Noticias de España

La CNMV publica su informe anual de 2018



La Iglesia, frente al drama de la trata

El Ministerio del Interior publica cada año los datos relativos a la trata de seres humanos en España. Y su último informe no ha podido ser más demoledor: existen en nuestro país 10.111 personas abocadas a la prostitución, así como más de 12 mil forzadas laboralmente. La mayoría de ellas son mujeres, y llegaron a España escapando de situaciones límite o engañadas por las mafias. Acciones que reeditan en nuestros días prácticas esclavistas que creíamos ya superadas.

Son miles de historias con un final más que incierto, testimonios del lado más degradante de la condición humana. Relatos casi anónimos abocados al drama, si no fuera por el ejemplo y la dedicación de instituciones y personas que hacen suyo el sufrimiento de estas mujeres. Ahí también está la Iglesia. El Centro Al Alba de las religiosas Oblatas, el hogar Villa Teresita o el proyecto ONNA Adoratrices son algunas de las iniciativas surgidas los últimos años en el seno de la Iglesia en Sevilla para salir al paso de unas vidas marcadas por el maltrato.

La casa de acogida de ONNA cuenta con doce plazas en las que se atiende a mujeres procedentes en su mayoría del continente africano (Nigeria o Costa de Marfil), así como de América (Venezuela y Paraguay). La permanencia en este hogar no tiene límite temporal; en la actualidad oscila entre uno y dos años, y depende del grado de formación de la mujer y de sus posibilidades de inserción laboral. Algo que se consigue con la participación en foros de sensibilización social, la recuperación de la autoestima y la confianza de la persona atendida, así como su preparación de cara a la búsqueda de un empleo digno. Unas tareas que ocupan buena parte del tiempo de las ocho personas tres de ellas miembros de la congregación de las Religiosas Adoratrices- que hacen posible esta respuesta eclesial al drama de la trata de mujeres.

“Es posible salir del túnel. Realmente hay salida”. Es el mensaje que las Adoratrices han grabado en el frontispicio de un proyecto implicado de lleno en las problemáticas de unas mujeres, “supervivientes natas”, que gracias a la Iglesia consiguen mirar al futuro con esperanza.

Fuentes:

> Periódico Xtantos
Programa ONNA Adoratrices
info@onnadoratrices.org
www.onnadoratrices.org

Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España de 2017

 

La entrada La Iglesia, frente al drama de la trata ha sido publicado en Conferencia Episcopal Española.



Los jueces de Alicante eligen a César Martínez Díaz como nuevo decano

Los jueces de la ciudad de Alicante, reunidos hoy en junta general, han elegido a César Martínez Díaz como nuevo decano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha obtenido 23 de los 42 votos emitidos en segunda vuelta, de entre un censo compuesto por medio centenar de jueces con derecho a voto.

César Martínez sustituirá en el cargo al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante, Salvador Bellmont Lorente, que optaba a la reelección y ha obtenido 19 sufragios.



El Tribunal Supremo anula dos condenas por yihadismo porque el tribunal no motivó la protección máxima otorgada al testigo de cargo en el juicio

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de 3 de diciembre de 2018, que confirmó sendas condenas de 17 años de cárcel a dos hombres residentes en Ceuta por delitos de participación activa en organización terrorista y depósito de armas de guerra.

El alto tribunal declara la nulidad de actuaciones a partir del auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que estableció, sin la motivación exigible según el Supremo, la protección máxima al testigo de cargo del juicio, que declaró en la vista mediante videoconferencia, sin ser visualizado y con la voz distorsionada, manteniendo el anonimato de su identidad para las defensas. Ahora, una sección distinta a la que enjuició el caso deberá retomar la causa, empezando por dictar un nuevo auto sobre la protección del testigo que cumpla con las exigencias de motivación de una medida de ese tipo.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 17 años de cárcel a los dos acusados, Abdeliliah C.B.A., e Icham A.M. al considerar que formaban parte de un grupo salafista radical en Ceuta y vincularles con un depósito de armas que fueron descubiertas enterradas cerca de una cochera propiedad del tío de uno de los detenidos. La sentencia de la Sección Tercera fue confirmada en diciembre de 2018 por la Sala de Apelación de la Audiencia.

Los dos acusados recurrieron al Supremo, entre otros motivos, por vulneración de derechos constitucionales, como el de defensa, al considerar producidas sus condenas con apoyo exclusivo en la declaración de un testigo protegido cuya identidad ha permanecido oculta para las defensas.

