos, sabían que por debajo de un determinado importe del servicio contratado se podía acudir a la adjudicación directa”.

 

En concreto, la fiscalía se refiere, en el marco del Anteproyecto Cañones de Nieve de Alto Campoo, a varios contratos que individualmente no superaban los 60.000 euros y respondían a un mismo objeto de contratación.

 

Estos hechos constituyen, a su juicio, un delito continuado de prevaricación administrativa cometido por el director general de CANTUR en concepto de autor y por el segundo acusado como cooperador necesario.

 

Entiende el ministerio público que procede imponer una condena a cada uno de ellos de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

 

También acusa en este pleito la propia entidad CANTUR, que coincide con la fiscalía tanto en la calificación jurídica como en la pena solicitada.

 

 

09,30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 9/2019

Apropiación indebida y administración desleal

 

Continúa el juicio a tres acusados de actuar con el propósito de lograr un enriquecimiento ilícito y obrar en perjuicio de la entidad Real Racing Club y de sus socios.

 

La acusación se dirige contra quien fue nombrado presidente del club en 2006. Además, están acusados los dos socios de una empresa que supuestamente se encargaría de todas las gestiones para establecer una escuela de fútbol en Brasil.

 

Según se desprende del escrito de la fiscalía, el primero, puesto de común acuerdo con los otros dos acusados, puso en marcha un proyecto denominado Escuela de Fútbol Racing Primavera en el país citado con la finalidad de formar jugadores de cara a su incorporación al propio Racing o de proceder a traspasos a terceros equipos.

 

Sin embargo, el ministerio público aprecia que el proyecto “adolecía de cualquier tipo de desarrollo previo por escrito, presupuesto de ejecución o plan de viabilidad, inversión y seguimiento, consistiendo básicamente en una serie de transferencias” a dos cuentas denominadas Gestión Escuela Brasil y Escola Futebol por un importe global de 956.065 euros.

 

A excepción de la constitución de una sociedad para la gestión de la escuela, la cesión de derechos federativos de los jugadores del club brasileño Esporte Clube Primavera a aquella sociedad, y la realización de una auditoría a dicho club, “no consta el destino dado” a las cantidades invertidas.

 

Por el contrario, esas cantidades fueron “desviadas por iniciativa del presidente del Racing a terceros ajenos a la escuela”, como los 42.970 euros que el presidente pagó con tarjeta de crédito a una mercantil sin vinculación alguna con la misma.

 

De igual modo, continúa el escrito, los otros dos acusados giraron al Racing facturas por un importe de 316.993 euros “sin que exista la más mínima justificación del destino de dichas cantidades, las cuales pasaron a integrar el patrimonio de estos acusados”.

 

Además de estos hechos, se enjuicia al que fuera presidente del Racing por suscribir con una sociedad un contrato verbal que carecía de “soporte documental ni contenido material de las prestaciones a realizar por la sociedad prestataria de los supuestos servicios, a la que se abonó la cantidad de 124.900 euros”.

 

Terminada la vinculación del contrato, el presidente procedió a entregar al titular de la sociedad 100.000 euros, cuando la indemnización máxima para el despido improcedente teniendo en cuenta la duración de la supuesta relación laboral ascendería a 15.612 euros.

 

Junto a ello, el ministerio fiscal constata que el que fuera presidente del Racing suscribió un préstamo a cargo de la entidad para adquirir un vehículo de alta gama por 71.186 euros, cuando era consciente de que el Racing tenía suscrito un convenio con otra mercantil según el cual a cambio de publicidad esta cedía al club el uso de una flota de seis coches y dos furgonetas.

 

Por todo ello, la fiscalía considera al representante del Racing autor de un delito de apropiación indebida en concepto de cooperador necesario así como de un delito continuado de administración desleal, por lo que pide para él una condena de seis años de cárcel (tres por la apropiación indebida y otros tres por la administración desleal) y multa de 3.240 euros.

 

Para cada uno de los otros dos acusados, el ministerio público pide una pena de tres años de cárcel y multa de 3.240 euros, al considerarles autores del delito de apropiación indebida.

