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Los jueces de Alicante eligen a César Martínez Díaz como nuevo decano

Los jueces de la ciudad de Alicante, reunidos hoy en junta general, han elegido a César Martínez Díaz como nuevo decano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha obtenido 23 de los 42 votos emitidos en segunda vuelta, de entre un censo compuesto por medio centenar de jueces con derecho a voto.

César Martínez sustituirá en el cargo al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante, Salvador Bellmont Lorente, que optaba a la reelección y ha obtenido 19 sufragios.



El Tribunal Supremo anula dos condenas por yihadismo porque el tribunal no motivó la protección máxima otorgada al testigo de cargo en el juicio

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de 3 de diciembre de 2018, que confirmó sendas condenas de 17 años de cárcel a dos hombres residentes en Ceuta por delitos de participación activa en organización terrorista y depósito de armas de guerra.

El alto tribunal declara la nulidad de actuaciones a partir del auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que estableció, sin la motivación exigible según el Supremo, la protección máxima al testigo de cargo del juicio, que declaró en la vista mediante videoconferencia, sin ser visualizado y con la voz distorsionada, manteniendo el anonimato de su identidad para las defensas. Ahora, una sección distinta a la que enjuició el caso deberá retomar la causa, empezando por dictar un nuevo auto sobre la protección del testigo que cumpla con las exigencias de motivación de una medida de ese tipo.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 17 años de cárcel a los dos acusados, Abdeliliah C.B.A., e Icham A.M. al considerar que formaban parte de un grupo salafista radical en Ceuta y vincularles con un depósito de armas que fueron descubiertas enterradas cerca de una cochera propiedad del tío de uno de los detenidos. La sentencia de la Sección Tercera fue confirmada en diciembre de 2018 por la Sala de Apelación de la Audiencia.

Los dos acusados recurrieron al Supremo, entre otros motivos, por vulneración de derechos constitucionales, como el de defensa, al considerar producidas sus condenas con apoyo exclusivo en la declaración de un testigo protegido cuya identidad ha permanecido oculta para las defensas.

El alto tribunal explica en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo de Porres, que la declaración del testigo protegido y anónimo es válida en la fase de instrucción, y también puede serlo en el juicio, siempre que se establezca mediante resolución que cuente con la motivación suficiente. Además, puede ser valorada como prueba de cargo, siempre que los déficits de defensa producidos por el anonimato se compensen con medidas alternativas que permitan combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo, y que su testimonio de cargo se acompañe con otras pruebas y no recaiga sobre el mismo todo el peso probatorio.

En el caso revisado, el testigo declaró en el juicio sin que se comunicase su identidad no sólo a los acusados sino tampoco a sus abogados. Y lo hizo sin ser visualizado y con distorsión de su voz. “La protección, por tanto, ha sido máxima y la limitación del derecho de defensa también”, indica el alto tribunal.

En el auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 28 de febrero de 2018, se justificó la decisión porque a la declaración del testigo protegido “han seguido toda una serie de investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han dado un determinado resultado de carácter delictivo, hallando por ejemplo una gran cantidad de armas”. También se motivó en que la declaración del testigo no es la única prueba “pues hay otras pruebas de cargo que justifican y corroboran tal denuncia”.

Auto sin motivación exigible

Para el Supremo, “esta motivación de la sentencia no cumple con el estándar exigible. De un lado, la argumentación del auto no se corresponde exactamente con la realidad. La Guardia Civil no realizó ‘una serie de investigaciones’ posteriores a la declaración del testigo protegido que concluyeran en un resultado delictivo porque los propios agentes han indicado que no realizaron una investigación posterior, a salvo de las diligencias complementarias a los hallazgos de las armas, todas ellas de resultado negativo, salvo los registros domiciliarios”.

Además, el TS subraya que “al margen de la declaración del testigo protegido hay muy pocas pruebas. En este sentido es discutible si el hallazgo de las armas es una prueba autónoma de la propia declaración del testigo, por lo que el único elemento probatorio adicional es el material incautado en los domicilios. El resto de indagaciones (ADN, huellas) han resultado negativas”.

La Sala subraya que el auto no hace ninguna referencia “a la situación de riesgo del testigo. No se ha ponderado la extraordinaria gravedad de las penas solicitadas y se ha minusvalorado la limitación del derecho de defensa afirmando que es irrelevante. No se ha ponderado si era esencial conocer la identidad para cuestionar la credibilidad del testimonio ante la ausencia o debilidad de las restantes pruebas de cargo y ni se han analizado otras posibles medidas alternativas, ni se han explicitado qué tipo de medidas compensatorias se iban a adoptar para suplir el déficit de contradicción procesal“, concluyen los magistrados, declarando nulo todo lo actuado desde el dictado del auto de 28 de febrero de 2018.

 



El Tribunal Supremo reconoce a los deportistas “de élite” el derecho a indemnización por finalizar su contrato

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que refuerza y aclara su doctrina, fijada en sentencia de 26 de marzo de 2014, sobre el pago de una indemnización por finalización de contrato laboral a los deportistas profesionales.

En una sentencia de Pleno, la Sala ha establecido que los futbolistas profesionales, sean o no considerados de élite, tienen derecho a cobrar la indemnización legalmente prevista en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores cuando acabe su contrato temporal al cumplirse el tiempo pactado (doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación).

El tribunal concluye que la aplicación de dicho artículo a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del Real Decreto 1006/1985 “no puede depender de su mayor o menor nivel retributivo”. Añade que se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término “con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio V. Sempere, señala que la toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial, cuando se afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador.

Sin embargo, subraya que “cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las relaciones laborales de carácter especial”.

La Sala da la razón al futbolista Sergio Mora Sánchez que reclamaba el pago de una indemnización de 34.576 euros por fin de contrato a la Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D., donde había jugado seis temporadas (desde 2009/2010 hasta 2014/2015) en Segunda División A. Al finalizar su relación laboral con este club, fue contratado por el Deportivo Alavés.

El juzgado de lo Social número 4 de Madrid rechazó la demanda del futbolista por entender que había tenido una carrera profesional exitosa y que la indemnización procedía en el caso de los deportistas con “resultados humildes” pero no en los “de élite”. En este caso, valoró que, aunque no pertenecía al reducido grupo de jugadores que cobran sueldos millonarios, sí se encontraba en mejor situación que otros futbolistas que juegan en Segunda División B o divisiones inferiores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el fallo de primera instancia.

El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida y asegura que “el contrato laboral que vinculaba al futbolista y a su Club ha finalizado por expiración del tiempo convenido (art. 13.b RD 1006); la regulación laboral común es supletoria de la especial para este contrato (art. 21 RD 1006/1985); el Estatuto de los Trabajadores contempla una indemnización por finalización de contrato temporal (art. 49.1.c ET), existen poderosas razones para extender al ámbito de los deportistas con contrato temporal las mismas condiciones que las disfrutadas por las personas con contratos de régimen común; el nivel retributivo no aparece en norma alguna como modulador de los derechos frente a la empresa”. En consecuencia –concluye la Sala- “cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET”.

La sentencia incluye un voto particular, firmado por el magistrado Miguel Ángel Luelmo Millán, en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría y en el que defiende que debía desestimarse el recurso del futbolista, de acuerdo con el Ministerio Fiscal.



El juez envía a prisión a un investigado que quedó en libertad en mayo por haber vuelto a perpetrar otro robo en Pamplona

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona revocó el pasado viernes la libertad provisional decretada para un investigado el 11 mayo y ordenó su ingreso en prisión tras haber perpetrado quince días después un nuevo robo en un local de Pamplona fuera de las horas de apertura.