El alto tribunal explica en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo de Porres, que la declaración del testigo protegido y anónimo es válida en la fase de instrucción, y también puede serlo en el juicio, siempre que se establezca mediante resolución que cuente con la motivación suficiente. Además, puede ser valorada como prueba de cargo, siempre que los déficits de defensa producidos por el anonimato se compensen con medidas alternativas que permitan combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo, y que su testimonio de cargo se acompañe con otras pruebas y no recaiga sobre el mismo todo el peso probatorio.

En el caso revisado, el testigo declaró en el juicio sin que se comunicase su identidad no sólo a los acusados sino tampoco a sus abogados. Y lo hizo sin ser visualizado y con distorsión de su voz. “La protección, por tanto, ha sido máxima y la limitación del derecho de defensa también”, indica el alto tribunal.

En el auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 28 de febrero de 2018, se justificó la decisión porque a la declaración del testigo protegido “han seguido toda una serie de investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han dado un determinado resultado de carácter delictivo, hallando por ejemplo una gran cantidad de armas”. También se motivó en que la declaración del testigo no es la única prueba “pues hay otras pruebas de cargo que justifican y corroboran tal denuncia”.

Auto sin motivación exigible

Para el Supremo, “esta motivación de la sentencia no cumple con el estándar exigible. De un lado, la argumentación del auto no se corresponde exactamente con la realidad. La Guardia Civil no realizó ‘una serie de investigaciones’ posteriores a la declaración del testigo protegido que concluyeran en un resultado delictivo porque los propios agentes han indicado que no realizaron una investigación posterior, a salvo de las diligencias complementarias a los hallazgos de las armas, todas ellas de resultado negativo, salvo los registros domiciliarios”.

Además, el TS subraya que “al margen de la declaración del testigo protegido hay muy pocas pruebas. En este sentido es discutible si el hallazgo de las armas es una prueba autónoma de la propia declaración del testigo, por lo que el único elemento probatorio adicional es el material incautado en los domicilios. El resto de indagaciones (ADN, huellas) han resultado negativas”.

La Sala subraya que el auto no hace ninguna referencia “a la situación de riesgo del testigo. No se ha ponderado la extraordinaria gravedad de las penas solicitadas y se ha minusvalorado la limitación del derecho de defensa afirmando que es irrelevante. No se ha ponderado si era esencial conocer la identidad para cuestionar la credibilidad del testimonio ante la ausencia o debilidad de las restantes pruebas de cargo y ni se han analizado otras posibles medidas alternativas, ni se han explicitado qué tipo de medidas compensatorias se iban a adoptar para suplir el déficit de contradicción procesal“, concluyen los magistrados, declarando nulo todo lo actuado desde el dictado del auto de 28 de febrero de 2018.

 



Ruta en bicicleta y descenso del Sella, primer multiaventura en el Programa de Ocio y Tiempo Libre
En la actividad participó un grupo de 16 personas, pertenecientes a tres asociaciones miembro de Saúde Mental FEAFES Galicia. Las visitas al acuario de Gijón y a la ciudad de Avilés completaron el programa de actividades, previsto para una semana de vacaciones.

Advertencia al público de la CNMV de entidades no registradas



El Tribunal Supremo reconoce a los deportistas “de élite” el derecho a indemnización por finalizar su contrato

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que refuerza y aclara su doctrina, fijada en sentencia de 26 de marzo de 2014, sobre el pago de una indemnización por finalización de contrato laboral a los deportistas profesionales.

En una sentencia de Pleno, la Sala ha establecido que los futbolistas profesionales, sean o no considerados de élite, tienen derecho a cobrar la indemnización legalmente prevista en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores cuando acabe su contrato temporal al cumplirse el tiempo pactado (doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación).

El tribunal concluye que la aplicación de dicho artículo a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del Real Decreto 1006/1985 “no puede depender de su mayor o menor nivel retributivo”. Añade que se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término “con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio V. Sempere, señala que la toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial, cuando se afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador.

Sin embargo, subraya que “cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las relaciones laborales de carácter especial”.

La Sala da la razón al futbolista Sergio Mora Sánchez que reclamaba el pago de una indemnización de 34.576 euros por fin de contrato a la Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D., donde había jugado seis temporadas (desde 2009/2010 hasta 2014/2015) en Segunda División A. Al finalizar su relación laboral con este club, fue contratado por el Deportivo Alavés.

El juzgado de lo Social número 4 de Madrid rechazó la demanda del futbolista por entender que había tenido una carrera profesional exitosa y que la indemnización procedía en el caso de los deportistas con “resultados humildes” pero no en los “de élite”. En este caso, valoró que, aunque no pertenecía al reducido grupo de jugadores que cobran sueldos millonarios, sí se encontraba en mejor situación que otros futbolistas que juegan en Segunda División B o divisiones inferiores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el fallo de primera instancia.