 

En concepto de responsabilidad civil, entiende la fiscalía que los tres deben responder de manera solidaria con el pago de una indemnización para el Real Racing Club que asciende a 316.993 euros.

 

Además, en el caso del que fuera presidente, deberá indemnizar, según el escrito del ministerio fiscal, con otros 94.387 euros a la entidad deportiva.

 

Nota:

El juicio está señalado hasta el jueves 23 de enero con el siguiente cronograma:

 

  • Prueba pericial: 20 y 21 de enero.
  • Conclusiones definitivas: 22 de enero.
  • Reserva a resultas del desarrollo del juicio: 23 de enero.

 

 

10,00 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial

Procedimiento Abreviado 9/18

Cohecho, falsedad documental y prevaricación, prevaricación urbanística

 

Continúa el juicio sobre el desarrollo urbanístico en la zona de Castro Urdiales conocida como La Loma, con la práctica de la prueba testifical.

 

El ministerio fiscal acusa a seis personas por la aprobación de instrumentos urbanísticos irregulares en la zona denominada SUNP (suelo urbanizable no programado) 12.

 

Además, en el caso de algunos de los acusados que ostentaban cargo público, el ministerio público señala que recibieron contraprestaciones económicas por “promover y silenciar las irregularidades administrativas en la tramitación” de los instrumentos urbanísticos señalados.

 

Por todo ello, advierte la comisión de delitos de cohecho, prevaricación y prevaricación urbanística, así como falsedad documental en concurso con prevaricación.

 

Las penas solicitadas para uno de los acusados por su condición de alcalde, al que le atribuye un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, ascienden a diez años de inhabilitación y dos de prisión.

 

Lo reclamado para otro de los acusados que también fue alcalde en una época anterior, al que atribuye un delito continuado de cohecho, suma cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros.

 

Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales le atribuye un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación, otro delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, veinte de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.

 

Por su parte, el fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.

 

Asimismo, al acusado que ejerció funciones de arquitecto municipal, el ministerio público le considera autor de un delito continuado de cohecho y la pena solicitada es de cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación para cargo o empleo público de diez años.

 

Finalmente, la fiscalía también acusa a un promotor inmobiliario, al que atribuye delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.

 

Junto al ministerio fiscal, también ejerce acusación la Junta Vecinal de Santullán, que solicita condenas para once personas: el que fuera alcalde y los miembros de la junta de gobierno local entre los años 2004 y 2006 –cuando se fueron aprobando los instrumentos urbanísticos objeto del procedimiento-; el secretario municipal, la ingeniera del ayuntamiento, el arquitecto contratado por el consistorio y un promotor inmobiliario.

 

Entiende que los delitos cometidos son los de prevaricación en concurso con falsedad documental, prevaricación urbanística y cohecho.

 

Nota:

Esta semana, las sesiones del juicio serán cuatro: 20, 21, 22 y 23.

 

El resto del cronograma queda como sigue:

 

  • Prueba testifical: 29 y 30 de enero, 3 y 4 de febrero.

 

  • Prueba pericial: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de febrero.

 

  • Conclusiones, informes de las acusaciones: 20 de febrero.

 

  • Informes de las defensas: 24, 25 y 26 de febrero.

 

  • Derecho a la última palabra: 27 de febrero.

 

 

 



El CGPJ decide paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha convenido hoy paralizar el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno.

Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia.

En este momento, son cinco las plazas convocadas para las que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debía designar próximamente un titular: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

El CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 570.2 prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.

También el Tribunal Supremo, en un reciente auto de su Sala Tercera notificado el pasado 1 de octubre que desestimaba la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados, subrayó que “el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”.

La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, por ejemplo, supone que el 20 por ciento de su planta –formada por el presidente y catorce magistrados- esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido.

En el periodo que lleva en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).

Desde que inició los trámites para la renovación del Consejo el 3 de agosto de 2018 -cuatro meses antes de la fecha de expiración del mandato, tal y como dispone la LOPJ-, el presidente del TS y del CGPJ se ha dirigido en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado –la última de ellas el pasado 23 de diciembre- instándoles a adoptar las medidas necesarias para la renovación de la institución.