El 11 de mayo, el magistrado dejó en libertad a cuatro detenidos por su supuesta participación en cuatro robos en establecimientos comerciales cometidos en las últimas semanas en Pamplona a condición de que no volvieran a delinquir, de comparencias semanales en el juzgado, así como de que en el plazo de quince días acreditaran su participación en programas socioeducativos; demostraran semanalmente, mediante la aportación del correspondiente análisis, que han dejado de consumir sustancias estupefacientes; y mantuvieran su asistencia a programas de deshabituación.

Respecto al investigado A. G. J., el juez exponía entonces que contaba con indicios racionales de su participación en la comisión de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, fuera de las horas de apertura, castigado cada uno de ellos con pena de uno a cinco años de prisión, “y ello a la vista de las diligencias de investigación policial que se reflejan en el atestado, en donde se han obtenido imágenes y huellas dactilares de éste en el lugar de los hechos, lo que junto con el resto de los datos que se contienen en el atestado policial supone un indicio suficiente de su participación en dichos delitos”.

Un mes después, el pasado 14 de junio, el investigado compareció de nuevo ante el juez como supuesto autor de un robo ocurrido el 25 de mayo. El fiscal solicitó el ingreso en prisión, mientras que la defensa se opuso.

En el auto, que puede ser recurrido, el juez asegura que existen “indicios contundentes” de que el encausado, a pesar de las advertencias realizadas hacía un mes, “volvió a cometer un nuevo delito de robo con fuerza escasamente dos semanas después de quedar en libertad”.

En concreto, el juez se refiere a una huella palmar del investigado hallada por la policía en la puerta del establecimiento.

“La comisión de un nuevo delito quince días después de quedar en libertad provisional evidencia, sin ningún género de dudas, que la comisión de delitos contra el patrimonio es el modo de vida habitual de este investigado y pone de manifiesto el clarísimo riesgo de reiteración delictiva que existe en caso de que continúe en libertad provisional”, abunda el magistrado.

Este es el segundo de los cuatro investigados que incumple las condiciones establecidas por el juez el 11 de mayo para seguir en libertad. Al día siguiente, el imputado I. S. B., a quien el magistrado había dejado en libertad con, entre otras medidas cautelares, la obligación de presentarse en el juzgado todos los miércoles, viernes y domingos, infringió la imposición y no se presentó en el juzgado, por lo que el 13 de mayo ingreso en prisión.



El juez levanta parcialmente el secreto de actuaciones en el caso de los amaños de partidos

En un auto dictado el pasado viernes, el juez de instrucción nº 5 de Huesca, encargado de la investigación judicial del denominado caso OIKOS ha decretado el levantamiento parcial del secreto de sumario.

El juez ha decretado su levantamiento 17 días después de que lo decretara al considerar que ya “se han realizado las actuaciones mínimas indispensables” para garantizar que la investigación judicial no se vea entorpecida o frustrada.

El levantamiento parcial del secreto de sumario afecta a una parte de los autos principales y a la pieza de prueba tecnológica (la relacionada con las escuchas entre otras cuestiones) pero el instructor mantiene el secreto para otra parte de los autos principales (folios del 233 al 261) sacados provisionalmente del expediente para ser incorporados a una pieza separada (la nº 12) así como para dos providencias dictadas el 8 de abril y el 14 de junio de este año. Sobre la parte que sigue bajo secreto de sumario, el juez ha determinado que éste continúe por espacio de un mes prorrogable.



Aumenta un 38,4 % el número de denuncias presentadas por violencia de género en Galicia

Los juzgados gallegos recibieron en el primer trimestre del año 1.736 denuncias por violencia de género, un 38,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 1.254. La gran mayoría de las denuncias (1.390) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima. Sube también el número de mujeres que aparecen como víctimas, de 1.345 en los tres primeros meses del año pasado, a las 1.520 de este, lo que supone un aumento del 13 %.

Según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia prácticamente se mantuvieron los casos de víctimas que se acogen a la dispensa para no declarar. Si en los tres primeros meses de 2018 optaron por esta opción 76 mujeres, en el primer trimestre de este año lo hicieron 75, lo que supone el 4,3 % de las víctimas.

Galicia se situó como una de las comunidades con una de las tasas de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10 000 mujeres) más bajas del Estado, con 10,86 personas, frente a las 16,11 de media estatal. Durante el primer trimestre del año se solicitaron 433 órdenes de protección en los órganos judiciales de la comunidad, frente a las 459 de 2018, lo que supone un descenso del 5,7 %. De las 433 se adoptaron 261, el 60,28 por ciento.

El 82,32 % de las personas enjuiciadas en la comunidad gallega por delitos relacionados con violencia de género entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año fueron condenadas. Este dato sitúa a la comunidad por debajo de la media estatal, que es del 86,07 %.

Las conclusiones de estos datos estadísticos han de ser interpretadas teniendo en cuenta la huelga de funcionarios llevada a cabo entre febrero y mayo de 2018.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 

 



Las denuncias por violencia de género en Madrid aumentan un 0,6 % en el primer trimestre de 2019

Un total de 6.204 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 6.472 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 0,6 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 6.431. Asimismo se incrementó en un 3,2 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 6.009. Un 74,4 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales.

En el primer trimestre de 2019, de número total de víctimas, 3.400 mujeres fueron españolas (un 54,8 por ciento) y 2.804, extranjeras (un 45,2 por ciento), datos que implican un aumento de 6,7 puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en Madrid.

Una ratio superior a la media estatal

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la región, con 17,85, se sitúa por encima de la media nacional, que fue de 16,11. En el ámbito estatal destacan las comunidades de Baleares, con una ratio de 23,21, Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16; mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.

Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar

En 839 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes de órdenes de protección

Un total de 1.405 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer madrileños, lo que supone un incremento del 0,4 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 1.400 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 53 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (738 adoptadas frente a 1.405 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mismo trimestre de 2018 fueron 798 las adoptadas y 596 las denegadas.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (157), se acordaron 106. Y en cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 89 eran españolas y 67 extranjeras.

Se mantiene el número de condenas a maltratadores

Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales madrileños dictaron 219 sentencias penales condenatorias, lo que supone un 73 por ciento del total de las resoluciones de esta naturaleza. Este porcentaje representa un descenso interanual de 2,7 puntos.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados que tramitan de manera exclusiva los procedimientos de esta naturaleza en Madrid ingresaron a lo largo del trimestre de este estudio 8.555 asuntos.

• Juzgados de lo penal

Los juzgados de lo penal de la región, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron por su parte un total de 1.384 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 1.399.

Estos juzgados dictaron 1.286 sentencias, de las que 706 fueron condenatorias, 341 de ellas previa conformidad.

• Audiencia Provincial

En la Audiencia Provincial de Madrid, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer (la 26ª y la 27ª) enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 7 sentencias, 6 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 85,7 por ciento.

• Juzgados de menores

Por último, los juzgados de menores en la comunidad enjuiciaron en el primer trimestre del año a 4 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer, tres de los cuales eran españoles. Estos datos son idénticos a los que se dieron en el mismo trimestre de 2018.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.

También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68 por ciento de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.

Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.

No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Aumentan un 14,8 % las denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año

Las denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2019 aumentaron 14,8 por ciento con respecto al año anterior. Se registraron 1.464 denuncias frente a 1.279 del mismo periodo de 2019.

Es uno de los datos que recoge la estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Del total de denuncias por violencia de género presentadas (1.464), 20 fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en 1.260. 57 denuncias fueron presentadas por familiares, 119 fueron derivadas de partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y 8 a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

En el conjunto de ese número de denuncias, un total de 1.394 mujeres en Castilla-La Mancha aparecen como víctimas de violencia de género, 940 españolas y 454 extranjeras. Comparando el dato con el mismo periodo del año anterior, refleja un aumento del 12,6 %.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 13,73 en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional situada en 16,11.