El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida y asegura que “el contrato laboral que vinculaba al futbolista y a su Club ha finalizado por expiración del tiempo convenido (art. 13.b RD 1006); la regulación laboral común es supletoria de la especial para este contrato (art. 21 RD 1006/1985); el Estatuto de los Trabajadores contempla una indemnización por finalización de contrato temporal (art. 49.1.c ET), existen poderosas razones para extender al ámbito de los deportistas con contrato temporal las mismas condiciones que las disfrutadas por las personas con contratos de régimen común; el nivel retributivo no aparece en norma alguna como modulador de los derechos frente a la empresa”. En consecuencia –concluye la Sala- “cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET”.

La sentencia incluye un voto particular, firmado por el magistrado Miguel Ángel Luelmo Millán, en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría y en el que defiende que debía desestimarse el recurso del futbolista, de acuerdo con el Ministerio Fiscal.



El juez envía a prisión a un investigado que quedó en libertad en mayo por haber vuelto a perpetrar otro robo en Pamplona

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona revocó el pasado viernes la libertad provisional decretada para un investigado el 11 mayo y ordenó su ingreso en prisión tras haber perpetrado quince días después un nuevo robo en un local de Pamplona fuera de las horas de apertura.

El 11 de mayo, el magistrado dejó en libertad a cuatro detenidos por su supuesta participación en cuatro robos en establecimientos comerciales cometidos en las últimas semanas en Pamplona a condición de que no volvieran a delinquir, de comparencias semanales en el juzgado, así como de que en el plazo de quince días acreditaran su participación en programas socioeducativos; demostraran semanalmente, mediante la aportación del correspondiente análisis, que han dejado de consumir sustancias estupefacientes; y mantuvieran su asistencia a programas de deshabituación.

Respecto al investigado A. G. J., el juez exponía entonces que contaba con indicios racionales de su participación en la comisión de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público, fuera de las horas de apertura, castigado cada uno de ellos con pena de uno a cinco años de prisión, “y ello a la vista de las diligencias de investigación policial que se reflejan en el atestado, en donde se han obtenido imágenes y huellas dactilares de éste en el lugar de los hechos, lo que junto con el resto de los datos que se contienen en el atestado policial supone un indicio suficiente de su participación en dichos delitos”.

Un mes después, el pasado 14 de junio, el investigado compareció de nuevo ante el juez como supuesto autor de un robo ocurrido el 25 de mayo. El fiscal solicitó el ingreso en prisión, mientras que la defensa se opuso.

En el auto, que puede ser recurrido, el juez asegura que existen “indicios contundentes” de que el encausado, a pesar de las advertencias realizadas hacía un mes, “volvió a cometer un nuevo delito de robo con fuerza escasamente dos semanas después de quedar en libertad”.

En concreto, el juez se refiere a una huella palmar del investigado hallada por la policía en la puerta del establecimiento.

“La comisión de un nuevo delito quince días después de quedar en libertad provisional evidencia, sin ningún género de dudas, que la comisión de delitos contra el patrimonio es el modo de vida habitual de este investigado y pone de manifiesto el clarísimo riesgo de reiteración delictiva que existe en caso de que continúe en libertad provisional”, abunda el magistrado.

Este es el segundo de los cuatro investigados que incumple las condiciones establecidas por el juez el 11 de mayo para seguir en libertad. Al día siguiente, el imputado I. S. B., a quien el magistrado había dejado en libertad con, entre otras medidas cautelares, la obligación de presentarse en el juzgado todos los miércoles, viernes y domingos, infringió la imposición y no se presentó en el juzgado, por lo que el 13 de mayo ingreso en prisión.



Grande-Marlaska asegura que la Operación Paso del Estrecho es un ejemplo mundial de “buena coordinación” entre administraciones y países


El juez levanta parcialmente el secreto de actuaciones en el caso de los amaños de partidos

En un auto dictado el pasado viernes, el juez de instrucción nº 5 de Huesca, encargado de la investigación judicial del denominado caso OIKOS ha decretado el levantamiento parcial del secreto de sumario.

El juez ha decretado su levantamiento 17 días después de que lo decretara al considerar que ya “se han realizado las actuaciones mínimas indispensables” para garantizar que la investigación judicial no se vea entorpecida o frustrada.

El levantamiento parcial del secreto de sumario afecta a una parte de los autos principales y a la pieza de prueba tecnológica (la relacionada con las escuchas entre otras cuestiones) pero el instructor mantiene el secreto para otra parte de los autos principales (folios del 233 al 261) sacados provisionalmente del expediente para ser incorporados a una pieza separada (la nº 12) así como para dos providencias dictadas el 8 de abril y el 14 de junio de este año. Sobre la parte que sigue bajo secreto de sumario, el juez ha determinado que éste continúe por espacio de un mes prorrogable.