El CGPJ decide paralizar temporalmente el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha convenido hoy paralizar el nombramiento de cargos judiciales en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno.

Los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación, a fin de evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia.

En este momento, son cinco las plazas convocadas para las que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debía designar próximamente un titular: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

El CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, ha cubierto desde entonces todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 570.2 prevé expresamente que, durante el tiempo que esté en funciones, la única competencia que no podrá ejercer es la elección de un nuevo presidente de la institución.

También el Tribunal Supremo, en un reciente auto de su Sala Tercera notificado el pasado 1 de octubre que desestimaba la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados, subrayó que “el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”.

La existencia de tres vacantes en la Sala Segunda del alto tribunal, por ejemplo, supone que el 20 por ciento de su planta –formada por el presidente y catorce magistrados- esté sin cubrir, por lo que de prolongarse en el tiempo esta situación el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido.

En el periodo que lleva en funciones, el CGPJ ha nombrado a diez magistrados del Tribunal Supremo para plazas que habían quedado vacantes por jubilación (en 9 de los casos) o por renuncia de su anterior titular (en el otro).

Desde que inició los trámites para la renovación del Consejo el 3 de agosto de 2018 -cuatro meses antes de la fecha de expiración del mandato, tal y como dispone la LOPJ-, el presidente del TS y del CGPJ se ha dirigido en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado –la última de ellas el pasado 23 de diciembre- instándoles a adoptar las medidas necesarias para la renovación de la institución.



El CGPJ considera por mayoría que Dolores Delgado reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por 12 votos a 7 que la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta el pasado martes por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Dolores Delgado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018.

Su primer destino fue la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, donde permaneció hasta 1993, fecha en la que fue destinada a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que fue nombrada ministra.

Entre la documentación remitida al Consejo General del Poder Judicial figuran también la renuncia al escaño de diputada al Congreso por Madrid y la solicitud de reingreso a la Carrera Fiscal.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Ángeles Carmona, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde.

Han votado en contra los vocales Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

La vocal Nuria Díaz ha anunciado la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella, al considerar que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía.

Además, han anunciado voto particular concurrente los vocales Concepción Sáez y Rafael Fernández Valverde –al que se adherirá Ángeles Carmona-.

Los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea no han asistido al Pleno. Pilar Sepúlveda ha intervenido por videoconferencia.



El CGPJ considera por mayoría que Dolores Delgado reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por 12 votos a 7 que la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta el pasado martes por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Dolores Delgado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018.

Su primer destino fue la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, donde permaneció hasta 1993, fecha en la que fue destinada a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que fue nombrada ministra.

Entre la documentación remitida al Consejo General del Poder Judicial figuran también la renuncia al escaño de diputada al Congreso por Madrid y la solicitud de reingreso a la Carrera Fiscal.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Ángeles Carmona, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde.

Han votado en contra los vocales Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

La vocal Nuria Díaz ha anunciado la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella, al considerar que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía.

Además, han anunciado voto particular concurrente los vocales Concepción Sáez y Rafael Fernández Valverde –al que se adherirá Ángeles Carmona-.

Los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea no han asistido al Pleno. Pilar Sepúlveda ha intervenido por videoconferencia.



El Tribunal Supremo valida como prueba la grabación de las cámaras de videovigilancia durante el atraco a una joyería

La Sala de lo Penal ha validado como prueba el uso de las grabaciones realizadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior de una joyería de San Bartolomé de Tirajana (Canarias) para confirmar la condena a 12 años de prisión impuesta a un hombre que en un atraco a dicho comercio robó joyas por valor de más de 600.000 euros y dejó malherido al joyero después de darle una paliza. También ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión impuesta a su pareja que, además de ser grabada por las cámaras realizando labores de vigilancia, vendió algunas de las joyas robadas en dos establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria.

La Sala desestima los recursos de casación planteados por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmó dichas penas de prisión, dictadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, por un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso medial con un delito de robo con violencia, en el caso de él, y por un delito de robo con violencia, en el caso de ella.