Los asuntos penales de violencia de género registrados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, aumentaron un 7,8 % respecto al primer trimestre del año anterior. Ingresaron 1.706 nuevos asuntos frente a 1.582 en 2018.

Número de víctimas que se acogió a la dispensa para no declarar

En el primer trimestre del año, en 88 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa legal de la obligación de declarar como testigo prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cifra superior, en un 3,5 %, al mismo periodo del año anterior, cuando 85 víctimas se acogieron a esta dispensa.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Solicitudes y concesiones de órdenes de protección

Durante el primer trimestre de 2019 se incoaron en Castilla-La Mancha 437 órdenes de protección. Del total de las 437 órdenes de protección incoadas, se adoptaron 305, lo que supone el 70%.

Hombres enjuiciados y condenas

211 hombres fueron enjuiciados por violencia de género en Castilla-La Mancha en los meses de enero a marzo de 2019, con el resultado de 180 condenas, lo que supone el 85,3 % de condenas entre los enjuiciados.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Baleares sigue siendo el territorio con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres

Un total de 1.338 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 1.202 denuncias presentadas en los órganos judiciales de Baleares durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. 

Las denuncias presentadas en las Islas suponen un incremento del 2,7 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 1.170. Asimismo se incrementó en un 8,5 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 1.233. En el primer trimestre de 2019, de las víctimas en Baleares, 783 mujeres eran españolas y 555, extranjeras (un 41,5%).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Baleares destaca por encima de la media nacional, que fue de 16,11, con una ratio de 23,21. Al archipiélago balear le sigue la Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16 mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.

Desciende el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar en las Islas

En Baleares en 102 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso del 15 por ciento menos respecto al año anterior que fueron un total de 120.

En 72 de los casos casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 30 casos, eran extranjeras.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más órdenes de protección incoadas en el archipiélago balear

Un total de 251 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Balears, lo que supone un incremento del 30,7 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 192 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer de las Islas concedieron un total de 204 órdenes de protección solicitadas previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 23,6 por ciento más que el año anterior. Por el contrario, se denegaron 47, un 74,1% más que durante el primer trimestre del año 2018.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Canarias: suben un 47% las mujeres que rechazan declarar contra su presunto agresor

Un total de 342 mujeres denunciantes de presuntos casos de violencia machista en los juzgados de las islas se acogieron en el primer trimestre de 2019 a la dispensa de testificar contra sus presuntos agresores, según datos oficiales difundidos hoy lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

La cifra implica que el número de mujeres residentes en las Islas que en el pasado invierno rechazó declarar contra su presunto agresor (pareja o expareja), cuando ya el supuesto caso de violencia estaba en manos de los juzgados, ha aumentado un 46,8% en la comparativa con los tres primeros meses de 2018, en los que fueron 233 las féminas que ejercieron su derecho a la dispensa.

La analítica elaborada por los servicios estadísticos judiciales evidencia que entre enero y marzo de 2019 se presentaron en Canarias un total de 2.246 denuncias aludiendo a supuestos casos de violencia de género, un 6,9% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se computaron 2.101 casos.

Comparando los datos canarios con los nacionales, las denuncias en las islas crecieron cinco más que la cifra nacional: 40.319 denuncias, un 1,9% más que en el invierno de 2018.

El informe detalla que durante el primer trimestre del presente año fueron juzgados en Canarias por violencia sobre la mujer 614 varones (un 11% menos que en el mismo periodo de 2018), de los cuales 535, el 87%, fueron condenados, y 79, el 13%, absueltos.

En el periodo analizado se incoaron en las islas 713 procedimientos para dictar órdenes de protección sobre mujeres supuestamente maltratadas, un 47,9% más que en el invierno anterior (487). Se inadmitieron 15 (un 114,3 más que en el primer trimestre de 20018), se adoptaron 344 (un 12% más) y se denegaron 355 (un 108% más).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 1.000 habitantes, Canarias registró entre enero y marzo del año pasado la tercera más alta de España: 20,74 casos por cada 10.000 mujeres, cifra sólo superada por la comunidad valenciana (21,19) y (Baleares (23,21), lo que confirma que la tendencia de los últimos años relativa a que los dos archipiélagos están siempre entre los territorios donde más se denuncian casos de violencia machista. La cifra canaria estuvo este invierno 4,64 puntos por encima de la media nacional, 16,11 casos por cadada 10.000 mujeres.

Datos nacionales

Lasa cifras del estudio relativas a todo el ámbito del Estado reflejan que un total de 38.619 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 40.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2019.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 39.586. Asimismo se incrementó en un 2,1 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 37.829.

En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 25.848 mujeres eran españolas (un 66,9 por ciento) y 12.771, extranjeras (un 33,1 por ciento), datos que implican un aumento de tres puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

Aumenta el número de denuncias presentadas por la propia víctima

Un 73,6 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de cinco puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 12,03 por ciento de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un descenso en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 1,73 por ciento del total, frente al 2,5 por ciento del primer trimestre de 2018. Más de un nueve por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y más de un tres por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

Desciende el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar en el Estado

En 3.759 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 9,73 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra notablemente inferior al año anterior, que fue de un 11,18 por ciento.

En 2.421 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.338 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (10,48) que en las mujeres españolas (9,37).

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes de órdenes de protección

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.922 órdenes de protección en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia), incrementándose así la cifra de 10.455 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 9.530 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 4,68 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 9.104 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,1 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.395 adoptadas frente a 9.530 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso de un punto y medio respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 68,7 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.453 (un 67,7 %) correspondieron a mujeres españolas y 3.077, a extranjeras. 196 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, algo más de un 2% del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.392), se acordaron 1.047, un 75 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. Un dos por ciento de las solicitudes se referían a mujeres menores de edad.

Incremento de las medidas judiciales civiles y penales de protección

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.999 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así levemente la cifra de 3.984 medidas adoptadas el año anterior.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.073) y de prestación de alimentos (1.331). En 301 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 236 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 15.337, lo que supone un notable incremento respecto de las 14.881 acordadas en el primer trimestre de 2018. Entre las medidas acordadas, destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.704 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.003 casos. Se adoptaron asimismo 334 medidas privativas de libertad.

Se mantiene el número de condenas a maltratadores

Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.187 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,6 por ciento (9.043) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 68,5 por ciento del total.

Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 86,33 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 82,52 por ciento, ambos porcentajes ligeramente superiores a los del primer trimestre de 2018. Un 57,33 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el primer trimestre de este año un total de 1.887 juicios sobre delitos leves, de los que un 38 por ciento (717) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 77 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 51.568 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 50,6 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 14,3 por ciento al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el primer trimestre de 2019 estas demandas sumaron un total de 5.639, cifra notablemente superior a la del mismo trimestre de 2018, que fue de 4.228, manteniendo en todo caso la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 8.330 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 7.701.

Estos juzgados dictaron 8.059 sentencias, de las que el 57,33 por ciento (4.620) fueron condenatorias, lo que indica un leve descenso respecto al año anterior.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 103 sentencias, 85 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 82,52 por ciento, más de un punto por encima del mismo trimestre de 2018.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el primer trimestre del año a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 90,54 por ciento de los casos, afectando a 67 menores, de los que 56 eran españoles.

En este primer trimestre del año se ha detectado un repunte en el número de menores enjuiciados, 74, frente a los 59 menores del primer trimestre de 2018.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.

También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68 por ciento de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.

Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.

No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Las denuncias por violencia de género aumentaron un 8% en el primer trimestre de 2019 en Navarra

Las denuncias por violencia de género aumentaron un 7,9% en el primer trimestre de este año en Navarra, según consta en el informe hecho público hoy por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género.

Este estudio recoge que en el primer trimestre de 2019 se presentaron 480 denuncias frente a las 445 del mismo periodo del año anterior. De igual forma, entre enero y marzo se produjo un incremento en el número de víctimas, ya que en 2019 se contabilizaron 483 frente a las 442 de los tres primeros meses del pasado año, lo que supone un ascenso del 9,3%.

El dossier constata que el índice de víctimas de violencia de género se elevó a 14,62, una tasa superior a la de hace un año, en el que se situó en 13,5 por cada mil mujeres.

Entre otros datos, el Observatorio refleja también un aumento del 15% del número de víctimas españolas —287 en 2019 frente a 245 en 2018—, mientras que el porcentaje entre las extranjeras se mantiene —196 frente a 197—.

Por otra parte, el estudio revela un significativo descenso del 56,9% del número de renuncias, esto es, de las mujeres que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar contra sus cónyuges o exparejas. En el primer trimestre de este año hicieron uso de esta dispensa 31 denunciantes —18 españolas y 13 extranjeras— frente a las 72 —30 y 42— del mismo periodo del pasado año.

Asimismo, el informe contiene que, en los primeros tres meses, los juzgados de violencia sobre la mujer de Navarra incoaron 80 órdenes de protección y seguridad a las víctimas (104 en el mismo periodo de 2018), de las que adoptaron 63 y denegaron 17.

Por órganos judiciales, en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad foral en el primer trimestre de este año fueron enjuiciadas 44 personas (42 el año anterior), de las que fueron condenadas 42 —25 españolas y 17 extranjeras—, es decir, un 95,5%.

En total, en la fase de instrucción, entre enero y marzo de 2019 se incoaron en los juzgados de Violencia de Navarra 562 asuntos penales, frente a los 530 abiertos en 2018, esto es, un aumento del 6%.

En el primer trimestre de este año, por otra parte, 98 hombres fueron enjuiciados en Navarra en el Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona —órgano con competencia exclusiva para ver los procedimientos con penas de hasta 5 años de prisión— por delitos de violencia de género, de los que 81 —41 españoles y 40 extranjeros— fueron condenados.

Respecto a las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal número 5, entre enero y marzo de 2019, de las 81 resoluciones condenatorias, 59 fueron de conformidad y, tras la celebración de los juicios, 22 fueron condenatorias y 17 absolutorias (13%).

En la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, órgano que juzga en exclusiva los delitos de violencia de género con penas de más de 5 años de prisión y, además, resuelve los recursos interpuestos contra las sentencias del Juzgado de lo Penal nº 5, se dictaron 11 sentencias, todas ellas condenatorias, en primera instancia, así como 17 sentencias resolviendo recursos de apelación.



En el primer trimestre del año aumentaron en un 3,2 por ciento las víctimas de violencia de género

Un total de 575 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 603 denuncias presentadas en los órganos judiciales extremeños durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Las denuncias presentadas suponen un descenso del 1,1 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 610. Asimismo se incrementó en un 3,2 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género pasando de las 557 del primer trimestre de 2018 a las 575 de este año en el mismo periodo.

En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 522 mujeres eran españolas y el resto, 53, extranjeras.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Extremadura se sitúa en el 10,7 por ciento, por debajo de la media nacional, que fue de 16,11.

En 23 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso del 11,5 por ciento, con respecto al año anterior.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 203 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia), incrementándose así la cifra de 180 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados se adoptaron 150, lo que supone un incremento del 3,4 por ciento y se denegaron 53, con un incremento del 51,4 por ciento.

Asimismo durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales extremeños dictaron un total de 105 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que 100 fueron condenatorias, con un incremento del 22 por ciento, y el resto, 5, absolutorias, lo que supone un descenso del 16 por ciento con respecto al primer trimestre del año anterior.

Con respecto a las personas enjuiciadas en los tres primeros meses del año han sido un total de 105, lo que supone un aumento del 18 por ciento, de los cuales 94 han sido españoles y 6 extranjeros.

El Informe también recoge que los Juzgados de Menores, por su parte, en este periodo ha enjuiciado y condenado en este periodo a dos menores de edad, mientras que en 2018 no hubo ninguna condena a menores.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Las denuncias por violencia de género aumentaron en la Comunidad Valenciana un 4,9 por ciento en el primer trimestre del año

La Comunidad Valenciana registró 5.626 denuncias por violencia de género durante el primer trimestre de 2019, un 4,9 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año. El número de víctimas también se incrementó, en concreto un 4,4 por ciento, al pasar de 5.150 a 5.376.

Los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos hoy reflejan en estos tres primeros meses un total de 38.619 víctimas en el conjunto de España, lo que supone un incremento interanual del 2,1 por ciento, y 40.319 denuncias, un 1,9 por ciento más que las presentadas entre enero y marzo de 2018.

La Comunidad Valenciana presenta una ratio de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres de 21,19, un 3,6 por ciento superior a la que tenía un año antes y que es la segunda más alta de todas las autonomías tras Baleares (23,21), frente a una media nacional que se sitúa en 16,11.
Del total de 5.376 perjudicadas contabilizadas en los juzgados valencianos en el primer trimestre del año, un 64,2 por ciento (3.451) era de nacionalidad española y el 35,8 por ciento (1.925) extranjera.

En 530 casos esas víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigos en los procesos judiciales, un 25,1 por ciento menos que en los tres primeros meses de 2018, cuando renunciaron a ello 708.
Entre enero y marzo de este año fueron solicitadas 1.287 órdenes de protección, un 15,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2018 (1.113). Los juzgados de la Comunidad Valenciana con competencias en violencia sobre la mujer únicamente inadmitieron 5 de esas solicitudes y denegaron 152, un 19,6 por ciento menos que en el primer trimestre del pasado año. En cambio, adoptaron 1.130 de esas órdenes, un 23,4 por ciento más que las 916 adoptadas en 2018.

Estos juzgados enjuiciaron a 801 personas y acabaron condenando al 90 por ciento de ellas, un 6,8 por ciento más que entre enero y marzo de 2018. En esa línea, dictaron un 17,5 por ciento más de sentencias condenatorias y un 29,8 por ciento menos de absolutorias, al tiempo que archivaron provisionalmente 1.375 asuntos, un 19,2 por ciento menos que en el primer trimestre del pasado año.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias en el conjunto de España, “nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia, ha señalado.

Para Carmona, “no es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio”.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. “Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal”, asegura.

* Todos los datos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



En el primer trimestre del año aumentaron un 1,9 por ciento las denuncias por violencia de género

Un total de 38.619 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 40.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 39.586. Asimismo se incrementó en un 2,1 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 37.829.

En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 25.848 mujeres eran españolas (un 66,9 por ciento) y 12.771, extranjeras (un 33,1 por ciento), datos que implican un aumento de tres puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 16,11, las comunidades de Baleares, con una ratio de 23,21, Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16 mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.

Aumenta el número de denuncias presentadas por la propia víctima

Un 73,6 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de cinco puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 12,03 por ciento de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un descenso en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 1,73 por ciento del total, frente al 2,5 por ciento del primer trimestre de 2018. Más de un nueve por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y más de un tres por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

Desciende el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar

En 3.759 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 9,73 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra notablemente inferior al año anterior, que fue de un 11,18 por ciento.

En 2.421 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.338 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (10,48) que en las mujeres españolas (9,37).