España rubrica su participación en el programa europeo que desarrolla el caza del futuro


Félix Azón: “La Guardia Civil continúa actualizándose en mentalidad, en corazón y en estructuras para adaptarse y, en lo posible, anticiparse a los retos de esta nueva sociedad”
Los 174 alumnos que finalizan hoy su formación académica forman parte de la promoción más numerosa de los últimos años. De estos, 61 son mujeres lo que supone un 35%.

Félix Azón: “La Guardia Civil continúa actualizándose en mentalidad, en corazón y en estructuras para adaptarse y, en lo posible, anticiparse a los retos de esta nueva sociedad”


La Policía Nacional localiza a un recién nacido de una víctima de trata dado en adopción ilegalmente


La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al tráfico de hachís con destino a Cantabria, Francia e Italia


La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la sustracción de vehículos todoterreno de lujo


La Policía Nacional incauta numerosas armas de fuego y un depósito de municiones


Las denuncias por violencia de género aumentaron en la Comunidad Valenciana un 4,9 por ciento en el primer trimestre del año

La Comunidad Valenciana registró 5.626 denuncias por violencia de género durante el primer trimestre de 2019, un 4,9 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año. El número de víctimas también se incrementó, en concreto un 4,4 por ciento, al pasar de 5.150 a 5.376.

Los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos hoy reflejan en estos tres primeros meses un total de 38.619 víctimas en el conjunto de España, lo que supone un incremento interanual del 2,1 por ciento, y 40.319 denuncias, un 1,9 por ciento más que las presentadas entre enero y marzo de 2018.

La Comunidad Valenciana presenta una ratio de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres de 21,19, un 3,6 por ciento superior a la que tenía un año antes y que es la segunda más alta de todas las autonomías tras Baleares (23,21), frente a una media nacional que se sitúa en 16,11.
Del total de 5.376 perjudicadas contabilizadas en los juzgados valencianos en el primer trimestre del año, un 64,2 por ciento (3.451) era de nacionalidad española y el 35,8 por ciento (1.925) extranjera.

En 530 casos esas víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigos en los procesos judiciales, un 25,1 por ciento menos que en los tres primeros meses de 2018, cuando renunciaron a ello 708.
Entre enero y marzo de este año fueron solicitadas 1.287 órdenes de protección, un 15,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2018 (1.113). Los juzgados de la Comunidad Valenciana con competencias en violencia sobre la mujer únicamente inadmitieron 5 de esas solicitudes y denegaron 152, un 19,6 por ciento menos que en el primer trimestre del pasado año. En cambio, adoptaron 1.130 de esas órdenes, un 23,4 por ciento más que las 916 adoptadas en 2018.

Estos juzgados enjuiciaron a 801 personas y acabaron condenando al 90 por ciento de ellas, un 6,8 por ciento más que entre enero y marzo de 2018. En esa línea, dictaron un 17,5 por ciento más de sentencias condenatorias y un 29,8 por ciento menos de absolutorias, al tiempo que archivaron provisionalmente 1.375 asuntos, un 19,2 por ciento menos que en el primer trimestre del pasado año.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias en el conjunto de España, “nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia, ha señalado.

Para Carmona, “no es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio”.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. “Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal”, asegura.

* Todos los datos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Las denuncias por violencia de género en Madrid aumentan un 0,6 % en el primer trimestre de 2019

Un total de 6.204 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 6.472 denuncias presentadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 0,6 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 6.431. Asimismo se incrementó en un 3,2 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 6.009. Un 74,4 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales.

En el primer trimestre de 2019, de número total de víctimas, 3.400 mujeres fueron españolas (un 54,8 por ciento) y 2.804, extranjeras (un 45,2 por ciento), datos que implican un aumento de 6,7 puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en Madrid.

Una ratio superior a la media estatal

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la región, con 17,85, se sitúa por encima de la media nacional, que fue de 16,11. En el ámbito estatal destacan las comunidades de Baleares, con una ratio de 23,21, Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16; mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.

Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar

En 839 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes de órdenes de protección

Un total de 1.405 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer madrileños, lo que supone un incremento del 0,4 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 1.400 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 53 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (738 adoptadas frente a 1.405 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mismo trimestre de 2018 fueron 798 las adoptadas y 596 las denegadas.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (157), se acordaron 106. Y en cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 89 eran españolas y 67 extranjeras.