Una de las pruebas utilizadas en la investigación policial fueron las grabaciones de las cámaras de grabación existentes en la joyería y otros adyacentes que tomaron imágenes de los condenados en las inmediaciones del comercio para preparar el atraco.

El tribunal considera que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entorno seguro de comercios o establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito –como ocurrió en este caso- no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen, en contra de lo que alega el recurrente en su recurso.

En el presente caso, -explica la Sala- se trata de cámaras de videovigilancia instaladas en las puerta del establecimiento comercial por el dueño de los mismos, que “en ningún caso invade espacios o entornos privados por lo que no se vulnera ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el derecho a la intimidad, sin que dichos derechos puedan considerarse afectados cuando la grabación de la cámara colocada en la puerta comprende el espacio circundante imprescindible para los fines de vigilancia”.

Entiende que si estas filmaciones se realizan de forma regular pueden tener el mismo valor probatorio o incluso más que el del testigo humano. "Su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de testimonio mecánico y objetivo de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo humano").

Además, el tribunal señala que el derecho de acceso a estas imágenes se referirá con respecto al que precisen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces y tribunales. Por ello, afirma que no puede alegarse una desproporción en el uso del contenido de las imágenes obtenidas en las cámaras de grabación instaladas con arreglo a la protección de datos y a la regulación específica en la materia, y, como se ha expuesto, por razones de prevención del delito.

“No existe, por ello, una invasión de un derecho constitucional como el de la propia imagen capaz de conseguir una nulidad de la prueba obtenida por el simple hecho de que la imagen de una persona encausada o investigada en una fase previa de investigación policial, y, luego, en el proceso penal se ha obtenido con el tratamiento de los datos realizados a instancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una cámara de grabación instalada con arreglo a la Ley de protección de datos. Precisamente, el tratamiento de sus datos es legítimo y correcto su uso adecuado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en consecuencia, ello no provoca una injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen capaz de afectar a la materia probatoria del proceso penal”, concluyen los magistrados.

La sentencia recuerda que la videovigilancia en las zonas comunes de los llamados espacios intermedios, como cafeterías, comercios, zonas de tránsito público de las urbanizaciones, puede considerarse constitucionalmente legítima. No se trata de una invasión privada, según la sentencia, sino de zonas abiertas al público con radio de acción de la cámara “en el núcleo de acceso al comercio con objetivo de seguridad y preventivo. Evidentemente, el perjuicio a la imagen no existe si no se comete un delito, como en este caso ocurre y se precisa por las Fuerzas y Cuerpos y seguridad del Estado la visualización de imágenes de personas sospechosas de la participación en el delito cometido, que es lo que en este caso ocurrió”.

La sentencia explica que la posibilidad de instalar las cámaras de seguridad y vigilancia en comercios que den lo indispensable en el arco de la seguridad de acceso al establecimiento está avalado en un estudio de la Agencia de Protección de Datos - informe Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades-, que respalda que “será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicas o de infraestructuras vinculadas al transporte. Gran parte de la actividad de los ciudadanos se desarrolla en espacios que admiten el acceso al público en general, como centros comerciales, restaurantes, lugares de ocio o aparcamientos. Nos referimos a lugares a los que los ciudadanos pueden tener libre acceso aunque sean de propiedad privada, en los que sus titulares utilizan los sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones”.

La Sala indica que resulta evidente “el interés público de la seguridad ante el que no se puede pretender alegar el propio de la imagen cuando se ha participado en un hecho delictivo, como aquí consta probado, y la imagen de las personas que han intervenido se ha captado por la cámara de un comercio instalada en razones de prevención del delito en su núcleo de acción”.

 



Condenado por intentar sacar de territorio nacional el cuadro de Pablo Picasso ‘Cabeza de mujer joven’

El juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid ha condenado a Jaime B. a dieciocho meses de prisión por un delito de contrabando de bienes culturales por intentar sacar de territorio nacional sin permiso alguno el cuadro de Pablo Picasso ‘Cabeza de mujer joven’.