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes de órdenes de protección

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.922 órdenes de protección en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia), incrementándose así la cifra de 10.455 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 9.530 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 4,68 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 9.104 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,1 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.395 adoptadas frente a 9.530 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso de un punto y medio respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 68,7 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.453 (un 67,7 %) correspondieron a mujeres españolas y 3.077, a extranjeras. 196 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, algo más de un 2% del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.392), se acordaron 1.047, un 75 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. Un dos por ciento de las solicitudes se referían a mujeres menores de edad.

Incremento de las medidas judiciales civiles y penales de protección

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.999 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así levemente la cifra de 3.984 medidas adoptadas el año anterior.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.073) y de prestación de alimentos (1.331). En 301 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 236 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 15.337, lo que supone un notable incremento respecto de las 14.881 acordadas en el primer trimestre de 2018. Entre las medidas acordadas, destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.704 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.003 casos. Se adoptaron asimismo 334 medidas privativas de libertad.

Se mantiene el número de condenas a maltratadores

Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.187 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,6 por ciento (9.043) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 68,5 por ciento del total.

Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 86,33 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 82,52 por ciento, ambos porcentajes ligeramente superiores a los del primer trimestre de 2018. Un 57,33 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el primer trimestre de este año un total de 1.887 juicios sobre delitos leves, de los que un 38 por ciento (717) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 77 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 51.568 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 50,6 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 14,3 por ciento al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el primer trimestre de 2019 estas demandas sumaron un total de 5.639, cifra notablemente superior a la del mismo trimestre de 2018, que fue de 4.228, manteniendo en todo caso la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 8.330 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 7.701.

Estos juzgados dictaron 8.059 sentencias, de las que el 57,33 por ciento (4.620) fueron condenatorias, lo que indica un leve descenso respecto al año anterior.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 103 sentencias, 85 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 82,52 por ciento, más de un punto por encima del mismo trimestre de 2018.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el primer trimestre del año a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 90,54 por ciento de los casos, afectando a 67 menores, de los que 56 eran españoles.

En este primer trimestre del año se ha detectado un repunte en el número de menores enjuiciados, 74, frente a los 59 menores del primer trimestre de 2018.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.

También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68 por ciento de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.

Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.

No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



En el primer trimestre del año aumentaron un 1,9 por ciento las denuncias por violencia de género

Un total de 38.619 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 40.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 39.586. Asimismo se incrementó en un 2,1 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 37.829.

En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 25.848 mujeres eran españolas (un 66,9 por ciento) y 12.771, extranjeras (un 33,1 por ciento), datos que implican un aumento de tres puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 16,11, las comunidades de Baleares, con una ratio de 23,21, Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16 mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.

Aumenta el número de denuncias presentadas por la propia víctima

Un 73,6 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de cinco puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 12,03 por ciento de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un descenso en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 1,73 por ciento del total, frente al 2,5 por ciento del primer trimestre de 2018. Más de un nueve por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y más de un tres por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

Desciende el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar

En 3.759 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 9,73 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra notablemente inferior al año anterior, que fue de un 11,18 por ciento.

En 2.421 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.338 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (10,48) que en las mujeres españolas (9,37).

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes de órdenes de protección

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.922 órdenes de protección en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia), incrementándose así la cifra de 10.455 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 9.530 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 4,68 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 9.104 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,1 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.395 adoptadas frente a 9.530 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso de un punto y medio respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 68,7 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.453 (un 67,7 %) correspondieron a mujeres españolas y 3.077, a extranjeras. 196 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, algo más de un 2% del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.392), se acordaron 1.047, un 75 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. Un dos por ciento de las solicitudes se referían a mujeres menores de edad.

Incremento de las medidas judiciales civiles y penales de protección

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.999 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así levemente la cifra de 3.984 medidas adoptadas el año anterior.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.073) y de prestación de alimentos (1.331). En 301 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 236 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 15.337, lo que supone un notable incremento respecto de las 14.881 acordadas en el primer trimestre de 2018. Entre las medidas acordadas, destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.704 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.003 casos. Se adoptaron asimismo 334 medidas privativas de libertad.

Se mantiene el número de condenas a maltratadores

Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.187 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,6 por ciento (9.043) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 68,5 por ciento del total.

Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 86,33 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 82,52 por ciento, ambos porcentajes ligeramente superiores a los del primer trimestre de 2018. Un 57,33 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el primer trimestre de este año un total de 1.887 juicios sobre delitos leves, de los que un 38 por ciento (717) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 77 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 51.568 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 50,6 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 14,3 por ciento al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el primer trimestre de 2019 estas demandas sumaron un total de 5.639, cifra notablemente superior a la del mismo trimestre de 2018, que fue de 4.228, manteniendo en todo caso la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 8.330 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 7.701.

Estos juzgados dictaron 8.059 sentencias, de las que el 57,33 por ciento (4.620) fueron condenatorias, lo que indica un leve descenso respecto al año anterior.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 103 sentencias, 85 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 82,52 por ciento, más de un punto por encima del mismo trimestre de 2018.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el primer trimestre del año a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 90,54 por ciento de los casos, afectando a 67 menores, de los que 56 eran españoles.

En este primer trimestre del año se ha detectado un repunte en el número de menores enjuiciados, 74, frente a los 59 menores del primer trimestre de 2018.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.

También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68 por ciento de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.

Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.

No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Francisco Javier Isasi renueva como Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Navarra

El letrado de la Administración de Justicia Francisco Javier Isasi Barbier continuará cinco años más como Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Isasi tomará posesión el 30 de septiembre en Madrid en un acto presidido por la ministra de Justicia.

La renovación por parte del Ministerio de Justicia de Francisco Javier Isasi, único letrado que se presentó al cargo, se ha llevado a cabo tras haber recibido la propuesta favorable del Gobierno de Navarra, que tiene las competencias asumidas en materia de la Administración de Justicia, así como tras haber recabado los informes de la Sala de Gobierno del TSJN y del Consejo del Secretariado.

Francisco Javier Isasi, natural de Pamplona, de 56 años, tomó posesión como Secretario de Gobierno del TSJN el 22 de abril de 2014, puesto en el que sucedió a Mercedes Vitrián.

El Secretario de Gobierno del TSJN ha estado destinado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pamplona, así como en los juzgados de Santa Coloma de Farnés (Gerona), Aoiz, Las Palmas de Gran Canaria y Vitoria.

En diciembre de 2008, Francisco Javier Isasi fue condecorado con la orden de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a su trayectoria profesional.



Agenda de señalamientos en Castilla-La Mancha del 17 al 21 de junio de 2019


La Audiencia de Zaragoza juzgará a 59 personas por más de un centenar de partes falsos de siniestro a seis aseguradoras

La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza comienza el próximo lunes, día 17 de junio, un juicio contra cincuenta y nueve personas acusadas por el Ministerio Fiscal de los delitos de agrupación criminal, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. Se sentarán en el banquillo como posibles autores de más de 157 partes de falsos siniestros a seis compañías de seguros: Axa, Catalana, Plus Ultra, Reale, Zurich y Mapfre, realizados entre los años 2005 a 2012.

Las cantidades abonadas por las compañías de seguros a los 59 acusados, por los falsos partes presentados, asciende a 1.888.933 euros y a unos 12.141 euros lo cobrado por uno de los acusados en concepto de gastos de peritaje.

El juicio se va a celebrar en la sala número 3 (macro) del edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia (sala de vistas habilitada con conexión a la sala de prensa). El tribunal ha estructurado el juicio en un total de doce sesiones por lo que se prolongará hasta el día 10 de julio en jornadas de mañana y de lunes a miércoles, a excepción de la última semana en la que las sesiones serán todos los días.