Se mantiene el número de condenas a maltratadores

Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales madrileños dictaron 219 sentencias penales condenatorias, lo que supone un 73 por ciento del total de las resoluciones de esta naturaleza. Este porcentaje representa un descenso interanual de 2,7 puntos.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados que tramitan de manera exclusiva los procedimientos de esta naturaleza en Madrid ingresaron a lo largo del trimestre de este estudio 8.555 asuntos.

• Juzgados de lo penal

Los juzgados de lo penal de la región, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron por su parte un total de 1.384 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 1.399.

Estos juzgados dictaron 1.286 sentencias, de las que 706 fueron condenatorias, 341 de ellas previa conformidad.

• Audiencia Provincial

En la Audiencia Provincial de Madrid, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer (la 26ª y la 27ª) enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 7 sentencias, 6 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 85,7 por ciento.

• Juzgados de menores

Por último, los juzgados de menores en la comunidad enjuiciaron en el primer trimestre del año a 4 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer, tres de los cuales eran españoles. Estos datos son idénticos a los que se dieron en el mismo trimestre de 2018.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.

También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68 por ciento de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.

Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.

No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Aumentan un 14,8 % las denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año

Las denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha en el primer trimestre de 2019 aumentaron 14,8 por ciento con respecto al año anterior. Se registraron 1.464 denuncias frente a 1.279 del mismo periodo de 2019.

Es uno de los datos que recoge la estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Del total de denuncias por violencia de género presentadas (1.464), 20 fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en 1.260. 57 denuncias fueron presentadas por familiares, 119 fueron derivadas de partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y 8 a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

En el conjunto de ese número de denuncias, un total de 1.394 mujeres en Castilla-La Mancha aparecen como víctimas de violencia de género, 940 españolas y 454 extranjeras. Comparando el dato con el mismo periodo del año anterior, refleja un aumento del 12,6 %.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 13,73 en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional situada en 16,11.

Los asuntos penales de violencia de género registrados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, aumentaron un 7,8 % respecto al primer trimestre del año anterior. Ingresaron 1.706 nuevos asuntos frente a 1.582 en 2018.

Número de víctimas que se acogió a la dispensa para no declarar

En el primer trimestre del año, en 88 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa legal de la obligación de declarar como testigo prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cifra superior, en un 3,5 %, al mismo periodo del año anterior, cuando 85 víctimas se acogieron a esta dispensa.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Solicitudes y concesiones de órdenes de protección

Durante el primer trimestre de 2019 se incoaron en Castilla-La Mancha 437 órdenes de protección. Del total de las 437 órdenes de protección incoadas, se adoptaron 305, lo que supone el 70%.

Hombres enjuiciados y condenas

211 hombres fueron enjuiciados por violencia de género en Castilla-La Mancha en los meses de enero a marzo de 2019, con el resultado de 180 condenas, lo que supone el 85,3 % de condenas entre los enjuiciados.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Baleares sigue siendo el territorio con más víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres

Un total de 1.338 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 1.202 denuncias presentadas en los órganos judiciales de Baleares durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del CGPJ. 

Las denuncias presentadas en las Islas suponen un incremento del 2,7 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 1.170. Asimismo se incrementó en un 8,5 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 1.233. En el primer trimestre de 2019, de las víctimas en Baleares, 783 mujeres eran españolas y 555, extranjeras (un 41,5%).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Baleares destaca por encima de la media nacional, que fue de 16,11, con una ratio de 23,21. Al archipiélago balear le sigue la Comunitat Valenciana, con ratio de 21,19, Canarias, con ratio de 20,74 y la Región de Murcia, con una ratio de 19,16 mientras que la proporción más baja se dio en Castilla y León, con un 10,08 seguida de Extremadura, con 10,67 y Galicia, con una ratio de 10,86.

Desciende el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar en las Islas

En Baleares en 102 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso del 15 por ciento menos respecto al año anterior que fueron un total de 120.

En 72 de los casos casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 30 casos, eran extranjeras.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más órdenes de protección incoadas en el archipiélago balear

Un total de 251 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Balears, lo que supone un incremento del 30,7 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 192 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer de las Islas concedieron un total de 204 órdenes de protección solicitadas previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 23,6 por ciento más que el año anterior. Por el contrario, se denegaron 47, un 74,1% más que durante el primer trimestre del año 2018.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



En el primer trimestre del año aumentaron en un 3,2 por ciento las víctimas de violencia de género

Un total de 575 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 603 denuncias presentadas en los órganos judiciales extremeños durante el primer trimestre de 2019, según los datos proporcionados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Las denuncias presentadas suponen un descenso del 1,1 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 610. Asimismo se incrementó en un 3,2 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género pasando de las 557 del primer trimestre de 2018 a las 575 de este año en el mismo periodo.