En la sentencia, sobre la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, se establece que la propiedad del cuadro sea del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Además, se le impone una multa de 52,4 millones de euros, el doble de la tasación de la obra pictórica, con responsabilidad subsidiaria, en caso de impago, de dos meses de privación de libertad.

El procesado ha sido también condenado al pago de las costas procesales, incluidas las de la Abogacía del Estado.



La Audiencia de Sevilla fija para el 4 de mayo el inicio del juicio con jurado popular contra siete acusados por el triple crimen ocurrido en Dos Hermanas en 2017

La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el día 4 de mayo de 2020 el inicio del juicio con jurado popular contra las siete personas acusadas en relación al triple crimen ocurrido en la localidad de Dos Hermanas en septiembre del año 2017, en el que perdieron la vida una joven de 26 años, su hija de 3 años, y la pareja sentimental de la primera.

En un auto dictado el día 14 de enero y notificado a las partes hoy miércoles, el magistrado-presidente del juicio con jurado popular fija los hechos justiciables, recoge las calificaciones y alegaciones realizadas por todas las partes y fija para el día 4 de mayo la constitución del jurado, mientras que la vista oral se iniciará el 5 de mayo “en tantas sesiones sucesivas de mañana que sean precisas”.

De este modo, y una vez se constituya el jurado, el día 5 de mayo está prevista la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento; los días 6 y 7 de mayo prestarán declaración los siete acusados, y el día 8 de mayo comenzarán las declaraciones de los testigos (incluidos testigos protegidos), de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación de los hechos y de los peritos, estando previsto que las conclusiones definitivas y los informes finales tengan lugar a partir del 20 de mayo, tras lo que posteriormente el jurado recibirá el objeto del veredicto y se retirará a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de los encausados.

El magistrado-presidente acuerda que la prueba de los testigos protegidos, prevista para el día 8 de mayo, se celebre a puerta cerrada “para preservar su seguridad y tranquilidad”, adoptándose las medidas pertinentes “para evitar el contacto visual entre los testigos y acusados”. Asimismo, “no se facilitará a las partes la identidad de los testigos protegidos para preservar su seguridad en atención a la gravedad de los hechos enjuiciados que denotan una extrema peligrosidad”.

En el auto, el magistrado-presidente admite todas las pruebas propuestas por la Fiscalía, a excepción de la prueba relativa a la diligencia de reconstrucción de los hechos, inadmitiendo la documental de todas las partes relativa a las declaraciones de los acusados y testigos, así como la parte de los atestados y oficios policiales que contengan declaraciones de acusados y testigos y conclusiones de la Policía Judicial que no sean pruebas periciales.

Asimismo, el magistrado no admite las testificales y periciales de las acusaciones particulares ni de las defensas de los acusados que no haya propuesto el Ministerio Público, “sin perjuicio de que en el plazo de 15 días naturales a partir de la notificación de esta resolución expliquen su trascendencia y relevancia para esclarecer los hechos enjuiciados”.

Los siete acusados, de modo genérico, serán juzgados por presuntos delitos de detención ilegal, asesinato, encubrimiento y tenencia ilícita de armas. En este sentido, la Fiscalía pide tres penas de prisión permanente revisable –una por cada uno de los tres delitos de asesinato que les atribuye- para 5 de los 7 acusados.



Declaración institucional de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos:

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos.

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales:

1. La sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del Derecho europeo en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo. Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín.

2. El pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era “necesaria en una sociedad democrática” para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Comisión Permanente también quiere recordar, en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín –que se encuentran suspendidas- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí –que sigue tramitándose-; y que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.



Declaración institucional de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos:

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos.

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales:

1. La sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del Derecho europeo en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo. Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín.

2. El pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era “necesaria en una sociedad democrática” para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Comisión Permanente también quiere recordar, en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín –que se encuentran suspendidas- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí –que sigue tramitándose-; y que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.



García-Perrote, Marín Castán y Cuesta del Castillo toman posesión como magistrados del Tribunal Supremo

 

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha acogido este martes el acto de toma de posesión de Ignacio García-Perrote Escartín, Fernando Marín Castán y Ricardo Cuesta del Castillo como nuevos magistrados del alto tribunal.