Todas las sesiones, salvo modificaciones posteriores, darán comienzo a las 10:00 horas. Forman parte del tribunal juzgador los magistrados José Ruiz Ramo, Presidente de la sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y los magistrados de la misma sección, Mauricio Murillo y María José Gil.

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, considera que los hechos relatados en su calificación fiscal son constitutivos de un total de 68 delitos: un delito de agrupación criminal, 63 delitos de estafa (diez delitos de estafa agravada en cuantía superior a 50.000 euros, veinticuatro de estafa agravada en cuantía inferior a 50.000 euros y veintisiete delitos de estafa, y dos delitos continuados de estafa agravada en cuantía superior a los 50.000 euros), dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil, y dos delitos de blanqueo de capitales.

Para los principales encausados, Eduardo P.C. y Antonio B.R., el Ministerio Público solicita al tribunal un total de 11 años y seis meses de prisión para cada uno de ellos y multas de 500.000 y 200.000 euros respectivamente. Para el resto de los acusados solicita penas que oscilan entre los 3 y los 7 años de prisión y para todos ellos la responsabilidad civil para que indemnicen a las compañías de seguros en distintas cantidades.



Se reducen un 13,2 por ciento las denuncias por violencia de género de enero a marzo en Cantabria
  • La ratio de mujeres víctimas por cada 10.000 se sitúa en Cantabria en 14,54, por debajo de la media nacional, de 16,11

 

  • Veinte mujeres decidieron no declarar como testigo ante su pareja o expareja, un 37,5 por ciento menos que un año antes

 

 

 

Santander, 17 de junio de 2019.-

 

Los órganos judiciales encargados de investigar la violencia de género en Cantabria recibieron durante el primer trimestre de este año un total de 452 denuncias, lo que supone una reducción del 13,2 por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo de 2018.

 

En las denuncias, figuraban como víctimas 435 mujeres -361 españolas y 74 extranjeras-, lo que supone una ratio de 14,54 de cada 10.000 mujeres que residen en Cantabria, inferior a la media nacional, que de enero a marzo fue de 16,11 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres españolas.

 

Asimismo, durante el periodo analizado fueron condenados 60 hombres en los juzgados de violencia sobre la mujer –por delitos leves o bien porque reconocieron los hechos en la comparecencia previa al juicio rápido – y 58 en el Juzgado de lo Penal -treinta de ellos también por conformidad.

 

El porcentaje de condenas entre los enjuiciados se situó en un 84,5 por ciento en los juzgados de violencia –donde la mayoría de las sentencias se producen por conformidad del acusado- y en un 66,7 por ciento en el de lo Penal.

 

Además, a lo largo del trimestre, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer acordaron treinta órdenes y medidas de protección, y nueve los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia –que atienden casos de violencia de género por las tardes y en fines de semana.

 

Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, y que hoy se ha dado a conocer con información relativa a los tres primeros meses de este 2019.

 

Son menos las víctimas que piden no declarar

 

De las 452 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, 293 fueron presentadas por la propia víctima, bien en el juzgado o ante la policía; otras 74 por parte de lesiones, 52 por servicios asistenciales o terceras personas, veinte por intervención policial directa y trece por denuncia de un familiar.

 

En veinte casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone una disminución del 37,5 por ciento respecto a las que lo hicieron en el mismo periodo de 2018.

 

Esas 98 mujeres representan el cinco por ciento del total de las que figuran como víctimas. A nivel nacional, las mujeres que se acogen a esta dispensa son el diez por ciento de todas las que figuran como víctimas de violencia de género en las denuncias que llegan a los juzgados.

 

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

 

Medidas de protección judiciales

 

A lo largo del pasado año se solicitaron en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria 55 órdenes y medidas de protección.

 

Se encuadran en estas cifras las órdenes de protección y las medidas de protección y seguridad contempladas en el artículo 544 ter -conllevan medidas penales y civiles, y su adopción exige la presencia del presunto agresor-, y también las del artículo 544 bis -precepto que permite al juez adoptar una protección de carácter penal sin necesidad de tomar declaración al denunciado.

 

De esas 55 medidas y órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, los jueces y juezas acordaron treinta, lo que representa el 55 por ciento de todas las pedidas. A nivel nacional, se adoptaron el 67 por ciento de las solicitadas.

 

Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 120 medidas judiciales: cien de carácter penal y veinte de naturaleza civil.

 

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (32) y la prohibición de comunicación (31), seguidas de la suspensión de la tenencia y uso de armas (17). Además, se acordó la privación de libertad en seis ocasiones, la prohibición de volver al lugar de los hechos en otras cinco y la salida del domicilio en tres.

 

Entre las medidas civiles acordadas destacan cinco sobre prestación de alimentos y otras cinco de atribución de la vivienda familiar.

 

Por su parte, los juzgados de guardia que atendieron casos de violencia de género, recibieron catorce peticiones de órdenes y medidas de protección, de las cuales acordaron nueve. 

  

Relación entre la denunciante y el denunciado

 

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (43 ocasiones). En otras doce se trataba de mujeres extranjeras mayores de edad.

 

En cuanto a los denunciados que figuran en las órdenes de protección solicitadas, 42 eran españoles y 13 extranjeros.

 

Por otro lado, al analizar la relación que existía entre la denunciante y el denunciado en el momento de producirse la supuesta agresión, en el 49 por ciento de las ocasiones eran matrimonio o tenían una relación afectiva, mientras que en el 51 por ciento de los casos el vínculo ya estaba disuelto.

 

Delitos de malos tratos

 

A lo largo del pasado año, los juzgados de violencia de género de Cantabria recibieron un total de 457 asuntos, de los que 132 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido y veinte fueron sobre delitos leves. Además, se incoó un procedimiento de jurado, utilizado para enjuiciar el delito de homicidio.

 

El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado, los procedimientos de instrucción más habituales.

 

Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, una de ellas se refiere al citado delito de homicidio.

 

La mayoría (186) responden a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.

 

Otros 91 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

 

Además, en una ocasión se tramitó procedimiento que responde al maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.

 

Por otro lado, los juzgados de violencia de Cantabria tramitaron 61 asuntos por quebrantamiento de condena, 33 por delito contra la libertad, 28 por quebrantamiento de una medida cautelar, once por delito contra la integridad moral, cinco por delito contra el honor y uno por un delito contra el derecho a la intimidad y la propia imagen.

 

En cuanto a los delitos leves, se registraron diez procedimientos por injurias y dos por vejaciones injustas.

 

Además, las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género también dieron lugar a la apertura de 47 procedimientos civiles, de los que 16 eran de divorcio y uno de separación, 16 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos de parejas no casadas, diez sobre modificación de medidas acordadas en sentencia y cuatro sobre liquidación del régimen económico-matrimonial.

 

Fase de enjuiciamiento

 

Esas denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer se instruyen y, como consecuencia de las diligencias practicadas, tienen diferentes formas de terminación.

 

Así, el 16,2 por ciento de las llegadas de enero a marzo al juzgado concluyó con sentencia en el propio órgano –bien porque se trataba de un delito leve o bien porque, siendo el delito grave el acusado se conformó con la condena solicitada por el fiscal. Así, los juzgados de violencia dictaron once sentencias absolutorias y 60 condenatorias.

 

El 57,7 por ciento de los procedimientos que se tramitaron finalizó en sobreseimiento libre (5,7 por ciento) o provisional (el cincuenta por ciento).

 

Una gran parte de los casos en los que se produce el sobreseimiento provisional, como también ocurre con las sentencias que son absolutorias, responde a que la denunciante se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo.