En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 522 mujeres eran españolas y el resto, 53, extranjeras.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Extremadura se sitúa en el 10,7 por ciento, por debajo de la media nacional, que fue de 16,11.

En 23 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso del 11,5 por ciento, con respecto al año anterior.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 203 órdenes de protección y medidas de protección y seguridad en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia), incrementándose así la cifra de 180 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados se adoptaron 150, lo que supone un incremento del 3,4 por ciento y se denegaron 53, con un incremento del 51,4 por ciento.

Asimismo durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales extremeños dictaron un total de 105 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que 100 fueron condenatorias, con un incremento del 22 por ciento, y el resto, 5, absolutorias, lo que supone un descenso del 16 por ciento con respecto al primer trimestre del año anterior.

Con respecto a las personas enjuiciadas en los tres primeros meses del año han sido un total de 105, lo que supone un aumento del 18 por ciento, de los cuales 94 han sido españoles y 6 extranjeros.

El Informe también recoge que los Juzgados de Menores, por su parte, en este periodo ha enjuiciado y condenado en este periodo a dos menores de edad, mientras que en 2018 no hubo ninguna condena a menores.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Canarias: suben un 47% las mujeres que rechazan declarar contra su presunto agresor

Un total de 342 mujeres denunciantes de presuntos casos de violencia machista en los juzgados de las islas se acogieron en el primer trimestre de 2019 a la dispensa de testificar contra sus presuntos agresores, según datos oficiales difundidos hoy lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

La cifra implica que el número de mujeres residentes en las Islas que en el pasado invierno rechazó declarar contra su presunto agresor (pareja o expareja), cuando ya el supuesto caso de violencia estaba en manos de los juzgados, ha aumentado un 46,8% en la comparativa con los tres primeros meses de 2018, en los que fueron 233 las féminas que ejercieron su derecho a la dispensa.

La analítica elaborada por los servicios estadísticos judiciales evidencia que entre enero y marzo de 2019 se presentaron en Canarias un total de 2.246 denuncias aludiendo a supuestos casos de violencia de género, un 6,9% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se computaron 2.101 casos.

Comparando los datos canarios con los nacionales, las denuncias en las islas crecieron cinco más que la cifra nacional: 40.319 denuncias, un 1,9% más que en el invierno de 2018.

El informe detalla que durante el primer trimestre del presente año fueron juzgados en Canarias por violencia sobre la mujer 614 varones (un 11% menos que en el mismo periodo de 2018), de los cuales 535, el 87%, fueron condenados, y 79, el 13%, absueltos.

En el periodo analizado se incoaron en las islas 713 procedimientos para dictar órdenes de protección sobre mujeres supuestamente maltratadas, un 47,9% más que en el invierno anterior (487). Se inadmitieron 15 (un 114,3 más que en el primer trimestre de 20018), se adoptaron 344 (un 12% más) y se denegaron 355 (un 108% más).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 1.000 habitantes, Canarias registró entre enero y marzo del año pasado la tercera más alta de España: 20,74 casos por cada 10.000 mujeres, cifra sólo superada por la comunidad valenciana (21,19) y (Baleares (23,21), lo que confirma que la tendencia de los últimos años relativa a que los dos archipiélagos están siempre entre los territorios donde más se denuncian casos de violencia machista. La cifra canaria estuvo este invierno 4,64 puntos por encima de la media nacional, 16,11 casos por cadada 10.000 mujeres.

Datos nacionales

Lasa cifras del estudio relativas a todo el ámbito del Estado reflejan que un total de 38.619 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 40.319 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2019.

Las denuncias presentadas suponen un incremento del 1,9 por ciento con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 39.586. Asimismo se incrementó en un 2,1 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el primer trimestre de 2018 fue de 37.829.

En el primer trimestre de 2019, de las víctimas, 25.848 mujeres eran españolas (un 66,9 por ciento) y 12.771, extranjeras (un 33,1 por ciento), datos que implican un aumento de tres puntos en el porcentaje de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

Aumenta el número de denuncias presentadas por la propia víctima

Un 73,6 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un incremento de cinco puntos sobre el porcentaje observado en el primer trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 12,03 por ciento de los casos –dato inferior al año anterior- constatándose un descenso en las denuncias presentadas por familiares, que se situaron en un 1,73 por ciento del total, frente al 2,5 por ciento del primer trimestre de 2018. Más de un nueve por ciento de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y más de un tres por ciento a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

Desciende el número de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar en el Estado

En 3.759 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 9,73 por ciento del número de mujeres víctimas, cifra notablemente inferior al año anterior, que fue de un 11,18 por ciento.

En 2.421 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.338 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (10,48) que en las mujeres españolas (9,37).