García-Perrote se incorpora a la Sala Cuarta -de lo Social-, en la que ocupará la vacante producida tras la jubilación del anterior titular, Miguel Ángel Luelmo Millán. Por su parte, la Sala Quinta –de lo Militar-, acogerá los magistrados Fernando Marín Castán -que ocupará la plaza correspondiente al turno jurídico militar vacante tras la jubilación de Francisco Menchén-, y Ricardo Cuesta del Castillo, que ocupará la plaza vacante por la jubilación de Javier Juliani.

En la ceremonia de toma de posesión, que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la Sala de Gobierno, García-Perrote ha sido apadrinado por el presidente de la Sala Cuarta, Jesús Gullón, y el magistrado jubilado de la misma Sala Aurelio Desdentado. Los padrinos de Marín Castán  han sido Fernando Marín Castán, presidente de la Sala Primera, y Ángel Calderón, presidente de la Sala Quinta. Por último, han ejercido de padrinos de Cuesta del Castillo el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y José Alberto Fernández-Rodera, magistrado de la Sala Quinta.

Los tres nuevos magistrados del Tribunal Supremo fueron elegidos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del pasado 28 de noviembre.

 



El lunes comienza el juicio a seis exmandatarios de Osasuna y tres exfutbolistas del Betis acusados de amañar dos partidos en la temporada 2013-14

El juicio por el denominado caso Osasuna comenzará el próximo lunes, 20 de enero, y se celebrará, de lunes a jueves, hasta el 27 de febrero, así como el viernes 28 de febrero, día en que concluirá.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra enjuiciará a seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva (por el supuesto amaño de partidos).

Las sesiones del juicio comenzarán a las 9.30 horas en la sala de vistas 102 (1ª planta) del Palacio de Justicia de Pamplona. El primer día, el 20 de enero, el tribunal escuchará las cuestiones previas que plantearán las partes personadas.

Los once acusados declararán entre el 21 y el 23 de enero. En concreto, el 21 lo harán Ángel Vizcay, exgerente; Diego Maquírriain, expresidente de la Fundación Osasuna; y Sancho Bandrés y Jesús Peralta, exdirectivos; el 22 Juan Pascual, exdirectivo; Miguel Archanco, expresidente; y Cristina Valencia y Albert Nolla, agentes inmobiliarios; y el 23 Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xabier Torres, exfutbolistas del Betis.

Estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco Taberna —en el periodo 2012 a 2014— o con posterioridad para justificar las actuaciones ilícitas cometidas en ese tiempo. El juez instructor cifró el dinero extraído de las cuentas del club con fines delictivos o cuyo destino no ha sido justificado por los directivos responsables de la gestión del club en al menos 2,2 millones de euros.

Sobre la supuesta compra de partidos, el magistrado estimó que había indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.



El CGPJ se pronunciará el próximo jueves sobre la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciará el próximo jueves 16 sobre la propuesta de nombramiento de la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García para el cargo de fiscal general del Estado aprobada hoy por el Consejo de Ministros. 

El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 



El CGPJ se pronunciará el próximo jueves sobre la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronunciará el próximo jueves 16 sobre la propuesta de nombramiento de la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García para el cargo de fiscal general del Estado aprobada hoy por el Consejo de Ministros. 

El órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 



Los trienios de los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT deben calcularse sobre toda la duración de la relación laboral

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el cálculo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de la Agencia Estatal Administración Tributaria (AEAT) a efectos de promoción económica (trienios) y a efectos de promoción profesional, debe realizarse sobre toda la duración de la relación laboral y no únicamente sobre el tiempo de prestación efectiva de servicios.

El tribunal aplica el auto del Tribunal de Justicia de la UE, de 15 de octubre de 2019, referido a dos trabajadoras fijas discontinuas de la AEAT, y cambia su doctrina en esta materia, que había considerado, al estudiar el convenio colectivo del personal laboral de la AEAT, que los trienios de los fijos discontinuos se calculasen sobre el tiempo efectivo de prestación de servicios.