 

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que un 35,1 por ciento de las denuncias no las presenta la propia víctima, sino que llegan al juzgado por intervención policial, denuncia de un familiar, un parte de lesiones o por otros terceros.

 

Finalmente, el 16,9 por ciento de los procedimientos tramitados se elevó al órgano de enjuiciamiento competente –bien al Juzgado de lo Penal o bien a la Audiencia Provincial, en función de la gravedad del delito.

 

Así, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander, especializado en el enjuiciamiento de la violencia de género, dictó 87 sentencias, 58 de ellas fueron condenatorias –en treinta ocasiones el acusado admitió los hechos y se conformó con la pena- y otras 29 resultaron absolutorias.

 

Por su parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la especializada para juzgar esta violencia, juzgó a un hombre, que resultó absuelto.

 

Además, como órgano de apelación, recibió treinta recursos contra sentencias dictadas en el Juzgado de lo Penal y ventiló otros treinta. En el 26,1 por ciento de los casos, estimó el recurso contra una sentencia condenatoria.

 

Finalmente, el Juzgado de Menores de Santander registró un asunto por violencia de género y resolvió otro, lo que se tradujo en una sentencia condenatoria con imposición de medidas.



El instructor de la causa del ‘Procés’ rechaza suspender las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y Antoni Comín

El magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, ha denegado la solicitud de Carles Puigdemont y Antoni Comín de dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión que pesan contra ellos.

En los escritos que presentaron en el Tribunal Supremo, Puigdemont y Comín solicitaban que quedaran sin efecto las órdenes de detención nacional, para poder cumplir con sus obligaciones como diputados electos al Parlamento Europeo; pedían también que se suspendiera el procedimiento judicial contra ellos, hasta que se tramitase la correspondiente autorización del Parlamento Europeo. Se apoyaban en la idea de que la inmunidad se origina desde el momento en que fueron proclamados electos.

Sin embargo el juez Llarena considera que Puigdemont y Comín han interpretado de forma errónea el Protocolo sobre los Privilegios y las inmunidades de la Unión Europea . Según el juez, el articulo 9 de ese Protocolo en el que se apoyan los solicitantes , hace pivotar el régimen de inmunidades en dos circunstancias cumulativas que no se dan en el presente caso: que el Parlamento Europeo esté “en período de sesiones” y que la inmunidad se reconoce a “ sus miembros”.

Distinción entre miembros y electos

En su escrito Llarena explica que, como recordó ayer el Tribunal del Procés en el caso de Junqueras, la condición de miembro del Parlamento Europeo se produce en dos fases. La primera, ante la Junta Electoral Central para jurar o prometer la Constitución, y la segunda, para tomar posesión y adquirir así la condición de miembros del Parlamento, “ En definitiva –concluye Llarena- mientras los solicitantes no realicen el trámite interno descrito, en ningún caso podrían iniciar la segunda fase de los trámites necesarios para la adquisición de la condición de miembro del Parlamento Europeo del que el artículo 9 del Protocolo hace depender el régimen de inmunidad. Para el caso de que esta segunda fase se desarrollara y adquirieran la misma, entonces ya como “ miembros” – no como electos- cumplirían uno de los presupuestos de las prerrogativas correspondientes”.

Parlamento Europeo en periodo de sesiones

Llarena explica en su escrito que para ostentar la inmunidad, no basta con ser miembro electo del Parlamento sino que se requiere además que el Parlamento esté en período de sesiones; ese segundo presupuesto es una fase posterior a la proclamación de los electos. El magistrado se apoya en doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el propio fundamento de la inmunidad, que persigue preservar el buen funcionamiento de la institución y la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones.



Condenado el expresidente del Govern balear por el ‘caso Over’

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado una sentencia en la que condena al expresidente del Govern balear J.M. por un delito continuado de prevaricación a la pena de 4 años y 3 meses de inhabilitación por el ‘caso Over’; por el delito de fraude a la administración a la pena de 1 año de prisión y 4 años de inhabilitación; y por el delito de malversación de caudales públicos a la pena de 1 año y 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación. El tribunal considera que concurren las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. En la sentencia la Sala acuerda la sustitución de la pena de 1 año de prisión por multa de 24 meses a razón de 10 euros al día y la pena de 1 año y 6 meses de prisión por multa de 36 meses a razón de 10 euros al día.

El tribunal condena al empresario D.H.M. por un delito de continuado de prevaricación a la pena de 1 año y 9 meses de inhabilitación; y por un delito continuado de fraude a la administración a la pena de 3 meses de prisión y 6 meses de inhabilitación. La Sala acuerda en la sentencia que por conformidad de las partes se proceda a sustituir la pena de 3 meses de prisión por la de 6 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros. Por otra parte, por el delito de malversación se le condena a 1 año de prisión y 2 años y 6 meses de inhabilitación. También por conformidad entre las partes se les sustituye la pena de prisión por la de 24 meses de multa con una cuota de 6 euros al día. La Sala apunta que concurren las atenuantes de no ser funcionario público y de reparación del daño.

A E.P. la condenan por un delito continuado de prevaricación a la pena de 6 años de inhabilitación especial; por el delito de fraude a la administración a la pena de 7 meses de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de 5 años. Por conformidad entre las partes se le sustituye la pena de prisión por la de 14 meses de multa con una cuota de 8 euros al día. Concurren las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.
El tribunal absuelve a M.L.M.O. de los delitos que venía siendo acusada.

La sentencia condena a M.L.D.S. como autora de un delito de prevaricación con la atenuante de dilaciones indebidas a la pena de 7 años de inhabilitación y le absuelve del delito de fraude y de negociaciones prohibidas. Concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

La Sala condena al exsecretario general del PP J.M.R. como autor de un delito de prevariación a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante 9 años. En cambio, el tribunal le absuelve del delito de prevariación y fraude del que venía siendo acusado.

 



Un juzgado de lo Social de Barcelona obliga a una empresa se reparto de comida a domicilio a readmitir a un grupo de trabajadores

El juzgado Social nº 31 de Barcelona ha dictado una sentencia en la que estima la demanda interpuesta por diez trabajadores de una empresa de reparto de comidas a domicilio y declara la nulidad de sus despidos y la vulneración de derechos fundamentales en la extinción de sus contratos.

Por este motivo condena la empresa demandada a readmitir a los trabajadores y abonarlos los salarios dejados de percibir desde su despido.



El tribunal de la causa del ‘Procés’ deniega a Oriol Junqueras el permiso extraordinario para adquirir la condición de eurodiputado

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha enjuiciado la causa especial 20907/2017, seguida por delitos de rebelión, sedición y otros, ha rechazado este viernes conceder un permiso extraordinario de salida de prisión al exvicepresidente del Govern de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras para asistir el próximo lunes 17 a las 12:00 horas a la Junta Electoral Central con el fin de jurar o prometer su cargo de eurodiputado, tras ser elegido en las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo.

La condición de miembro del Parlamento Europeo –indica el tribunal- se produce en dos fases: la primera se desarrolla en la Junta Electoral Central, con el acatamiento de la Constitución y la remisión de la lista de los electos proclamados, y la segunda, ya en la sede del Parlamento Europeo, integrada por la manifestación por escrito sobre las incompatibilidades y por la toma de posesión en la sesión constitutiva el próximo 2 de julio.

Por ello, añade que la autorización para comparecer ante la Junta Electoral Central supondría la puesta en marcha de un trámite que culminaría con un doble efecto: “de una parte, si lo que se pretende es dar prioridad a la condición de parlamentario europeo, la necesidad de renunciar a la condición, ya adquirida, de miembro de las Cortes Generales españolas; de otra, el obligado traslado del Sr. Junqueras a Bruselas- sede del Parlamento Europeo- para la toma de posesión de ese órgano parlamentario”.