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la Fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Más solicitudes de órdenes de protección

Durante el primer trimestre del año se solicitaron 10.922 órdenes de protección en los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la Mujer y juzgados de guardia), incrementándose así la cifra de 10.455 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 9.530 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone un incremento del 4,68 por ciento respecto al primer trimestre de 2018, en que se solicitaron 9.104 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,1 por ciento de las órdenes de protección solicitadas (6.395 adoptadas frente a 9.530 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un descenso de un punto y medio respecto al dato del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 68,7 por ciento de las órdenes de protección solicitadas.

De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.453 (un 67,7 %) correspondieron a mujeres españolas y 3.077, a extranjeras. 196 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, algo más de un 2% del total.

En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.392), se acordaron 1.047, un 75 por ciento. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, 7 de cada 10 víctimas que solicitaron orden de protección eran españolas. Un dos por ciento de las solicitudes se referían a mujeres menores de edad.

Incremento de las medidas judiciales civiles y penales de protección

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el primer trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.999 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así levemente la cifra de 3.984 medidas adoptadas el año anterior.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.073) y de prestación de alimentos (1.331). En 301 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 236 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 15.337, lo que supone un notable incremento respecto de las 14.881 acordadas en el primer trimestre de 2018. Entre las medidas acordadas, destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.704 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.003 casos. Se adoptaron asimismo 334 medidas privativas de libertad.

Se mantiene el número de condenas a maltratadores

Durante el primer trimestre de 2019, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.187 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,6 por ciento (9.043) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 68,5 por ciento del total.

Según los datos estadísticos dados a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 86,33 por ciento, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 82,52 por ciento, ambos porcentajes ligeramente superiores a los del primer trimestre de 2018. Un 57,33 por ciento de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

• Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el primer trimestre de este año un total de 1.887 juicios sobre delitos leves, de los que un 38 por ciento (717) fueron de enjuiciamiento inmediato. En un 77 por ciento de los casos los juicios fueron por injurias o vejaciones injustas.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre 51.568 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 50,6 por ciento, corresponde al delito de maltrato habitual contemplado en el artículo 153 del Código Penal y un 14,3 por ciento al maltrato previsto en el artículo 173 de la misma norma.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el primer trimestre de 2019 estas demandas sumaron un total de 5.639, cifra notablemente superior a la del mismo trimestre de 2018, que fue de 4.228, manteniendo en todo caso la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

• Juzgados de lo penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 8.330 asuntos, superando una vez más el número de asuntos que ingresaron, que fue de 7.701.

Estos juzgados dictaron 8.059 sentencias, de las que el 57,33 por ciento (4.620) fueron condenatorias, lo que indica un leve descenso respecto al año anterior.

• Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 103 sentencias, 85 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 82,52 por ciento, más de un punto por encima del mismo trimestre de 2018.

• Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el primer trimestre del año a 74 menores de edad por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 90,54 por ciento de los casos, afectando a 67 menores, de los que 56 eran españoles.

En este primer trimestre del año se ha detectado un repunte en el número de menores enjuiciados, 74, frente a los 59 menores del primer trimestre de 2018.

Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de manera muy positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género conocidas hoy: en primer término, el incremento de las medidas judiciales, especialmente las de carácter penal, tendentes a la protección de las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como menores.

También es destacable que se haya reducido notablemente el número de mujeres que decidió acogerse al derecho a no declarar. Las cifras de este primer trimestre de 2019, que bajan por primera vez en la historia del 10 por ciento de renuncias, nos sitúan en el camino acertado y por el que tanto viene luchando el Observatorio: animar a denunciar y acompañar a la víctima en el proceso de mantenimiento de la denuncia.

También es positiva la consolidación de la tendencia de incremento de la cifra de condenas a maltratadores, que nos vuelven a colocar en porcentajes superiores al 68 por ciento de las sentencias dictadas por los diferentes órganos judiciales.

Al constatar, por otra parte, el incremento de las denuncias (un 1,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2018), Ángeles Carmona pone el acento, por un lado, en la necesidad de seguir apostando por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas y vuelve a reclamar la mayor implicación de familiares y personas cercanas a las víctimas a la hora de la presentación de denuncias.

No es posible permanecer al margen ni buscar equidistancias cómplices. Necesitamos acabar con las cadenas de la violencia. Lo hacen cada año más del 70% de las mujeres que la padecen, cuando dan ese primer paso, difícil pero imprescindible, de romper el silencio.