El TJUE fijó que el Acuerdo Marco comunitario sobre trabajadores a tiempo parcial debía interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, los períodos no trabajados del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el derecho a un trienio. Además señalaba que la citada normativa constituía una discriminación indirecta ya que resulta aplicable mayoritariamente a las trabajadoras, que constituyen el grupo principal de trabajadores fijos discontinuos de la AEAT.

Ahora, el Supremo aplica el nuevo criterio y da la razón a otra trabajadora de la AEAT, declarando que no procede entender que a los trabajadores fijos discontinuos de la AEAT se les computa, a efectos de derechos económicos y de promoción profesional, únicamente el tiempo efectivamente trabajado, sino que ha de tenerse en cuenta todo el tiempo de duración de la relación laboral.

“De no seguirse esta interpretación se produciría una diferencia de trato peyorativa para los trabajadores a tiempo parcial -fijos discontinuos- en relación con los trabajadores a tiempo completo ya que, ante un mismo periodo de prestación de servicios, los segundos devengarían un trienio al transcurrir tres años, en tanto a los primeros se les tendría en cuenta, no la duración de la relación laboral, sino el tiempo de servicios efectivamente prestados”, explica la resolución.

Asimismo, teniendo en cuenta que el porcentaje de trabajadoras que prestan sus servicios en la AEAT es muy superior al de trabajadores -un 78,09 % de mujeres y un 21,91 % de hombres, proporción que se mantiene estable con respecto a los años anteriores- es evidente que la aparentemente neutra regulación convencional afecta mayoritariamente a las trabajadoras, por lo que no cabe una aplicación literal del artículo 67 del Convenio para regular la antigüedad de los trabajadores ya que entraña una discriminación indirecta para las trabajadoras.



El juez amplía a tres días semanales las salidas a Iñaki Urdangarín para ejercer su labor de voluntariado

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha estimado la petición formulada por Iñaki Urdangarín y amplía a tres días semanales sus salidas autorizadas de la cárcel de Brieva para que desarrolle la labor de voluntariado.

El juez, tras estudiar los informes favorables que reflejan el buen aprovechamiento del programa por parte del recluso, entiende que “no hay inconveniente alguno para ampliar a tres las salidas semanales solicitadas”.



Un juez de Teruel plantea al Tribunal Supremo una cuestión de competencia jurisdiccional en el caso de la sextorsión

El magistrado del juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel ha planteado al Tribunal Supremo de España una cuestión de competencia jurisdiccional en el caso que investiga sobre un posible delito de extorsión a ciudadanos españoles a través de una página web de contactos.

Ante el gran número de perjudicados, el magistrado remitió la causa a la Audiencia Nacional tribunal que argumentó no ser competente para su investigación. En concreto, la Audiencia Nacional argumentaba en su escrito que no quedaba acreditada la existencia de una generalidad de personas, en el sentido de una pluralidad importante de sujetos pasivos afectados.

Por ello, y tras el resultado de las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento, el magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel remitió el pasado 3 de diciembre de 2019 un escrito condensando en trece folios las cuestiones principales de la causa sobre la que todavía rige el secreto de actuaciones. En el escrito remitido el instructor plantea al alto tribunal la cuestión de competencia basándose en las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento y los informes de la policía judicial según los cuales existirían un total aproximado de cuatro mil potenciales perjudicados ubicados en la práctica totalidad del territorio nacional y de los cuales más de doscientos podrían haber efectuado ingresos en las cuentas de los investigados.

La causa, como ya se ha indicado en el párrafo anterior, sigue bajo secreto de actuaciones y se sigue por la presunta comisión de delito de extorsión, Delitos de extorsión, amenazas graves de muerte, contra la intimidad de las personas, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo u organización criminal.



La Comisión Mixta aprueba un nuevo protocolo sobre suspensión de actos judiciales por coincidencia de señalamientos, en los casos de maternidad, paternidad, matrimonio o defunción de un familiar de los abogados o abogadas

La Comisión Mixta, reunida ayer por la tarde en la sede del Palacio de Justicia, ha aprobado un nuevo protocolo de criterios orientadores sobre suspensión de actos judiciales por coincidencia de señalamientos de los abogados o abogadas, en casos de maternidad, paternidad, matrimonio o defunción de un familiar.