Ese desplazamiento de Junqueras a Bruselas pondría, según el tribunal, “en un irreversible peligro los fines del proceso. Implicaría de entrada, la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español”. Bruselas, además, es el lugar en el que uno de los procesados en rebeldía “dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría. Y así lo publicita en la web y en todos los encuentros personales que mantiene con líderes políticos”, subraya la Sala.

La situación planteada ahora –según los magistrados- es distinta a la que se produjo el pasado 21 de mayo cuando el tribunal permitió a Oriol Junqueras y a otros cuatro procesados presos acudir al Congreso de los Diputados y al Senado – en el caso de Raül Romeva- para que pudieran tomar posesión de sus escaños. Así, recuerda que Junqueras ya ha consolidado la condición de miembro del Congreso de los Diputados y que el tribunal ha adoptado las resoluciones necesarias para hacer posible la titularidad de su derecho a formar parte de la cámara legislativa, con las restricciones propias de su situación de privación de libertad.

Uno de los elementos que valoran en este caso es el estado actual del proceso, con el juicio ya concluido y con la deliberación en su fase inicial. Precisamente por ello, resaltan que “el deber de esta Sala de asegurar los fines del proceso adquiere un significado especial, que condiciona la respuesta a cualquier solicitud que pueda deducirse”.

No es pérdida irreversible de su derecho de participación, sino un temporal aplazamiento

Después de ponderar los derechos que convergen y de la voluntad de no sacrificar ninguno de los intereses, el tribunal explica que la decisión de rechazar el permiso “no implica una pérdida irreversible del derecho de participación del solicitante”, sino que sólo supone “su temporal aplazamiento hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria”. La Sala ha constatado que ni el Reglamento del Parlamento Europeo ni la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, asocian a la imposibilidad de recogida del acta y de asistencia a la sesión constitutiva a celebrar en Bruselas, “un efecto extintivo de la titularidad del derecho”.

La Sala concluye que esa limitación temporal del derecho de participación del Sr. Junqueras está condicionada al pronto desenlace de la causa del procés y que se tiene que entender como una limitación necesaria para preservar otro fin constitucionalmente legítimo y propio de una sociedad democrática, el aseguramiento de los fines del proceso penal, “cuya realidad quedaría irreversiblemente menoscabada si la Sala autorizara la presencia del Sr. Junqueras en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, conduce a denegar la solicitud interesada”.



La Audiencia de Teruel absuelve a un hombre de la acusación de abuso sexual por haber prescrito el delito

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Teruel han absuelto, con todos los pronunciamientos favorables, a un hombre acusado de un delito de abuso sexual y declaran extinguida su responsabilidad penal por prescripción del delito.

Los hechos, de los que el hombre ha sido acusado, ocurrieron en 2005 cuando la pareja (el acusado y la madre de la denunciante) convivía con la entonces menor de edad en el domicilio familiar. La niña padecía miedos nocturnos por lo que ocasionalmente se metía en la cama de la pareja a dormir con ellos colocándose entre ambos. Una noche, creyendo que se trataba de su mujer, el hombre se giró y realizó tocamientos a la menor pero al darse cuenta de que no era su mujer “se sorprendió y ceso en su acción”, versión de lo ocurrido que la denunciante corroboró ante el tribunal en el acto del juicio, según expresa la sentencia dictada.

Durante la vista oral la denunciante declaró también que al día siguiente los tres hablaron de lo ocurrido, y constatan los juzgadores que a partir de ese momento “la convivencia de la familia se sucede sin que dicho incidente, -un incidente aislado- ocurrido en el año 2005 haya influido en la convivencia de la familia hasta que “S” decide denunciar en octubre de 2016”.

El tribunal, en una minuciosa sentencia, fundamenta jurídicamente su decisión en cuatro argumentos El primero, que los hechos que se declaran probados no son constitutivos de delito ya que no existe delito cuando el sujeto comete una acción con el convencimiento de estar obrando lícitamente, errando en la persona, y sin conciencia ni voluntad de realizar la conducta delictiva. El segundo, que los actos que se declaran probados no son punibles (según el artículo 5 del Código Penal) ya que el acusado no actuó de forma dolosa (intencionada) y “No hay pena sin dolo o culpa”.

El tercero, que tanto las declaraciones de la denunciante, en el momento de los hechos menor de edad, como las de la madre se revelan empañadas por la interpretación de lo sucedido y son “manifiestamente insuficientes” como para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado y atribuirle una responsabilidad penal y expresan los magistrados que existen dudas razonables que imposibilitan un pronunciamiento de condena.

Y en cuarto lugar, argumentan también que los hechos, objeto de acusación de haber sido delictivos, estarían prescritos ya que han sido denunciados once años después de haber ocurrido y cuatro años después de que la víctima fuera mayor de edad, cuando el tiempo de prescripción el delito, según el Código Penal en vigor en la fecha en que ocurrieron los hechos, era de tres años, por lo que en consecuencia se habría producido la extinción de la responsabilidad criminal.



El TSJ de Galicia obliga al Sergas a indemnizar a una paciente a la que le quedó una mano inútil tras una operación en A Coruña

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de primera instancia que condena al Sergas a indemnizar con 90.000 euros a una paciente del servicio de cirugía plástica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) a la que le quedó la mano derecha en garra, inutilizada e irreversible, después de someterse a una cirugía de destechamiento del túnel carpiano y a nueve intervenciones quirúrgicas posteriores. La herida comenzó a supurar a los pocos días de la primera operación, realizada en febrero de 2013.

“No puede calificarse sino de resultado inusualmente grave y desproporcionado el producido tras la intervención, en cuyo supuesto la jurisprudencia hace responder a la Administración porque se trata de un efecto dañoso que normalmente no se produce más que cuando media una conducta negligente, salvo que se acredite que la causa ha estado fuera de la esfera de actuación de los servicios sanitarios o se debe a una causa de fuerza mayor, lo cual no han logrado las demandadas”, indican los magistrados en la sentencia.

El TSXG señala que, si el resultado dañoso es “anormal o inusualmente grave en relación con los riesgos que comporta la intervención”, como sucede en este caso, “se presume que la Administración sanitaria no se ha acomodado a los estándares de actuación exigibles o no ha puesto a disposición del paciente los medios y conocimientos de la ciencia y de la técnica”. La doctrina del daño desproporcionado, según destacan los magistrados, no se aplica cuando el resultado se presenta como una opción posible, cuando constituye un riesgo propio de la intervención en un porcentaje considerable y cuando existe actividad probatoria que llega a convencer al órgano judicial respecto a cómo se ha producido ese resultado.

“En el caso presente resulta incuestionable que se ha producido un resultado desproporcionado en el tratamiento de una cirugía tan simple -en palabras del cirujano plástico-, pues ha quedado inutilizada la mano derecha de la paciente para cualquier tipo de actividad, aparte del perjuicio estético, moral, laboral, familiar y de ocio que le ocasiona, además de una patología psiquiátrica asociada”, subraya el tribunal.

El TSXG indica que la Administración “no ha sido capaz de ofrecer una explicación científica razonable” sobre las causas, si bien asegura que “la más probable” fue una infección de la herida. Sobre el consentimiento informado firmado por la paciente al que hace referencia el Sergas, el tribunal recuerda que determina que asume los “riesgos habituales” de la asistencia médica. “Sin embargo, una apreciación racional de las cosas no permite erigir el consentimiento prestado en excusa incondicionada ante cualquier evento adverso”, advierten los jueces.



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