Finalmente la presidenta del Observatorio quiere recordar a todas las entidades sociales e instituciones públicas la necesidad de perseverar en las líneas de trabajo marcadas por el Pacto de Estado de 2017. Se lo debemos a las mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista. Es el compromiso que hemos asumido para lograr una sociedad más justa y más libre, donde la igualdad sea su eje principal.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 



Aumenta un 38,4 % el número de denuncias presentadas por violencia de género en Galicia

Los juzgados gallegos recibieron en el primer trimestre del año 1.736 denuncias por violencia de género, un 38,4 % más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 1.254. La gran mayoría de las denuncias (1.390) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima. Sube también el número de mujeres que aparecen como víctimas, de 1.345 en los tres primeros meses del año pasado, a las 1.520 de este, lo que supone un aumento del 13 %.

Según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia prácticamente se mantuvieron los casos de víctimas que se acogen a la dispensa para no declarar. Si en los tres primeros meses de 2018 optaron por esta opción 76 mujeres, en el primer trimestre de este año lo hicieron 75, lo que supone el 4,3 % de las víctimas.

Galicia se situó como una de las comunidades con una de las tasas de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10 000 mujeres) más bajas del Estado, con 10,86 personas, frente a las 16,11 de media estatal. Durante el primer trimestre del año se solicitaron 433 órdenes de protección en los órganos judiciales de la comunidad, frente a las 459 de 2018, lo que supone un descenso del 5,7 %. De las 433 se adoptaron 261, el 60,28 por ciento.

El 82,32 % de las personas enjuiciadas en la comunidad gallega por delitos relacionados con violencia de género entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año fueron condenadas. Este dato sitúa a la comunidad por debajo de la media estatal, que es del 86,07 %.

Las conclusiones de estos datos estadísticos han de ser interpretadas teniendo en cuenta la huelga de funcionarios llevada a cabo entre febrero y mayo de 2018.

Los datos estadísticos están disponibles en la página http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/ 

 



Las denuncias por violencia de género aumentaron un 8% en el primer trimestre de 2019 en Navarra

Las denuncias por violencia de género aumentaron un 7,9% en el primer trimestre de este año en Navarra, según consta en el informe hecho público hoy por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género.

Este estudio recoge que en el primer trimestre de 2019 se presentaron 480 denuncias frente a las 445 del mismo periodo del año anterior. De igual forma, entre enero y marzo se produjo un incremento en el número de víctimas, ya que en 2019 se contabilizaron 483 frente a las 442 de los tres primeros meses del pasado año, lo que supone un ascenso del 9,3%.

El dossier constata que el índice de víctimas de violencia de género se elevó a 14,62, una tasa superior a la de hace un año, en el que se situó en 13,5 por cada mil mujeres.

Entre otros datos, el Observatorio refleja también un aumento del 15% del número de víctimas españolas —287 en 2019 frente a 245 en 2018—, mientras que el porcentaje entre las extranjeras se mantiene —196 frente a 197—.

Por otra parte, el estudio revela un significativo descenso del 56,9% del número de renuncias, esto es, de las mujeres que se acogieron a su derecho constitucional a no declarar contra sus cónyuges o exparejas. En el primer trimestre de este año hicieron uso de esta dispensa 31 denunciantes —18 españolas y 13 extranjeras— frente a las 72 —30 y 42— del mismo periodo del pasado año.

Asimismo, el informe contiene que, en los primeros tres meses, los juzgados de violencia sobre la mujer de Navarra incoaron 80 órdenes de protección y seguridad a las víctimas (104 en el mismo periodo de 2018), de las que adoptaron 63 y denegaron 17.

Por órganos judiciales, en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad foral en el primer trimestre de este año fueron enjuiciadas 44 personas (42 el año anterior), de las que fueron condenadas 42 —25 españolas y 17 extranjeras—, es decir, un 95,5%.

En total, en la fase de instrucción, entre enero y marzo de 2019 se incoaron en los juzgados de Violencia de Navarra 562 asuntos penales, frente a los 530 abiertos en 2018, esto es, un aumento del 6%.

En el primer trimestre de este año, por otra parte, 98 hombres fueron enjuiciados en Navarra en el Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona —órgano con competencia exclusiva para ver los procedimientos con penas de hasta 5 años de prisión— por delitos de violencia de género, de los que 81 —41 españoles y 40 extranjeros— fueron condenados.

Respecto a las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal número 5, entre enero y marzo de 2019, de las 81 resoluciones condenatorias, 59 fueron de conformidad y, tras la celebración de los juicios, 22 fueron condenatorias y 17 absolutorias (13%).

En la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, órgano que juzga en exclusiva los delitos de violencia de género con penas de más de 5 años de prisión y, además, resuelve los recursos interpuestos contra las sentencias del Juzgado de lo Penal nº 5, se dictaron 11 sentencias, todas ellas condenatorias, en primera instancia, así como 17 sentencias resolviendo recursos de apelación.



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