Además de los casos de maternidad o paternidad, el protocolo prevé también la suspensión de los señalamientos por tratamientos de fertilidad que requieran de una intervención clínica o de un periodo de reposo, con prescripción facultativa. Se contempla la suspensión cuando suponga una coincidencia con la celebración del matrimonio o la constitución como pareja de hecho, y el futuro señalamiento no se producirá antes del periodo mínimo de quince días naturales.

Se propone además, la suspensión de señalamientos en caso de defunción, así como del funeral, de una persona en línea directa o colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y no se efectuará el futuro señalamiento hasta transcurridos de 3 a 5 días naturales.

Cuando el abogado o abogada esté de guardia del turno de oficio, esto podrá motivar que no se le señalen actos procesales para el periodo de guardia, o que se suspendan los actos procesales que se señalen después de haberse asignado este servicio de guardia.

En los casos en que se hubiera producido una suspensión, el órgano judicial, para evitar una nueva suspensión, procurará contar con el acuerdo de los abogados y abogadas para efectuar el nuevo señalamiento. En caso de pluralidad de partes, intervendrá el colegio correspondiente para poder encontrar una nueva fecha de señalamiento que será consensuada entre todos los abogados y/o abogadas intervinientes.

Tanto los Tribunales como los profesionales que intervienen en los procesos judiciales procurarán aplicar los presentes criterios orientativos con flexibilidad, para poder conseguir disminuir el número de suspensiones y minimizar los trastornos que ocasionan.

Poder llegar a un acuerdo para actualizar el Protocolo inicial, firmado en el año 2007, es la culminación de meses de trabajo al respecto y permite recoger de forma más adecuada las situaciones de suspensión de actos judiciales que lo requieran, adaptándose a las circunstancias actuales.

Este Protocolo ha sido aprobado con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.



El Tribunal Supremo confirma la pena de más de 13 años prisión a un hombre que maltrató y obligó a abortar a su pareja en Ciudad Real

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 11 meses de prisión impuesta a un hombre por maltratar de forma habitual a su pareja y obligarla a abortar en contra de su voluntad en una clínica de Ciudad Real en 2012.

El tribunal desestima todos los motivos del recurso de casación planteados por el recurrente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que le impuso la citada pena de prisión por dos delitos de maltrato (uno sin lesiones y otro habitual cometido en domicilio común), dos delitos de lesiones y un delito de aborto, con la agravante de parentesco, apreciando en todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia recurrida impuso al recurrente el pago de una indemnización a la víctima, en concepto de responsabilidad civil, de 103.304 euros, además de la prohibición de comunicar por cualquier medio con ella y de acercarse a una distancia inferior a 500 metros durante un tiempo determinado.

La Sala desestima también el recurso de casación interpuesto por la víctima y en el que interesaba que se declarase la indebida aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, elevando las penas impuestas en todos los delitos. Del mismo modo, rechaza el motivo en que reclamaba que se condenase al recurrente por un delito del artículo 149.1 del Código Penal (lesiones de grave enfermedad somática y psíquica causadas a la víctima) del que fue absuelto el acusado.

La sentencia recurrida consideró probado que desde el inicio de la relación el condenado fue de forma progresiva aumentando las actuaciones, frases, expresiones y palabras con una clara intención de menospreciar, humillar, anular, denigrar a la víctima, que se vio absoluta y totalmente vejada y sometida a los deseos del recurrente. Incluso llegó a rociarla de gasolina, a taparle su cabeza con una bolsa impidiendo su respiración, a sacarla al balcón desnuda o a asomar su cabeza a un pozo, además de propinarle patadas, golpes y bofetones. Tras quedarse embarazada, la obligó a abortar y, pese a que ella quería tener un hijo, decidió hacerlo por el pánico que tenía al acusado. Según los hechos probados, convirtió la vida de la mujer en un auténtico horror y la convivencia en un infierno, sometida de continuo a los deseos del acusado.



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